Asesinan a un vigilante para robar 150 kilos de almejas en Vilagarcía

Reconstrucción del crimen que le costó la vida al vigilante de la cetárea

Las almejas, y el marisco en general, siempre han sido un exquisito plato muy valorado -no solo por gastrónomos y aficionados a la buena mesa- sino también por muchos furtivos o rateros que buscaban unos míseros ingresos a costa de hacerse con un escaso botín que luego comercializarían en el mercado negro a un precio muy inferior a su coste real. Desgraciadamente, además de pretender lucrarse con los bienes ajenos también han provocado alguna tragedia, también han dejado su más que oscura huella que se tradujo en hechos violentos, bien sea golpeando a los vigilantes o agrediéndoles cuando se encontraban en superioridad de condiciones a estos últimos.

Uno de los hechos que más conmocionaría a la sociedad gallega -relacionado con el robo de marisco- tendría lugar en la madrugada del 22 de junio de 1998. A primeras horas de ese día era encontrado, en medio de un gran charco de sangre y con visibles señales de violencia, el cuerpo del vigilante de la cetárea de Vilaxoán -en el término municipal de Vilagarcía de Arousa-, Manuel García Cascallar, de 68 años, quien había sido asesinado por tres individuos que se introdujeron en la depuradora para hacerse con un botín de 150 kilos de almejas, cuyo precio en el mercado ascendía a unas 220.000 pesetas (1322,22 euros actuales).

El trágico suceso comienza a fraguarse en la tarde-noche del domingo, 21 de junio, cuando tres individuos, de no muy buena reputación en la comarca arousana, planean dar un golpe en la cetárea de la parroquia de Vilaxoán, conocedores de que allí se almacena una importante cantidad de marisco, que posteriormente intentarán vender en el mercado negro. Al frente de aquel macabro trío se encuentra Ricardo Carro Mato, un joven de 27 años, que ya cuenta con distintos antecedentes policiales, y que es conocido como alias «El Crecho» o por el diminutivo de Richard. En la macabra aventura le acompañan otros dos muchachos, Juan José Dieste y David Galbán, de 20 y 19 años, respectivamente. El segundo de estos dos últimos es un conocido mariscador furtivo, que ya había sido detenido en otras ocasiones por la delictiva actividad que llevaba a cabo.

Ensañamiento brutal

Para perpetrar el golpe Galbán, tal vez experimentado en estas oscuras lides, les facilita una maza de goma y un cuchillo de grandes dimensiones, conocedor de la estricta vigilancia a que son sometidas las cetáreas y depuradoras en las que se crían los moluscos. El plan, previamente concebido, contempla también el hecho de cortar los hilos telefónicos para evitar así que el vigilante pueda solicitar ayuda de las autoridades o terceras personas. De madrugada, aprovechando el poso de silencio que ha dejado tras de sí el fin de semana, se personan en el que se iba a convertir en el lugar de autos dando fuertes golpes en la puerta, gritándole al vigilante que abriese la puerta pues era el jefe quien llamaba. Alertado de la falsedad de los asaltantes, el empleado profiere gritos de socorro que ahuyentan a los rateros, aunque solo de manera parcial pues regresar hasta la empresa marisquera para tratar de hacerse con un pequeño botín que revender en el mercado negro.

Media hora después aproximadamente regresarían hasta la cetárea propinando de nuevo grandes golpes en la puerta de entrada, que provocan el pánico de Manuel García, que intenta huir del lugar al percatarse de que se trata de un serio intento de robo y que tal vez no pueda hacer frente a quienes se iban a convertir en sus verdugos. En su inútil intento de escapada, poco menos que a la desesperada, el vigilante se encuentra de bruces con Juan José Dieste -conocido por ser un energúmeno muy violento-, quien le propina un fuerte golpe en la boca y una cuchillada a la altura del cuello. En su exasperación, García Cascallar se agarra a su agresor y caen ambos en la explanada de acceso a la cetárea. En ese momento reconoce a Ricardo Carro Mato, a quien llama reiteradamente por su apelativo. Sin embargo, este último, a pesar de sentirse reconocido o tal vez por eso mismo, propina varios golpes en la cabeza al vigilante con la maza de goma que han traído de casa de Galbán.

Posteriormente, sus agresores trasladan al empleado, que ya se encontraba malherido, hasta la pared de la nave. Ahora intentan abrir la puerta a golpes, pero sus intentos resultan vanos, por lo que Carro regresa al lugar en el que había abandonado al vigilante para arrebatarle las llaves y así poder entrar en la cetárea. Las crónicas de la época relatan que su asesino se encontraba fuera de si en ese momento y prosiguió su brutal agresión contra un pobre hombre totalmente indefenso. Termina su cruel acción de la forma más macabra posible, clavándole a la víctima el cuchillo sin mango en la cabeza, cuyo cuerpo -con el rostro y el cráneo completamente destrozados- serían encontrados por otro empleado de la misma empresa a la mañana siguiente de haber sido espantosamente asesinado.

El botín lo esconderían en el mar, aunque jamás podría ser revendido. La rápida intervención de las fuerzas policiales, así como por los muchas pistas dejadas por los criminales, impidieron que los tres autores del brutal asesinato se saliesen con la suya.

Un documento judicial

El crimen, que consternaba a toda Galicia tanto por su espanto como por la saña y lo sanguinarios que habían sido sus autores, sería esclarecido en cuestión de horas por parte de las fuerzas dedicadas a la investigación del mismo. La principal clave vino facilitada por un documento judicial firmado por David Galbán, que fue hallado en las inmediaciones del lugar de autos. Además de este último, los investigadores pusieron en el punto de mira a sus dos acompañantes habituales, Juan José Dieste y Ricardo Carro Mato. La autoridad judicial autorizó un registro en casa de este último en el que fueron halladas diversas prendas en las que había restos de sangre y también biológicos que se correspondían con el perfil de la víctima.

Casi dos años después del crimen, en abril del año 2000, que había sobresaltado y compungido a Galicia por su extrema crueldad, se celebraba el juicio contra los tres autores del asesinato de Manuel García Cascallar, un hombre casado y padre de cinco hijos, quien contaba 68 años en el momento en que fue asesinado. El principal inductor y autor material del mismo, Ricardo Carro, sería condenado a la pena de 28 años de cárcel, con el agravante de ensañamiento. Sus colaboradores fueron condenados a 23 años de prisión cada uno de ellos. De la misma forma, deberían indemnizar solidariamente a la viuda de la víctima con diez millones de pesetas (60.000 euros actuales) y con cinco (30.000 euros actuales) a cada uno de sus cinco hijos.

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El asesinato de una anciana en Pontevedra, sin resolver más de 20 años después

Rúa de Xan Guillerme, en Pontevedra, dónde se cometió el crimen

El año 1997 pasaría a la historia negra de Galicia como el del triple crimen de Vilaboa, aunque finalmente serían cuatro las personas asesinadas en relación con aquel trágico y dramático suceso relacionado con el trapicheo de drogas a pequeña escala. Aquel mismo año, en el que Fraga Iribarne cosechaba su tercera mayoría absoluta en el Parlamento galego, se producía otro crimen en Pontevedra que pasaría a la historia de la infamia, ya que no podría resolverse, quedando muy probablemente impune puesto que en poco tiempo prescribirán las acciones judiciales.

El escenario del trágico suceso fue la siempre vistosa zona histórica de Pontevedra, aunque la calle en la que se produjo, la de Xan Guillerme, está inundada de desvencijados y deprimentes edificios antiguos que parecen estar destinados a las personas más desgraciadas y desheredadas de la sociedad. Uno de esos inmuebles, concretamente el que ocupa el primer número, estaba ocupado por una mujer de 74 años, Isabel Ferreira Vieira, popularmente conocido como «La Cubana», quien era madre de un hijo y que había enviudado por tercera vez muy recientemente. En aquel sórdido y dantesco lugar sería encontrado el cuerpo de la mujer en cuestión, con evidentes señales de violencia, por parte de un vecino suyo. Según se dedujo de la autopsia, el cadáver de la asesinada, que fue encontrado sobre un gran charco de sangre, presentaba hasta un total de siete puñaladas, todas ellas mortales de necesidad. Tres de las puñaladas las había recibido en la espalda, otras tres en el pecho y una última de nueve centímetros en el cuello. Su muerte se produjo de forma casi instantánea al haberle provocado un schock hipovolémico a la víctima de aquel cruel crimen.

Los vecinos de la zona, conocedores de las malas relaciones que mantenía con su hijo, así como de otros entresijos, entre ellos el de ir provisto de un palo por la calle que le servía para hacerse temer e incluso amenazar, pensaron que tal vez Luis Ferreira, el único vástago de Isabel, fuese el autor material de su asesinato. Hacía escasamente seis meses que había fallecido su padre al precipitarse por las escaleras del interior de la vivienda en muy extrañas circunstancias, que jamás fueron aclaradas. Sin embargo, los investigadores no hallaron ninguna pista que pudiese incriminarlo y el pobre hombre fallecería algunos años después sin que se lograse esclarecer el suceso que le había costado la vida a su madre.

Detención de una familia

En vista de que el hijo de la fallecida era presumiblemente inocente, la Guardia Civil centró sus pesquisas en una familia próxima a la mujer asesinada, cuyos miembros eran viejos conocidos de la justicia. Incluso, uno de ellos había sido condenado a 20 años de prisión en el año 1982 por el asesinato de un panadero en la localidad pontevedresa de Cotobade. Casi tres años después de haberse perpetrado el asesinato, eran detenidos Miguel Ogando García, como presunto autor del mismo, así como su hermana María Teresa y un hijo de esta última, Julio Ruibal Ogando, un muchacho de 24 años, quien padecía una deficiencia psíquica congénita, en calidad de cómplices.

La reconstrucción hecha por el Instituto Armado y a tenor de los datos aportados por un testigo protegido en el caso, conocido en Pontevedra como «El crimen de la Cubana», los agentes encargados de la investigación recogieron restos biológicos del pubis y el abdomen de la víctima que se correspondían con el perfil biológico del sobrino del principal acusado. Al parecer, según la misma reconstrucción, estos podrían proceder del momento en que este último se interpuso entre su tío, Vicente Ogando, y la mujer asesinada.

Las primeras hipótesis sobre este suceso apuntaban a que en la tarde del día de autos, los tres miembros de la familia acudieron a la casa de Isabel Ferreira con la intención de que se hiciese efectiva una deuda que esta había contraído con sus visitantes. Después de haber tomado algo con lo que los obsequió su anfitriona, Vicente Ogando se habría abalanzado sobre su víctima, propinándole las seis cuchilladas que acabarían con su vida de forma prácticamente instantánea. Al tiempo que le daba muerte, le habría arrebatado las escasas joyas que la mujer poseía así como sus libretas de ahorro. Posteriormente arrojaría el arma homicida, así como los documentos bancarios a la ría del Lérez.

Juicio y absolución

El fiscal solicitaba, en el juicio que se celebraría el 24 de octubre de 2001, un total de 19 años de cárcel para el principal acusado, Vicente Ogando García, así como una importante indemnización económica para la única nieta de la víctima. El ministerio público no acusaba a la hermana ni al sobrino del sospechoso, por entender que habían colaborado con la justicia y que intentaron detener el ataque mortal de su familiar contra la víctima. El testigo protegido llegó a declarar que, al parecer, el supuesto autor del crimen le habría confesado que le levanto las ropas, ya que debido al grosor de las mismas así la habría podido apuñalar mucho mejor.

Sin embargo, cuando las cosas parecían que estaban bien atadas, el jurado popular -compuesto por nueve personas- declararía que Vicente Ogando no había estado en la casa de Isabel Ferreira el día en el que se cometió su asesinato. Ocho de sus nueve miembros creyeron en la inocencia del único acusado después de responder a un total de 16 preguntas que les había efectuado el juez instructor del caso. De nada habían servido las declaraciones realizadas por el sobrino del incriminado ni tampoco la del testigo protegido que había compartido celda con el acusado, quien regresaría a prisión dónde se encontraba ingresado por otras fechorías, aunque el día en que fue asesinada «La Cubana» él se encontraba de permiso penitenciario.

La acusación particular anunció su recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar que los miembros del jurado eran totalmente legos en asuntos de investigación policial. Además, no tuvieron en cuenta el testimonio del sobrino del único acusado, al considerarlo incapaz y fácilmente manipulable. Sin embargo, la máxima institución legal gallega confirmó la sentencia emitida por la Audiencia de Pontevedra y el caso pasaría a engrosar la numerosa nómina de crímenes sin resolver que se acumulan en los cuarteles y las comisarías de policía de Galicia.

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Asesina a una amiga para robarle su hijo en Monfero (A Coruña)

El año 2002 pasaría a la historia como el del «Prestige», el famoso carguero de bandera de conveniencia que zozobraría frente a las costas gallegas provocando una colosal marea negra que hizo saltar a Galicia a las primeras páginas de la prensa, no solo estatal, sino también mundial. Las imágenes de aquellos aguerridos hombres del mar luchando contra el fuel que asolaba las costas gallegas se convertirían en épicas, dando la vuelta al mundo. Sin embargo, no fue solo la terrible marea que tiñó de negro los arenales gallegos el único suceso trágico ocurrido en el año capicúa del nuevo siglo en el verde noroeste peninsular. Hubo otros hechos que marcarían la crónica negra gallega de aquel entonces, algunos de los cuales traumatizarían profundamente -como es natural- los lugares dónde ocurrieron, llegando a convertirse en los típicos acontecimientos mediáticos de los cuales se hablaría durante mucho tiempo.

Uno de esos trágicos episodios ocurriría en una pequeña localidad del interior gallego, pero muy próxima a la costa, Monfero, quien destaca -además de por su abandonado monasterio cisterciense- por la rica fauna y flora en la que se encuentra enclavado, en las siempre frondosas Fragas do Eume, un maravilloso y extraordinario parque natural de varios millares de hectáreas que se distribuyen entre cinco municipios, no menos vistosos y agradables que el pequeño núcleo de Monfero, quien -hoy en día- ya no supera los 2.000 habitantes, dispersos en decenas de micronúcleos de población, como la práctica totalidad del rural gallego.

La historia de este suceso puede parecer muy rocambolesca y en parte lo es. Digna de ser llevada a la pequeña pantalla, ya que una vez más la realidad vuelve a superar a la ficción. Su principal protagonista es una joven que en aquel entonces tenía menos de 25 años de edad y se llama Isabel Marcos Maceiras, quien se encontraba obsesionada con ser madre y no había conseguido su objetivo, pese a que nunca tiró la toalla. Sin embargo, trataría de hacerlo de forma dramática y trágica, ideando para ello un macabro y truculento plan de funestas consecuencias.

Desaparición

El plan ideado por Isa, tal como era conocida por sus allegados y conocidos, consistía en raptar el hijo de una amiga o conocida, Vanessa Lorente Jiménez, una joven de 22 años natural de la región de Murcia que llevaba una penosa y abigarrada vida, no exenta de los malos tratos que le había proporcionado su antiguo compañero sentimental, a quien había denunciado en múltiples ocasiones. De hecho, había recibido el apoyo humano y emocional de los servicios sociales del Ayuntamiento de Fene, localidad próxima a Ferrol en la que residía habitualmente.

En la tarde del 13 de agosto de 2002, que se convertiría en el trágico día de autos, Isabel Marcos contacta telefónicamente con su amiga Vanessa Lorente, invitándola a que la acompañe hasta un supermercado y a realizar algunas compras. Conciertan su primera entrevista en una cafetería de Pontedeume, localidad muy próxima a Fene, antes de ir de compras. La muchacha murciana va acompañada de su hijo, un bebé de apenas cuatro meses de edad, a quien Isabel le regalará un muñeco que le compra en uno de los establecimientos a los que acuden en aquella fatídica tarde, convirtiéndose en un ingrediente más de morbo para que no falte de nada.

A partir de ese instante, o de esos días centrales de agosto, se pierde toda pista de Vanessa. Solamente existen rumores, algunos de los cuales hablan de su azarosa vida e incluso se llega a decir, tal vez de forma interesada, de que hubiese regresado a su tierra natal. Con el transcurso de los días, las personas más próximas a la chica pimentonera comienzan a impacientarse, pues no aparece por ninguna parte. A la par, a todo el mundo sorprende, principalmente a sus vecinos más próximos, que Isabel Marcos salga a pasear con un niño en un carrito. La joven había premeditado un plan en el que había manifestado a sus familiares y amigos de que se encontraba en cinta, simulando un embarazo para lo cual utilizaba ropas flojas. A todo ello se unían sus constantes embustes e idas y venidas que hacían sospechar a más de uno, con no pocas contradicciones en todo el tiempo en el que estuvo a cargo del pequeño Daniel, hijo de Vanessa Jiménez.

Llamada anónima a la Guardia Civil

La cínica función teatral montada por Isabel Marcos llegaría a su fin a mediados del mes de septiembre del año 2002, poco más de 30 días de haber secuestrado el niño. El punto de partida comienza con una llamada anónima a la Guardia Civil en la que se indica que la joven monferina no ha sido madre y que el niño que ella porta en su carrito no es hijo suyo sino de una tercera persona. Puestos en alerta, los agentes se dirigen a la localidad de Miño, dónde habitualmente residía Isabel en compañía de su pareja con quien se había reconciliado recientemente, un joven de edad similar llamado Ángel Cernadas, quien también sería procesado por este hecho y a la postre condenado. Su primera respuesta ante la llegada de los agentes es que el niño al que está cuidando es de una amiga que ha ido a un entierro, siendo esta la primera de mentira del largo cúmulo de patrañas que iría ofreciendo a lo largo de todo el proceso. A pesar de las disculpas presentadas por Isabel, es inmediatamente conducida al cuartel de la Guardia Civil de Fene para que preste la oportuna declaración en relación con la desaparición de la joven murciana.

Hasta un total de 72 horas tardaría la entonces presunta asesina en declararse culpable del crimen que le había costado la vida a su amiga, Vanessa Lorente. En el transcurso de todo este tiempo hizo distintos relatos, todos ellos escasamente coherentes y de difícil credibilidad. Sin embargo, finalmente terminaría derrumbándose y contando la verdad acerca de un suceso que trajo en vilo a los gallegos en los días finales de aquel caluroso verano de 2002.

La versión más creíble sobre los hechos es la que indica que la joven gallega, después de haber ido de compras, invitó a su amiga murciana a acudir a la casa de sus padres, situada en la parroquia de San Xurxo de Queixeiro, en el municipio coruñés de Monfero. Una vez allí, prosiguió con su más que macabro plan para darle muerte. En un principio, Isabel ofreció a Vanessa un zumo en el cual previamente le introdujo algún medicamento somnífero, con la clara intención de anular su voluntad. Posteriormente, le propinaría un contundente golpe en la cabeza, destrozándole el cráneo, con lo que acabaría con su vida de forma prácticamente instantánea. El arma homicida jamás aparecería.

Para concluir la truculenta y terrible faena, decidió dar sepultura a Vanessa en un galpón que tenía el suelo de tierra, propiedad de su familia, que se encontraba situado en la zona aledaña a su vivienda. Allí, aparte del cadáver de Isabel, se sepultarían también los restos de un perro, que fueron encontrados sobre el cuerpo sin vida de la joven asesinada. Posteriormente, solicitaría de los servicios de su padre -albañil de profesión- para echar una capa de cemento sobre el improvisado panteón. Al parecer, el animal fue enterrado en el mismo lugar con la intención de distraer la atención vecinal ante el posible mal olor que pudiese desprender la imprevista morgue. Según relataría ante las autoridades, su progenitor estaba convencido de que lo que allí se enterraba era un viejo ciclomotor, marca Vespino. Además, el hoyo en el que fue sepultada Vanessa Llorente había sido cavado unos días antes por quien se acabaría convirtiendo en su brutal verduga, tal y como contaría en una de sus declaraciones ante los agentes que investigaron el caso.

30 años de prisión

El juicio, que se celebraría en medio de una gran tensión en mayo del año 2006, se volvieron a repetir las escenas de dolor, así como también se sucederían de nuevo las constantes contradicciones por parte de la principal acusada, quien alegó el consumo de estupefacientes para justificar de ese modo sus distintos y contradictorios relatos. Después de ser observada por distintos profesionales de la salud mental, todos ellos descartaron que Isabel Marcos Maceiras padeciese algún tipo de trastorno que le impidiese discernir entre el bien y el mal. El fiscal encargado del caso manifestaría con dureza que se trataba de una persona «manipuladora y fabuladora».

Tras unas largas sesiones y después de casi un mes, se hacía público el veredicto del jurado encargado de juzgar el caso. Isabel Maceiras Marcos sería condenada a la pena de 30 años de prisión, acusada de un delito de asesinato y otro de detención ilegal. Además, debería satisfacer a los herederos de la víctima, en este caso el pequeño Daniel, la cantidad de 240.000 euros en concepto de indemnización. Pero además de la joven monferina, también sería condenada su madre, en calidad de cómplice a la pena de 25 años de cárcel. Tanto su progenitora como su hija verían reducida su pena un año después, tras haber recurrido ambas al Tribunal Supremo. En el caso de Isabel, la condena se reduciría en dos años, al eliminar la alta institución judicial el agravante de abuso de confianza, quedando fijada su condena en 28 años de prisión. Por su parte, María Maceiras vería reducida su condena en quince años, al estimar el alto tribunal que no se había podido demostrar la complicidad plena en el asesinato de Vanessa Lorente, tal y como la había acusado su hija en el transcurso de la vista oral, debiendo cumplir una pena de diez años de cárcel.

Finalmente, tanto su padre José Carlos Marcos, como su cónyuge, Ángel Cernadas también serían condenados a la pena de diez años de cárcel cada uno por su colaboración en la ficción del embarazo de la hija y compañera con la finalidad de engañar a terceras personas. En esta condena también se incluía el agravante de detención ilegal practicado con el bebé, así como el hecho de que custodiasen al bebé, simulando un falso parentesco.

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Descuartiza a su esposa y la entierra en el jardín en Vigo

Parroquia de Beade, en Vigo, lugar donde ocurrió la tragedia

A mediados de la década de los noventa en Galicia se vivía un progresivo proceso de urbanización constante que estaba dejando atrás el viejo concepto de los micronúcleos rurales que habían sido a lo largo de varios siglos el común denominador de su población. A la cabeza de aquella Galicia se encontraba un ya veterano político, Manuel Fraga Iribarne, quien ya celebraba sus bodas de oro a bordo de un coche oficial, quien muy recientemente había traído al dictador cubano Fidel Castro a conocer la tierra de sus ancestros, aunque jamás consiguiese convencerle de las ventajas que supone una democracia plural.

La crónica negra gallega había dejado en aquellos años algunos trágicos episodios de los que les llevaría algún tiempo reponerse a los gallegos de la época. En 1994 se habían producido diversos acontecimientos sangrientos, algunos de gran calibre como fue el caso de la matanza de Nigrán, perpetrada por dos policías o el doble crimen de un polígono industrial lucense que sigue todavía sin resolverse. Desgraciadamente, algunos hechos trágicos se repetirían al año siguiente en diferentes puntos de Galicia, siendo el sur uno de los lugares afectados por un truculento acontecimiento que conmocionaría profundamente a todo el entorno de las Rías Baixas galegas.

El día 11 de marzo de 1995 un amigo se dirigió a la casa de Antonio Rodríguez Martínez, un joven de 26 años, que vivía con su esposa Ana Isabel Rivas, de 25 en la parroquia viguesa de Beade. Mantuvieron una breve conversación en el transcurso de la cual el primero le preguntó a su anfitrión dónde se encontraba su mujer, a lo que este último contestó que le había dado muerte. Extrañado por esta respuesta y la frialdad con la que la pronunciaba, optó por no creer su contestación, aunque pasado algún tiempo y al no ver a la joven en la vivienda comenzó a dar credibilidad a sus palabras, que -en un principio- las había tomado a broma, de muy mal gusto por cierto.

Denuncia

El amigo de Antonio Rodríguez al sentirse extrañado por la ausencia de Ana Isabel Rivas decidió acudir a la Comisaría de Policía de la ciudad olívica para denunciar el presunto asesinato. En un principio, al igual que le había sucedido a él, los agentes tampoco dieron mucho crédito a su relato. A pesar de todo, decidieron investigarlo trasladándose a la parroquia de Beade, donde supuestamente se había cometido un crimen.

Encontraron al joven en su casa y le preguntaron de forma reiterada por su esposa, dónde se encontraba. En un principio, como suele suceder en estos casos, Antonio respondió con muchas evasivas y con un relato incoherente y hasta un poco irracional, pero los agentes enseguida se dieron cuenta de que allí había sucedido algo raro. Sin embargo, ante la insistencia de los policías el joven terminaría derrumbándose y confesando la verdad de los hechos. Finalmente llevaría a los policías hasta el lugar donde había sepultado a su esposa en una maleta.

Los miembros del cuerpo nacional de Policía se verían horrorizados al contemplar con estupefacción el deplorable estado en que se hallaban los restos de Ana Isabel Rivas, quien había sido asesinada el día anterior, 10 de marzo de 1995. Además de confesar el crimen que le había costado su vida a su mujer, había profanado su cadáver, el cual presentaba una desfiguración prácticamente total de su rostro al ser rociado con algún ácido muy abrasivo. Posteriormente, su cuerpo sería trasladado a un tanatorio donde se le practicó la correspondiente autopsia, mientras que Antonio Rodríguez ingresaría en prisión provisional sin fianza.

La idea de descuartizar su cuerpo le sobrevino en el momento de darle muerte para así poder enterrar mejor el cadáver. En cuanto al hecho de que la hubiese rociado de ácido podría estar motivado por la circunstancia de intentar dificultar la labor de los investigadores en el hipotético caso de ser descubierto, aunque también podría estar motivado por el odio que sentía hacia su compañera y que incapaz de disimular.

Malos tratos

Al parecer, según comentarios de los vecinos de la parroquia de Beade, el joven criminal era muy habitual que le dispensase malos tratos a su esposa, pues se escuchaban constantemente disputas entre la pareja, aunque nadie podía imaginar un final tan trágico ni mucho menos tan macabro.

Ana Isabel Rivas era conocida en los medios policiales por las numerosas denuncias que había presentado contra su marido en la comisaría viguesa. Además, la pareja había pasado algún tiempo separada, pero después habían reiniciado una relación que terminaría volviéndose trágica.

Antonio Rodríguez Martínez sería condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a 25 años de prisión por el asesinato de su esposa, además de satisfacer con diez millones de pesetas(60.000 euros actuales) a los herederos de la víctima.

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Dos gemelas entierran viva a su hija recién nacida en Lugo

Parroquia de San Xurxo de Augas Santas, lugar dónde ocurrió el macabro suceso.

El año 1992 pasaría a la historia, no solo por las Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, sino también por diversos sucesos truculentos. Muchos de estos desgraciados acontecimientos ocurrieron en Galicia, siendo sus tristes protagonistas hasta un total de cuatro niños, quienes perderían la vida a manos de personas desalmadas y crueles.

En dos de estos hechos de triste recuerdo, los criminales utilizaron el mismo sistema, que no fue otro que enterrar vivos a sus criaturas, como si de un macabro ritual se tratase. Uno de ellos ocurrió en Vigo en el mes de febrero. Apenas cuatro meses más tarde, cuando los gallegos todavía no se habían repuesto del trágico «Crimen de la maleta» -en el que había sido asesinado un niño por una socia de su madre-, dos hermanas gemelas, que se encontraban embarazadas al mismo tiempo, decidían terminar con la vida de uno de los bebés recién nacidos el día 18 de mayo de 1992 y darle sepultura inmediata en el terreno anexo a su vivienda en la parroquia de Augas Santas, en el municipio de Palas de Rei.

El hecho criminal sería descubierto unos días más tarde. La madre de ambas hermanas gemelas, Concepción y Ana María Vázquez, decidió llamar a un médico de la localidad de Palas de Rei en vista que el estado físico de la primera, que presentaba una hemorragia perineal, para que tratase a su hija, quien no estaba dispuesta a recibirlo. Para poder intervenir el galeno debió de acudir acompañado del juez de paz y dos agentes de la Guardia Civil, quienes muy pronto esclarecerían las circunstancias de aquel trágico acontecimiento.

Encerradas en la habitación

Según se dedujo de las investigaciones realizadas, el día en que Concepción rompió aguas se encerró en la habitación con su hermana, quien la asistió en el parto, aunque sin ninguna experiencia ni tampoco conocimiento de la situación que vivía su gemela. Una vez que la criatura nació, ambas hermanas la introdujeron en una bolsa de plástico y le dieron sepultura, cuando se supone que aún estaba viva, en el terreno próximo a la vivienda. Poco después, amenzarían duramente a su madre con matarla si contaba algo de lo que había sucedido.

En vista que la situación de su hija no mejoraba, la madre de la parturienta se dirigió a un teléfono público para dar aviso a un médico y también a los agentes de la Benemérita, quienes encontrarían el cuerpo de la pequeña en el lugar donde les había indicado Concepción, la joven que había dado a luz. Su madre declararía a las cámaras del centro de TVE en Galicia que el bebé había sido asesinado por sus hijas.

Al descubrir el crimen, los agentes procedieron a la detención de la joven, quien sería detenida en el acto, aunque ingresaría en un principio en el Hospital Xeral de Lugo para poderse recuperar de la hemorragia que había sufrido como consecuencia del parto. De igual modo, también sería detenida su hermana, Ana María, quién también se encontraba embarazada, por su complicidad en el crimen. Ambas ingresarían en el penal de Bonxe.

Al parecer la familia de las jóvenes que mataron a la criatura estaba pasando por diversas adversidades de carácter patológico, ya que el padre de las gemelas que dieron muerte a la criatura comenzaba a presentar algunas señales de un cuadro de esquizofrenia.

Las dos autoras del crimen que dejaría estupefacta a Galicia -y muy especialmente a la provincia de Lugo- serían condenadas por la Audiencia Provincial de Lugo a sendas penas de 20 años de prisión cada una de ellas.

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Un marinero asesina a un taxista en A Coruña arrojándolo al mar

Los profesionales del taxi se juegan la vida cada día. A diario son muchas las noticias que podemos leer en la prensa en las que estos conductores son objetivo de rateros y delincuentes habituales, que tan solo aspiran a hacerse con unas nimias cantidades de de dinero con las que dan el cambio a sus muchos clientes. Lo peor de todo, y no son poca veces, es cuando los taxistas son víctimas de un asesinato. Por desgracia, esto último no es nuevo.

Ya en la década de los sesenta del pasado siglo, en pleno franquismo, eran víctimas de robos e incluso de asesinatos, pese a la supuesta mano dura que ejercía el régimen con los delincuentes. Incluso, este tipo de actos delictivos llegaba a una Galicia escasamente desarrollada y masivamente rural en la que la práctica totalidad de sus muchos vecinos del mundo rural se conocían y se vivía, aparentemente, en un ambiente de común armonía.

Esa buena sintonía entre los gallegos de aquella se época se vio bruscamente alterada una noche de un ya lejano 16 de marzo del año 1963 cuando aparecía un taxista brutalmente asesinado en el muelle del este de la ciudad de La Coruña, una urbe muy tranquila y en constante expansión, que en esos momentos se estaba jugando el liderazgo de primera ciudad gallega con el rival de sur, Vigo.

Alrededor de las diez de la noche, en la parada de taxis del barrio herculino de Cuatro Caminos, un joven marinero de tan solo 19 años, José Ramón Santiago Fernández, natural del municipio coruñés de Muros, le requirió los servicios a un joven taxista de 32 años, Antonio Verdura López, originario de la provincia de León pero que ya llevaba algún tiempo afincado en A Coruña. Le solicitó que lo llevase hasta el muelle del Este. Una vez allí, el infortunado profesional le requirió que le abonase las 32 pesetas (0,22 euros actuales) que costaba su servicio. José Ramón Santiago había abandonado el barco en el que trabajaba, pues debía incorporarse al servicio militar, por lo que había cobrado la suculenta cantidad de 3.200 pesetas (19,23 euros actuales), una buena cifra para la época, teniendo en cuenta que muchos salarios no alcanzaban las mil pesetas mensuales.

Arrojado al mar

Una vez llegaron al punto de destino, el joven marinero sorprendió al taxista lanzándole una pequeña cuerda al cuello, que pillaría desprevenido al conductor, quien mantuvo un forcejeo con el muchacho. Finalmente debido, quizás a la mayor envergadura de este último, el taxista sucumbiría ante Santiago Fernández, quien lo arrastraría desde el interior del vehículo durante varios metros. Antonio Verdura llevaría un golpe en la cabeza al golpearse contra el suelo en el momento en que era arrastrado por su verdugo que le hizo perder el conocimiento, aunque todavía se encontraba con vida, según detallaban los informes forenses que le fueron practicados.

Una vez inmovilizada su víctima, procedió a registrarle sus pertenencias, tanto el vehículo como sus ropas, hallando 810 de pesetas (4,87 euros) de las que se apoderaría de inmediato. Para evitar en lo posible ser descubierto, José Ramón Santiago arrojaría su cuerpo al mar, cuando todavía se encontraba con vida, pero con un traumatismo en la cabeza a consecuencia del golpe recibido al impactar su cabeza en el cemento. Su cuerpo aparecería boyando al día siguiente en las aguas del puerto coruñés.

El joven asesino del taxista también intentaría conducir el vehículo de Antonio Verdura, pero su impericia sería un factor determinante en su delación. El joven fue visto en la avenida Primo de Rivera de A Coruña tratando de hacer arrancar el coche, solicitando para ello la ayuda de un conocido industrial coruñés, quien le reconocería como el hombre que pretendía conducir el coche del taxista asesinado, pero se daba la paradoja de que, además de carecer del pertinente permiso, tampoco sabía manejar vehículos a motor. El taxi se le había calado y no era capaz de arrancarlo por lo que solicitaba ayuda para que se lo empujasen.

Detención

Después de realizar las pertinentes investigaciones, contando ya con un buen número de datos, en la jornada del 29 de marzo, casi dos semanas después del crimen, la Brigada de Investigación Criminal herculina se trasladaba a Muros, el municipio natal del asesino, para proceder a su detención. José Ramón Santiago se encontraba en la casa de sus padres y al día siguiente debía personarse en la Ayudantía de Marina de aquella localidad para incorporarse a filas al servicio militar.

En su declaración ante el juez, el joven alegó en su descargo que el día de autos no llegó a tiempo para tomar el último autobús de línea regular que cubría el trayecto entre la capital de la provincia y la localidad costera de la que era originario, por lo que requirió los servicios de un taxista. Negó que tuviese intención de asesinarlo y que su caída al mar había sido totalmente fortuita, fruto del forcejeo que mantuvieron. Además, señalaría que se había apoderado del vehículo del taxista para desplazarse hasta Muros. Sin embargo, los informes forenses jugaron en su contra, pues se constataba que el golpe en la cabeza recibido por la víctima se había producido con anterioridad a su caída al agua.

Seis meses más tarde se celebraría el juicio contra el autor del asesinato del taxista coruñés, un suceso que conmovió de sobremanera a la ciudad de A Coruña, que siempre se ha caracterizado por su gran tranquilidad. José Ramón Santiago sería condenado a 20 años de cárcel, acusado de un delito de asesinato con robo. Además, debía indemnizar a los familiares de la víctima con la cantidad de 75.000 pesetas(450 euros actuales).

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Asesinado a tiros el propietario de una Gasolinera en O Pino (A Coruña)

Gasolinera

Quizás el hecho de trabajar en una gasolinera, ya sea como empleado o propietario, es una de las profesiones más arriesgadas que existen, principalmente cuando hay que hacerlo en horario nocturno. No han sido pocas las personas que han perdido la vida a causa de sucesos sangrientos, al creer los asaltantes que en ellas había una ingente cantidad de dinero que ha servido la mayoría de las veces para pagar deudas contraídas con el siempre tan traído y llevado tráfico de drogas, que tuvo su especial cénit en Galicia a mediados de la última década del siglo XX.

Uno de esos trágicos acontecimientos, que haría correr ríos de tinta en la prensa, fue el asesinato de un empresario gallego, Luciano Barral Moledo, de 47 años de edad, quien perecería el 17 de octubre de 1995 en la parroquia de Arca, en el municipio de O Pino -muy próximo a Santiago de Compostela-, cuando los asaltantes de la gasolinera de su propiedad lo descerrajarían de dos disparos efectuados a muy corta distancia para llevarse la recaudación de esa fatídica jornada.

Alrededor de las nueve de la noche de ese día, cuatro hombres que actuaron con el rostro cubierto por pasamontañas se acercaron hasta la gasolinera de Lucindo Barral exigiéndole que entregase la recaudación que había en la caja, circunstancia a la que el empresario no opuso resistencia alguna. Sin embargo, los asaltantes no se conformaron con el dinero y uno de ellos, que jamás fue descubierto, le disparo a quemarropa dos disparos con una escopeta de cañones recortados.

En brazos de su hijo

Malherido y prácticamente sin fuerzas, dejando un impresionante reguero de sangre, el hombre intentó alcanzar la oficina para llamar por teléfono, pero desgraciadamente acabaría desplomándose y terminaría falleciendo prácticamente en el acto en los brazos de su hijo de tan solo seis años de edad, que acudió a auxiliar a su padre. A pesar del estado de extrema gravedad que presentaba, Luciano sería trasladado al Hospital Xeral de Galicia, en Santiago de Compostela, en el que no pudieron hacer otra cosa que certificar su muerte. La víctima dejaba viuda y tres hijos muy jóvenes.

A partir de ese momento se sucedieron las incógnitas en torno a quien podría haber cometido tan repugnante y terrible crimen que consternaría a toda la comarca compostelana y al resto de Galicia. Al día siguiente comenzaban las pesquisas y se encontraba el coche, marca Ford, modelo Escort, que los atracadores habían utilizado para perpetrar el robo y el crimen que le había costado la vida al empresario gallego. En su interior se recogió una muestra de sangre, así como otros restos biológicos que se encontraban en una bolsa, lo que representaba un importante avance en las investigaciones. Posteriormente, se produjo otro robo en otra gasolinera del vecino municipio de Dodro, que la Guardia Civil atribuyó a la misma banda.

Durante muchos años los investigadores no cejaron en el empeño de detener a los autores del crimen. Casi nueve años más tarde, en abril de 2004, eran detenidas cuatro personas en relación con el asalto y posterior asesinato del empresario gallego. El principal encausado era un hombre joven, de 34 años de edad, en el momento de ser detenido, quien tenía decenas de antecedentes policiales por hechos similares y otras tres personas que le acompañaban, también viejos conocidos de las fuerzas de seguridad. Todos ellos, vecinos de la localidad de Carballo, ingresarían en la prisión coruñesa de Teixeiro, tras prestar declaración ante el juez titular de Arzúa.

Absuelto

En su declaración, el principal encausado -que respondía a las iniciales de J.C.B.- negó en todo momento, así como el resto de detenidos, haber participado en ningún robo a gasolineras, ni tampoco en el de ningún coche. Contaba en contra con la declaración de un confidente de la investigación que había facilitado importantes datos para proceder a la detención de esta persona. Según se desprende de la documentación examinada, los detenidos no cometieron ninguna torpeza ni tampoco ninguna contradicción.

En junio del año 2005 se celebró el juicio contra el acusado de haber dado muerte a Luciano Barral en la Audiencia Provincial de A Coruña. El fiscal encargado del caso solicitaba una pena de 26 años de cárcel para J.C.B., sin embargo resultaría absuelto al constarse que no respondía a las características físicas descritas por el asalto cometido en la gasolinera de Dodro. Al parecer, según un testigo, el asaltante era un hombre bajo y fuerta, que no correspondía en modo alguno contra el principal acusado.

De la misma manera, los restos biológicos hallados en el interior del vehículo no resultaron ser prueba suficiente contra el encausado, ya que no se pudo constatar que perteneciesen al mismo. Los investigadores también habían recogido en el lugar de los hechos algunos cristales y los cartuchos empleados en el asesinato de Luciano Barral, que tampoco servirían de mucho, ya que el Tribunal encargado de dirimir el caso entendió que no guardaban relación alguna con el detenido.

Este desgraciado crimen, al igual que muchos otros, ha pasado a engrosar la larga nómina de casos sin resolver que se amontonan en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil de Galicia.

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Estrangula a sus dos gemelas recién nacidas en A Cañiza (Pontevedra)

Puente romano en Valeixe (A Cañiza)

Ya se ha recordado en alguna ocasión que el año 1987 fue más movido de lo que cabría esperar en Galicia. Una moción de censura, a la que siguió unas denuncias por corrupción y -posteriormente- el naufragio de un barco en la Costa da Morte que supuestamente transportaba alguna materia muy peligrosa, seguido de una nefasta gestión de la crisis por parte de las autoridades gallegas de la época, provocarían un alza de la temperatura política y social en la comunidad gallega de la que no estaría exenta el año siguiente que vendría cargado de numerosos acontecimientos.

En medio de ese por si ya tenso clima social se producirían algunos sucesos que se vieron relegados a un segundo plano por la cantidad de asuntos que debían tratar los medios informativos de la época. Uno de esos hechos tendría un gran impacto por lo macabro que resultó en su día, siendo más propio de una película del mejor Hitchcock que de una sociedad que estaba haciendo su transición del mundo rural hacia el urbano.

En los últimos días de diciembre de 1987 en el puesto de la Guardia Civil de A Cañiza, una localidad que aparece en los informativos por sus gélidas temperaturas, se recibía una llamada anónima en la que se les daba cuenta de que una mujer de la parroquia de Valeixe que respondía al nombre de Rita P., que contaba con 26 años de edad, habría podido deshacerse del hijo o hijos que esperaba de su embarazo. En este sentido, también habría sido informado el sacerdote de la misma localidad a través de una carta anónima que le habría dirigido un feligrés.

Sepultadas en una huerta

Según todos los indicios de los que disponían las fuerzas de seguridad, la mujer, que ya era madre de dos niños de diez y doce años respectivamente, habría alumbrado a las niñas sin ayuda ninguna. Posteriormente, habría procedido a estrangularlas con la cinta de un mandil que usaba para tareas caseras. Sin embargo, el misterio no terminaba ahí, ya que una vez muertas, las criaturas habrían recibido sepultura en una huerta anexa a la casa en la que vivía, popularmente conocida en Galicia como cortiña.

La mujer, que en el momento de producirse los hechos se encontraba separada de su marido, habría ocultado su embarazo a los vecinos durante mucho tiempo alegando que sufría un tumor y que se encontraba en lista de espera para ser sometida a una intervención quirúrgica. En un principio nadie sospechaba que se pudiese haber cometido un crimen, pero las indagaciones de la Guardia Civil les hicieron sospechar la existencia de un posible infanticidio, tal y como así era.

Dadas las sospechas existentes, se procedió al interrogatorio de la mujer, quien pronto se desmoronaría ante las preguntas de los agentes y terminaría por confesar que había enterrado a sus hijas en la huerta que se encontraba en las inmediaciones de su casa. Los miembros de la Benemérita, provistos de las pertinentes herramientas, iniciaron una excavación que confirmaría sus peores sospechas. En aquel terreno se encontraron los cuerpos de las pequeñas que, debido a las bajas temperaturas que se registraban en aquellos últimos días de noviembre de 1987, habrían sido preservadas de la descomposición.

Encubridor

La autora material del crimen no sería la única encausada, sino que los agentes del instituto armado procederían también a la detención de un hermano de la asesina por considerar que había participado como encubridor al no delatar a Rita P. En días posteriores, esta última ingresaría en un centro sanitario de Pontevedra para reconocer su estado de salud y comprobar también en que momento habría dado luz a las dos pequeñas que terminaría asesinando.

El suceso produciría una gran consternación en la localidad de A Cañiza, ya que la autora de los infanticidios era una mujer muy conocida en la zona. Ella convivía junto a sus padres en el mismo inmueble, quienes se encontraban con problemas de salud. La madre sufría graves problemas de visión, en tanto que su progenitor sufría una importante lesión auditiva.

Rita P. sería condenada por la Audiencia de Pontevedra a 40 años de prisión en el juicio celebrado en mayo del año 1989, en tanto que su hermano recibiría una condena de seis años de cárcel, en calidad de encubridor.

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Un taxista de Santiago asesinado a puñaladas en Ordes (A Coruña)

Parada de taxis

A nadie se les escapa que la profesión de taxista es una de las más arriesgadas que han existido y existen. Los profesionales del volante se encuentran en muchas ocasiones con todo tipo de personas, algunas de las cuales dejan mucho que desear en cuanto a comportamiento personal. Galicia siempre ha sido uno de los lugares más tranquilos para ejercer tan digna profesión, aunque en más de una ocasión hubo que lamentar víctimas mortales. En casi todas ellas el consumo de estupefacientes estaba detrás de esos trágicos acontecimientos que consternaron de sobremanera a una sociedad, como la gallega, en la que muy rara vez suceden hechos sangrientos.

Una de esas ocasiones en las que se sobresaltó la esquina verde del noroeste peninsular por la fatal suerte de un taxista fue en la jornada del sábado, 20 de febrero de 1999, en la que José María García Corral, un profesional del taxi compostelano, de 55 años de edad, era literalmente cosido a puñaladas por uno de sus clientes, Manuel Antonio Prado Riveiro, un joven toxicómano de 25 años nacido en la localidad costera de Carnota, en el municipio de Ordes, que dista poco más de 25 kilómetros de la capital gallega.

Los hechos se iniciaron a medianoche del día de autos en la parada de taxis de la Praza Roxa compostelna, cuando el taxista fue requerido por un joven para que le llevase a Ordes, una localidad que es conocida por su marcha, aunque al parecer Prado Riveiro se dirigía a la misma con la finalidad de adquirir droga, porque se encontraba bajo los efectos del síndrome de abstinencia. El muchacho le ordenó a García Corral que tomase la calle de A Igrexa, muy mal iluminada y escasamente transitada. Era el lugar que había elegido el cliente para asaltar al taxista, libre de miradas indiscritas.

Doce puñaladas

El callejón, en el que prácticamente no había ninguna persona a esa hora de la noche, Manuel Antonio solicitó al conductor, un hombre de constitución fuerte, que le diese la recaudación que llevaba encima, después de amenazarle con un cuchillo de 20 centímetros que le había colocado a la altura del cuello. La negativa del taxista a las pretensiones del joven provocaron su enfurecida reacción propinándole al menos doce puñaladas que serían mortales de necesidad.

El agresor le asestó las asesinas cuchilladas en el vientre, tórax y cráneo, consiguiendo hacerse con un botín de unas 20.000 pesetas(120 euros actuales). En un principio llegó a ponerse en tela de juicio que el móvil del crimen fuese el robo, pues se encontraron algunas cantidades de dinero en los bolsillos de la víctima por parte del personal sanitario del Hospital Xeral de Galicia, a donde sería trasladado en estado muy grave. Llama poderosamente la atención que el taxista, que se encontraba herido de muerte, fuese capaz de salir del vehículo y dirigirse sangrando abundantemente hasta un bar localizado en las inmediaciones de la agresión alrededor de la una de la madrugada, donde ya cuando no podía más, terminaría por desplomarse. Desde allí, llamaron inmediatamente a las asistencias sanitarias para que fuese desplazado hasta el centro sanitario compostelano, donde fallecería al día siguiente como consecuencia de las heridas recibidas.

El agresor del taxista se entregaría voluntariamente a las autoridades en los días inmediatos al producirse el crimen, circunstancia esta que serviría de atenuante. En el transcurso del juicio celebrado en octubre del año 2001, Manuel Antonio Prado alegó en su descargo el hecho de que se encontrase bajo los efectos de las drogas en el momento de producirse el crimen, además de aducir que no conocía la localidad de Ordes, aunque en ella vivía una amiga suya. De la misma forma, el tribunal tuvo en cuenta la atenuante de arrepentimiento espontáneo, que sería una baza importante a la hora de imponerle una exigua pena.

El autor del asesinato sería condenado a una pena de tan solo siete años y seis meses de cárcel por el apuñalamiento del taxista y de un año y nueve meses por robo con violencia, saliendo definitivamente de prisión en mayo de 2008. Además, debería indemnizar a los familiares del conductor asesinado con 140.000 euros, aunque esta cantidad nunca la llegaría a satisfacer al ser declarado insolvente.

Embargo de bienes de los familiares del taxista

Los familiares de José María García Corral recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quien ratificó la sentencia a que había sido condenado el autor material del asesinato del taxista. No contentos con esta decisión, apelaron ante el Tribunal Supremo en un recurso de casación, que no sería admitida a trámite por el alto organismo judicial en el año 2005. Además, se les condenaba a las costas de este proceso, lo que debido a su alto coste provocaría el embargo de algunos bienes de los familiares del taxista asesinado tras llegar a un acuerdo entre las partes, si bien es cierto que esta decisión quedaría aplazada ya que a dos de las personas a las que se les reclamaba el pago, la madre y una hermana del taxista, habían fallecido en el transcurso de este último trámite.

Apenas unos meses después de abandonar la prisión, Manuel Antonio Prado Riveiro volvería a delinquir de forma muy grave. En esta ocasión, en compañía de una mujer asesinaría a una pareja en la localidad coruñesa de Betanzos, descuartizando incluso los cuerpos de sus víctimas. Posteriormente, sería condenado a la pena de 51 años de cárcel. Este nuevo crimen indignaría de sobremanera a la familia del taxista asesinado, debido al trato que ellos recibieron de las distintas instancias judiciales que, según ellos estimaban dejó bastante que desear. La matanza en la ciudad brigantina les vendría a dar moralmente la razón sobre la el asesinato de su familiar, aunque ya de poco servía y era demasiado tarde.

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Matan a una mujer para evitar su boda con un deficiente psíquico

A lo largo de la historia siempre ha habido determinados aspectos que han sido considerados tabús por distintas circunstancias o hechos que se encontraban plagados de ancestrales prejuicios históricos. Una de las formas más antiguas de evitar algunas relaciones no deseadas por las familias ha sido el crimen. Muchas personas han sido víctimas de desgraciados hechos delictivos por no agradar a determinadas familias o se ha recurrido a la sangre para dar muerte a determinadas personas por su pertenencia a un determinado grupo social que no gozaba de una buena reputación.

Mediada ya la década de los años sesenta del pasado siglo, cuando comenzaba a declinar el franquismo -cuando menos físicamente-, se produciría un hecho sangriento que además de conmover a la sociedad de la época, causaría el lógico estupor e indignación y también una no menos indisimulada sorpresa entre muchos gallegos de interior de la provincia de Pontevedra al enterarse de que una joven había aparecido muerta en un camino que une Torreboredo y Nigoi, parroquias pertenecientes al municipio pontevedrés de A Estrada el 11 de diciembre de 1966.

En la referida fecha fallecía una mujer, presumiblemente de forma accidental, achacándose su deceso a una coz de un burro. Incluso, un forense certificaría así su fallecimiento, lo cual no deja de ser sorprendente, procediéndose posteriormente a darle sepultura sin más dilación. La fallecida era Albina Mera Mariña, una mujer de 35 años de edad, que trabajaba como empleada doméstica en casa de María Purificación Terceiro García desde hacía algún tiempo. Al parecer, la finada se había desplazado a por leche a un lugar próximo por encargo de su ama.

Investigación

Tras procederse a su sepelio, la familia de Albina Mera, que se encontraba en la emigración, sospechó que había alguna pieza que no encajaba en torno al hecho y gracias a la declaración de un testigo que resultó ser clave, comenzaron a descubrirse algunos detalles que darían al traste con la primera versión ofrecida entorno al deceso de la joven criada. De incógnito, se desplazaría hasta el lugar de los hechos un equipo especializado de investigación procedente de Madrid, quien -con orden judicial- procedería a la exhumación del cuerpo de la mujer asesinada, descubriéndose así lo que realmente había acontecido.

Hechas las oportunas indagaciones, los investigadores pudieron descubrir que la víctima presentaba dos disparos en la cabeza efectuados con una escopeta de caza. El calibre empleado para darle muerte era de 16 milímetros. Lo que parecía un accidente fortuito se descubrió que detrás de el se escondía un asesinato, que obedecía a oscuras razones, planificado por la familia del hombre con el que pensaba casarse Albina Mera.

Enamoramiento

Al parecer, según se deduce de la documentación consultada, la joven había iniciado una relación amorosa con el hijo de Purificación Terceiro, Antonio Pena Terceiro, aspecto este que era de dominio público entre los vecinos de la zona. Sin embargo, este noviazgo no gozaba del agrado de la madre del muchacho, pues padecía algún tipo de retraso psíquico y su madre no lo consideraba apto para formar una familia. Pese a todo, la relación entre ambos jóvenes prosiguió, concertando incluso la fecha de la boda, pero la progenitora del rapaz quería evitarla a toda costa, sin importarle escatimar recursos para impedirlo.

En vista de que no fue capaz de convencer a su hijo y a la muchacha para que desistiesen de su actitud, Purificación Terceiro contrató los servicios de un sicario que le diese muerte a la joven para así evitar una boda y un matrimonio que, según ella, estaba condenado al más mísero de los fracasos. Buscó entre los fornidos hombres del contorno alguno que estuviese dispuesto a realizar su macabro encargo y encontró a uno de ellos que gozaba de una cierta fama de poseer una indudable bravura. Se trataba de José Orrea Ferreiro.

En la jornada del 9 de diciembre de 1966, Purificación y José concertaron una entrevista en casa de la primera. En el transcurso de la misma la mujer le pagó la nada desdeñable cantidad de 100.000 pesetas de la época(600 euros al cambio actual), aunque en aquel entonces con ese dinero se podía adquirir uno de los mejores vehículos del mercado y no eran pocos los salarios que no superaban las mil pesetas mensuales. Con esa más que considerable suma de dinero, José Orrea llevo a efecto su macabro plan, pero algo fallaría, ya que los investigadores tirarían de este hilo para resolver el crimen.

Detención

Pasaría algún tiempo hasta que fue detenido de José Orrea Ferreiro. El clamor popular, que demandaba justicia por un horrendo crimen, señalaba a la familia en la que prestaba sus servicios Albina Mera como inductora del asesinato de su criada, aunque por diversas razones, en un principio, no se atrevieron a detener a la auténtica autora intelectual del crimen. Quizás pesase el hecho de que se tratase de una conocida familia del término municipal de A Estrada, en un tiempo en el que todavía existían las clases.

Al poco tiempo de ser detenido José Orrea Ferreiro, tras las presiones ejercidas por los agentes del Guardia Civil, acabaría por desplomarse y relatar lo que realmente había sucedido en aquellos días previos al invierno de 1966. La posterior detención de Purificación Terceiro causaría una cierta conmoción en el entorno, aunque nadie dudaba ya que ella había inducido a aquel hombre a acabar con la vida de su criada para así poder evitar un matrimonio que para nada era de su agrado.

Al igual que el autor material del crimen, Purificación confesaría los hechos ante los agentes de la Guardia Civil que le interrogaron, señalando el dato que había efectuado los disparos a tan solo tres metros de su víctima. Si bien es cierto, que haría hincapié en que ella pretendía evitar la boda de su hijo con Albina Mera Fariña, porque su vástago sufría un cierto retraso psíquico que, en su opinión, le inhabilitaban para llevar una vida de hombre casado. Añadiría que ella no le mandó a Orrea asesinar a su criada, sino sencillamente darle un buen susto a la criada. Lo que se dice siempre en estos trágicos casos.

Pena de muerte

El juicio por el crimen que le había costado la vida a Albina Mera Fariña se celebró en los primeros días del mes de marzo del año 1968 en medio de una gran expectación, ya que se encontraba abarrotada la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Pontevedra. En un principio tanto Purificación como José se responsabilizaron mutuamente del asesinato de la joven, aunque quedaba claro que quien disponía de licencia de armas era el hombre. Por su parte, la inductora del asesinato continuaba alegando que ella jamás le había hablado de darle muerte a su criada, insistiendo en que solo le había comentado el hecho de darle un susto. Además, también negaría que hubiese recompensado con una elevada cantidad de dinero al autor material del crimen, aunque había algunos hechos que así lo atestiguaban, tales como el hecho de que José Orrea cambiase radicalmente de forma de vida en el poco tiempo en el que le duró su exigua fortuna.

Algunos vecinos de la zona también fueron llamados a declarar. Prácticamente todos ellos corroborarían la versión ofrecida por el criminal, que no era otra que Purificación no veía con buenos ojos la relación que mantenía su hijo con Albina y estaba dispuesta a cualquier cosa para evitar la boda, que ya estaba programada.

El crimen que lleva aparejada la recompensa del asesino siempre han estado mucho más castigados que cuando este se hace de forma espontánea o no media el hecho económico de por medio. El autor material de la muerte de Albina Mera sería condenado a la pena capital, además de indemnizar de forma solidaria junto con Purificación Terceiro García con la cantidad de 300.000 pesetas (1.800 euros actuales) a la familia de la víctima. Además, se condenaba a la inductora a la pena de 30 años de reclusión mayor, por entender el tribunal que se trataba de un asesinato con alevosía y premeditación.

Indulto

Durante más de un año la vida de José Orrea Ferreiro pendió de un hilo y los distintos recursos efectuados por su abogado defensor contribuyeron a dilatar el proceso. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra con fecha de 22 de noviembre de 1968, tanto para el autor material del crimen como para Purificación Terceiro. Al condenado a la pena capital solamente le quedaba el recurso de gracia del Consejo de ministros.

Por un decreto de 10 de abril de 1969, publicado en Boletín Oficial del Estado del 29 de abril del mismo año, el órgano de Gobierno estatal, en su reunión de 29 de marzo del citado año, decidía conceder la gracia del indulto al asesino de Albina Mera Fariña. La pena conmutada era suplida por otra accesoria de 30 años de prisión mayor.

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