Dos guardias civiles asesinados en Vilanova de Lourenzá

Los años ochenta eran tiempos difíciles para ser guardia civil en España, principalmente en el País Vasco donde se vivía la época conocida como Años de plomo por el gran número de agentes de instituto armado que habían caído como víctimas del terrorismo. En Galicia, afortunadamente, la situación era radicalmente distinta. Es más, los miembros de la Benemérita gozaban del aprecio y afecto de las distintas localidades en las que había el respectivo puesto de las fuerzas de seguridad. Aún así, hubo que lamentar varias muertes por distintos actos terroristas de un buen número de agentes, mayoritariamente ocasionadas por los GRAPO y una por miembros del desarticulado Exército Guerrilleiro do Pobo Ceibe Galego.

De todos es sabido lo siempre que están expuestos los miembros de las fuerzas del orden a exponer su vida, debido a que en ocasiones tienen que enfrentarse a energúmenos con amplios historiales delictivos y que, poco o nada, tienen que perder. Así ocurrió en la tarde del domingo, 10 de febrero de 1980, cuando los miembros de la Guardia Civil del destacamento de Vilanova de Lourenzá recibieron la llamada de alerta de sus compañeros de Ribadeo, dándoles los datos de un individuo que había sustraído un coche en la villa costera. Los agentes de Lourenzá esperarían al ratero alrededor de las cuatro de la tarde vestidos con uniforme de paisano a fin de evitarle sospechas. Sin embargo, el sexto sentido que suelen tener los delincuentes le funcionaría a la perfección, ya que se percataría inmediatamente que se trataba de dos agentes armados.

Abandono del vehículo

El hombre que había sustraído el vehículo en Ribadeo, Cipriano Lampón Gerpe, al sentirse acorralado por los dos agentes, así como un guarda forestal que se prestó a colaborar con miembros del instituto armado, iniciaría una huida por el área boscosa próxima a la villa de Lourenzá. En ella demostraría ser un consumado experto en la lucha armada y la supervivencia, ya que desde unos matorrales dispararía con la escopeta de cañones recortados que portaba contra el sargento Manuel Lamela Montouto, de 50 años de edad, alcanzándole en el externón y abdomen, resultando herido de extrema gravedad. El agente, a quien se le extrajo abundante cantidad de metralla en el antiguo Hospital Xeral de Lugo, fallecería doce días más tarde a consecuencia de las graves heridas que sufría, ocasionadas por los disparos que le había efectuado su asesino.

La lucha por la captura del joven delincuente la proseguiría su compañero, el cabo Angel Broz Novo, con quien realizaría un constante intercambio de disparos, dándose la mala suerte de que el miembro de la Benemérita acabó su munición cuando perseguía a Lampón Gerpe. Este último, consciente de su superioridad, le obligó colocar los brazos en alto y, colocándole la escopeta que portaba en la cabeza, ejecutaría al infortunado agente, un hombre de 34 años y nacido en la parroquia chairega de Valdomar, perteneciente al municipio lucense de Begonte.

Cipriano Lampón, que ya había pasado por la cárcel por distintos hechos delictivos, demostraría ser muy escurridizo, fugándose después de trepar por un muro, logrando sobrevivir al acecho de las fuerzas del orden durante dos días. Sin embargo, le traicionaría su ansia de satisfacer el hambre que le había generado su supervivencia en el monte. Sería detenido en el momento en que se encontraba robando una tarta en una confitería de la localidad de Mondoñedo por agentes que inmediatamente procedieron a su detención e identificación en la mañana del 12 de febrero, siendo trasladado a las dependencias de la comandancia de la vieja urbe medieval del nordeste gallego.

La escopeta de cartuchos con la que había cometido ambos asesinatos sería encontrada aquellos mismo días por un grupo de escolares del colegio de enseñanza primaria de Mondoñedo, abandonada en sus inmediaciones.

Condenado a 47 años de cárcel

Cipriano Lampón Gerpe sería juzgado en la Audiencia Provincial de Lugo en julio del año 1980. En total sería condenado a dos penas de prisión que sumaban un total de 47 años de cárcel, además de tener que indemnizar a los herederos de cada una de las víctimas con más de tres millones de pesetas (18.000 euros actuales). Al ser insolvente, y estar los agentes en acto de servicio, se haría cargo el Estado como responsable civil subsidiario.

Además de los dos asesinatos, que su defensa calificó de homicidio, se le condenaba también por delitos contra la seguridad en el tráfico, puesto que carecía de permiso de conducir, así como también por su reiterada actividad delictiva, ya que formaba de una banda de cinco delincuentes, cuatro de los cuales habían sido detenidos en las mismas fechas. El forense que lo examinó lo había calificado como un «psicópata desalmado». En su veredicto, el juez tuvo en cuenta la eximente de enajenación mental transitoria. De hecho, la sentencia sería apelada ante el Tribunal Supremo, quien ratificaría la emitida por la Audiencia Provincial de Lugo.

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