Caso Metílico: la mayor matanza de la historia de Galicia

Almacén de Rogelio Aguiar, principal responsable del alcohol adulterado

Si hacía falta alguna prueba más acerca del grado de corrupción que se vivía en la dictadura franquista quizás la más concluyente es sin lugar a dudas el escándalo que por el consumo de alcohol adulterado que se vivió en Galicia en la primera mitad de la década de los años sesenta del pasado siglo. El investigador de este suceso Fernando Méndez, así como el fiscal que investigó la causa, Fernando Seoane siempre han sostenido que a consecuencia del mismo fallecieron miles de personas, aunque en el recuento oficial de la época solamente consten tan solo medio centenar, repartidas, principalmente, entre Galicia y Canarias, los territorios más afectados por el consumo de alcohol que debía ir destinado al uso industrial.

En aquel entonces en Galicia se produjeron muchos decesos extraños, de forma repentina, hasta un total de 14, muchos de los cuales fueron achacados a meningitis y a otro tipo de dolencias y enfermedades. A todo ello se unieron los ancestrales prejuicios de una sociedad eminentemente rural, anquilosada en viejos ritos y creencias, a practicar las autopsias a sus fallecidos, unido al estigma social que causaba el consumo de bebidas alcohólicas. De hecho, la rigurosa y ortodoxa doctrina oficial de la época relacionaba estas muertes con enfermedades que eran más frecuentes en bebedores habituales. «Eso pasa por beber» era poco menos que el lema que se lanzaba desde instituciones y organismos oficiales que se desentendieron en todo momento del grave drama que vivían muchas familias gallegas y canarias de aquel tiempo.

La alarma saltó precisamente en el municipio canario de Haría, situado en el norte de la isla de Lanzarote, cuando repentinamente fallecieron varias personas en febrero de 1963, casi todos ellos pescadores, tras haber consumido algunas bebidas alcohólicas, principalmente licor café, que contenía el mortal tóxico que se le había añadido. Los síntomas más comunes eran un fuerte dolor abdominal, al que proseguían vómitos y ceguera, que, en la mayoría de las ocasiones, terminaba con la muerte de la víctima. La primera en percatarse de que algo extraño estaba pasando fue la farmacéutica titular del municipio Elisa Álvarez Obaya, quien también era la inspectora de sanidad, al poner el grito en el cielo al percatarse de que todos los fallecidos habían ingerido la misma bebida. Además, con unos medios muy rudimentarios, pudo determinar que el líquido que habían tomado contenía alcohol metílico, destinado a usos industriales. Su actitud, muy valiente en aquella época y es justo reconocerlo, le costaría muchas amenazas procedentes del sector destinado a la venta de bebidas alcohólicas, además de distintos empresarios que se sentían perjudicados por las investigaciones que había realizado la farmacéutica.

Primeras muertes en Galicia

Las noticias de los primeros decesos en Galicia los publicó el rotativo Faro de Vigo, en su edición del 30 de marzo de 1963, al dar cuenta de tres fallecimientos de otras tantas personas por ingerir alcohol en malas condiciones en la comarca de O Carballiño, la zona más afectada por esta intoxicación masiva. Indicaba también que otras tres habían perdido la vista por el mismo motivo. Otros casos similares se estaban dando en municipios próximos y de la misma comarca. De hecho, el médico titular de San Cristóbal de Cea, José Novoa Santos, recordaba el caso de un labrador que fallecía de forma muy rápida a finales del año anterior, 1962. La nómina de fallecidos en distintos lugares y localidades de Galicia iba in crescendo de forma muy abrumadora en muy escasas jornadas. En abril de 1963 fallecían tres personas en A Costa da Morte, en el municipio de Laxe, por haber ingerido licor café adulterado con alcohol metílico. De la misma forma, el vespertino catalán La Vanguardia daba cuenta de la muerte de varios vagabundos en New York por consumo de alcohol metílico, aunque se ha sabido posteriormente que no guardaba relación alguna con el comercializado en Galicia.

Nadie ponía en duda que tantas muertes en tan poco tiempo obedecían al consumo de bebidas alcohólicas(ron, licor café, aguardiente o ginebra) que habían sido elaboradas con alcohol destinado al sector industrial, sometido a diversas mezclas con alcohol etílico con la exclusiva finalidad de alcanzar un mayor lucro económico, ya que el elaborado para fines industriales se podía adquirir a un precio mucho menor que el destinado al consumo humano. Además, los comerciantes eran conscientes de que se precisaba una mayor cantidad de agua en las distintas combinaciones que hacían, debido a que el alcohol metílico dispone de una graduación mucho mayor que el etílico, por lo que sus beneficios económicos se dispararían.

Detenciones

Ante el el clamor y el escándalo que se había forjado en todo el país, se procedió a la detención de tres empresarios gallegos que, presuntamente, podrían estar involucrados en la fraudulenta y mortal trama de la comercialización del alcohol tóxico. El 26 de abril de abril será detenido el industrial orensano Rogelio Aguiar Fernández, considerado el principal responsable al adquirir una importante partida de alcohol destinado al uso industrial a Alcoholes Aroca, de Madrid. Otros dos detenidos serán los propietarios de la empresa Lago e Hijos, Román Rafael Lago Cabral y Román Gerardo Lago Álvarez, quienes habrían adquirido importantes partidas del producto tóxico a Bodegas Aragón, de la que era propietario el principal responsable de la trama.

Para dificultar las investigaciones, Rogelio Aguiar se desharía de la mercancía del delito echándola al sumidero, aconsejado por su abogado, José Ramiro Nova Ramírez, quien sería posteriormente procesado y condenado, acusado de encubrimiento. De la misma forma, tanto Aguiar como los miembros de la familia Lago, padre e hijo, se confabularon para efectuar una misma declaración ante la policía, pretendiendo así echar balones fuera acerca de su supuesta responsabilidad. Los tres empresarios declararían que desconocían la toxicidad del producto que estaba en venta, si bien es cierto que el proveedor madrileño había advertido muy severamente al orensano del peligro al que se podía exponer a los consumidores en caso de emplearlo para el consumo humano. El alcohol metílico, altamente tóxico, solamente estaba recomendado para el empleo potencial en barnices, pinturas y otros productos estrictamente industriales.

A raíz de las dimensiones que había tomado el monumental escándalo, que era conocido ya a nivel mundial, en Galicia se produciría un colapso del sector de la viticultura, debido a que durante algún tiempo, debido a la instrucción que estaban efectuando el fiscal Seoane y el juez José Cora, se prohibió la comercialización de bebidas alcohólicas hasta que hubiese una seguridad plena de que no se producían más fallecimientos a consecuencia del alcohol tóxico. A consecuencia de ello, muchas empresas del sector se vieron obligadas a cerrar. Además, tampoco se vendía ni en bares, restaurantes ni tampoco en supermercados. Se daba la circunstancia que en algunos banquetes y recepciones sociales la única bebida alcohólica que se consumía era cerveza de bote, que estaba considerada como la más segura.

Juicio a los acusados

El juicio contra los acusados del mayor fraude y matanza de la historia de Galicia se inició el primero de diciembre de 1967, cuatro años después que hubiesen ocurrido la mayoría de las muertes. El sumario, que contaba de 36.000 folios, era el más extenso de cuantos se habían instruido en España hasta la fecha. Además, de la fiscalía intervinieron también cinco acusaciones particulares y trece abogados defensores, siendo llamados a declarar un total de 113 testigos propuestos por el fiscal y 76 propuestos por las respectivas defensas.

Todos los acusados mantendrían una táctica similar de defensa, acusando directamente a Rogelio Aguiar de ser el único responsable por la venta de un producto altamente tóxico, del cual ellos desconocían sus consecuencias. Por su parte, el empresario orensano aludió que consideraba que el alcohol metílico al mezclarlo con el etílico y posteriormente con agua no producía efectos graves en la salud humana. Sin embargo, es necesario reseñar que ni un solo familiar de los acusados resultó afectado por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, con lo que su defensa se venía abajo por si sola.

Si el caso había resultado clamoroso, tanto o más lo resultaría la sentencia que, aunque fue considerada ejemplar en su momento, lo cierto es que muchos de los condenados estarían en poco tiempo en libertad, pese a que las penas eran ciertamente elevadas. Rogelio Aguiar sería condenado a 19 años de cárcel, acusado de un delito contra la salud pública, aunque recobraría la libertad en poco más de seis años. La multa a la que fue sometido fue irrisoria, ya solo ascendía a 25.000 pesetas, 150 euros actuales al cambio. Su esposa, María Ferreiro Sánchez, también sería condenada al comprobarse que ayudaba a su marido en las tareas de adulterado del alcohol a la pena de doce años de prisión y a la exigua multa de tan solo 5.000 pesetas, 30 euros actuales al cambio. Además, esta última huiría a París al conocer la sentencia, antes de ser ejecutada. Regresaría a España en 1975, siendo detenida de nuevo, pero sin poder hacer nada la justicia en su contra ya que el caso había prescrito.

De la misma forma también serían condenados los propietarios de Lago e Hijos. El padre Román Lago Cabral sería condenado a 17 años de reclusión y una multa de 25.000 pesetas, en tanto que el hijo era sentenciado a la misma pena que su progenitor. Ambos, al igual que casi los restantes acusados estaban acusados de un delito contra la salud pública. A la misma pena, y acusado de los mismos cargos, sería sentenciado Luis Barral Iglesias; en tanto que Ricardo Deben Gallego debería cumplir una pena de doce años de prisión y pagar una multa de 5.000 pesetas. Por su parte Miguel Ángel Basail Infante era condenado a quince años de cárcel y a satisfacer 10.000 pesetas de multa, 60 euros actuales al cambio, con una acusación exactamente igual que los anteriores.

Por imprudencia temeraria sería condenados Alberto Lombán González y Francisco Emilio López Otero a las penas de seis y tres años de reclusión respectivamente. El último de los acusados era el abogado José Ramiro Nova Ramírez, abogado defensor de Aguiar, al que se le atribuía el cargo de encubrimiento.

El estudioso de este asunto, el periodista gallego Fernando Méndez, señala que las indemnizaciones eran muy cuantiosas y elevadas para la época, estimando las mismas en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros actuales al cambio). Sin embargo, estas nunca llegarían a ser satisfechas por los principales acusados entre ellos Rogelio Aguiar y la familia Lago, al ser declarados insolventes. La empresa Lago e Hijos había sido declarada como responsable civil subsidiaria, pero con todo, su patrimonio no alcanzaba ni mucho menos para satisfacer las elevadas indemnizaciones económicas que deberían satisfacer los acusados.

Consecuencias posteriores

Desde que se descubriera la mortal trama del alcohol intoxicado, desempeñaría una función fundamental el fiscal Fernando Seoane, un personaje que demostró un coraje a prueba de bomba para defender la dignidad de las víctimas. Además, a lo largo de su trayectoria profesional, y muy especialmente en el tiempo en el que se desarrolló el juicio, estuvo seriamente amenazado por distintos sectores del régimen, a los que no dudó en acusar en sus autos de una total falta de control sanitario, como así era cierto, en el aspecto relativo a la comercialización de productos adulterados. En aquel tiempo realizaría varias preguntas, en su calidad de fiscal, a los distintos ministerios, entre ellos de la Presidencia, del que era titular el Almirante Carrero Blanco, en relación al control que se ejercía con relación al tráfico de este tipo de mercancías. Sin embargo, sus preguntas caerían en saco roto, ya que obtuvo la callada por respuesta, mientras que en otras ocasiones se zanjaba el caso indicando que el ministerio carecía de responsabilidad alguna, ya que había actuado con total corrección. ¿?

Apunta reiteradamente Fernando Méndez, tanto en sus publicaciones como en sus muchas intervenciones en los distintos medios, que los acusados contaron con la colaboración de los afectados en una época en la que Galicia continuaba sumida en un ancestral atraso. Las familias de las víctimas, en muchos casos, se negaron a que se hiciesen las autopsias a los fallecidos para determinar las causas por las que se había producido su deceso, tan solo por el pudor que podía suponer el desenterrar un cadáver y descuartizarlo, amparado todo ello por ancestrales prejuicios y creencias que en nada ayudaron a resolver el caso.

Este mismo autor y el desaparecido fiscal Fernando Seoane sostienen que pudo haber millares de muertos, debido a esas circunstancias que contribuyeron de forma decisiva a amparar a los acusados, la carencia de pruebas. A todo ello se sumaba el hecho que la muerte de las víctimas les había sobrevenido a consecuencia del consumo de alcohol y todo lo que esta práctica llevaba aparejada consigo y las fatales acusaciones que se hacían vox populi contra las víctimas, en un tiempo en el que la gente solamente creía en el honor que la propia sociedad le atribuía. Y el honor de los muertos estaba por encima de autopsias y cualquier acusación, a lo que contribuía una menos corrupta dictadura que empezaba a descomponerse, amenazada ya muy de cerca por el «caso Matesa», que sería su penúltimo episodio.

Lo peor de todo en este escabroso acontecimiento es que las víctimas, muchas de las cuales quedaron ciegas, jamás fueron resarcidas. A todo ello, se sumó la total indiferencia del propio régimen, cuando no su desidia, amparando de nuevo la tétrica corrupción a la que estuvo manifiestamente unido a lo largo de su tediosa existencia. Esa misma que se asocia con la España negra. Y es que era precisamente lo que representaba, un estado negro al que le faltaba un mínimo de transparencia y en el que sus principales víctimas eran sus propios ciudadanos.

 

 

Para saber más:

Méndez, Fernando(2013): 50 años envenenados. Santiago de Compostela. Ed. Sotelo Blanco.

Méndez, Fernando(1998): Historia dun crime. O caso do métilico. Vigo. Ed. Galaxia.

Méndez, Fernando(1998): Mil muertos de un trago. Barcelona. Ed. Península.

Caso Metílico. Espacio Cuarto Milenio

Reportaje sobre el metílico. Televisión Canarias

Entrevista a Fernando Méndez V Televisión

 

 

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