Un cura gallego asesinado por falangistas

Las secuelas de la Guerra Civil fueron brutales y tremebundas. Nadie escapó de la cruel represión de aquellos sanguinarios tres primeros meses de conflicto. Ni siquiera la todopoderosa Iglesia Católica, que se aliaría desde el primer instante con los sublevados. Como se ha comentado en otros capítulos, en Galicia se ejerció una represión mucho más brutal de lo que hubiese sido normal, si es que puede considerarse normal alguna represión. Decimos esto, porque desde el primer instante los rebeldes dominaron de punta a cabo el territorio gallego, sin oposición alguna. A nadie se le ocurría. Sin embargo, las represalias fueron mayúsculas dejando tras de si un reguero de sangre e injusticia que caló muy profundamente en determinadas localidades. Otras, como a la que nos dirigimos ahora, se convirtieron en lugares emblemáticos de la represión armada, ya que en ellas se cuentan por decenas los paseos y las ejecuciones. La guerra tuvo esas cosas, que por la mínima, cualquiera podía ser declarado reo de muerte. Bastaba una delación, un enfrentamiento vecinal, para que el señalado fuese a parar con su huesos a las tapias de un cementerio o a una fosa común.

Entre las muchas víctimas inocentes que dejó tras de si aquel cruel conflicto, en Galicia hay un caso muy peculiar. Un sacerdote, Andrés Ares Díaz, de 45 años, sería asesinado de una forma vil y horrorosa el 3 de octubre de 1936 por un grupo de falangistas y también de guardias civiles. Su historia, al igual que la de muchos asesinados, es difusa y se han contado muchas versiones que no dejan de ser contradictorias. Al igual que muchas otras personas, tanto su figura como su persona quedarían proscritos y relegados a un obsceno y terco ostracismo.

Recaudación festiva

El asesinato que costaría la vida a Andrés Ares, natural de la parroquia de San Bartolomeu de Corvelle, perteneciente al municipio lucense de Vilalba, estaría motivado por su hipotética negativa a entregar la recaudación de las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios a grupos de falangistas. Estos aprovecharían la ocasión para acusarle de forma calumniosa de pretender entregar la cantidad recaudada de unas fiestas que serían suspendidas al producirse el levantamiento armado al Socorro Rojo Internacional. A todo ello se añade también que existían desavenencias entre el religioso asesinado y una maestra entusiasta de los militares levantados en armas, quien sería una persona clave para su detención y posterior asesinato. Si bien es cierto que hay historiadores que consideran que la docente en cuestión no tenía poder suficiente para enviar al sacerdote al paredón.

Otra de las versiones, quizás una de las que más se acerque a la realidad de los hechos, indica que con la muerte del sacerdote se pretendió dar un «aviso a navegantes», esto es a algunas autoridades eclesiásticas de la época que no comulgaban con el apoyo que estaba dando la institución a la que pertenecían a los sublevados. Sin embargo, su negativa a colaborar económicamente con los alzados en armas fue aprovechada para ser detenido y ser llevado desde O Val de Xestoso, la parroquia en la que ejercía su ministerio en el municipio brigantino de Monfero, hasta la de Barallobre, en Fene, donde se encontraba otro colega suyo, Antonio Casas, sobre quien existían fundadas sospechas de colaborar con los republicanos. Andrés se confesaría con este último, a quien entregaría la cantidad de 200 pesetas y un reloj. Su suerte parecía estar echada, ya que, al bajar de la casa rectoral, sería fusilado frente al cementerio de Barallobre, parroquia perteneciente al municipio de Fene, muy cerca de Ferrol.

Un mes después de su muerte, el juzgado de Pontedeume abriría un sumario sobre el caso, ofreciendo una versión muy distinta a la que sostienen la totalidad de los historiadores. En la misma se acusa al sacerdote de haber intentado huir al tiempo que se le practicaba la instrucción de una diligencia. Como consecuencia de esta posible huida, la fuerza pública se vería en la obligación de disparar en su contra, ocasionándole la muerte. El religioso en el momento de producirse su óbito iba escoltado por un pelotón de guardias civiles y falangistas, quienes serían los responsables de su muerte, al grito de «¡Lo manda Suances!», en alusión al gobernador militar de Ferrol, Victorino Suances.

Otras versiones extendidas entre el vulgo, apuntan a que Andrés Ares podría haber realizado una lista de 40 personas, sospechosas de colaborar o simpatizar con los rojos, por lo que, con su ejecución, se evitaría el fusilamiento de quienes figuraban en esa lista.

Protestas y ostracismo

Aunque algunas autoridades religiosas protestaron a los altos mandos militares, entre ellos al propio general Franco, su muerte pasaría desapercibida y obedecería al intento de extirpar de raíz a cualquier persona que discrepase con las nuevas autoridades. De hecho, a partir de octubre de 1936 no se volverían a tener noticias de ningún sacerdote fusilado o ejecutado por las autoridades nacionales, con la excepción de uno en Mallorca, quien si había ayudado a escapar a unos republicanos de la brutal represión que se estaba ejerciendo en la isla.

Lo peor, respecto de la figura de Andrés Arés Díaz, vendría después de su muerte, ya que su figura, además de ser vilipendiada por los vencedores de la Guerra Civil, quedaría relegada al más puro de los ostracismos. Además de quedar proscrito a lo largo de muchos años, como le sucedía a muchos de los perdedores del conflicto, sería incluso postergada por la propia Iglesia Católica, quien jamás se dignó en ofrecerle el más mínimo homenaje. Ni siquiera el Papa Juan Pablo II, tan amigo de elevar a los altares a muchos religiosos asesinados en el transcurso de la Guerra Civil, se acordaría del sacerdote vilalbés de O Val do Xestoso. Ni tampoco su gran amigo Rouco Varela se encargó de recordárselo. Quizás, el hecho de que fuese ajusticiado por los pistoleros azules lo justificaba todo.

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Fratricidio por una herencia en Lalín

Parroquia de Bendoiro, donde ocurrió el crimen

De todos es sabido que las herencias en Galicia han provocado de siempre más de un disgusto y, en muchos casos, se han resuelto de forma trágica puesto que en ellas se dilucidaba algo más que el simple valor de la propiedad de unas tierras o unos inmuebles. También en ellas estaba en juego un falso honor, así como también el hecho de demostrar a amigos y conocidos quien verdaderamente lideraba el clan familiar. Hasta ha corrido sangre en más de una ocasión por razones de algún patrimonio o por la simple circunstancia del cambio de marcos de algunas fincas con las que se pretendían apoderar de apenas unos metros cuadrados cuyo valor es muchas veces exiguo, por no decir que no valen absolutamente nada, máxime en los tiempos actuales en los que el rural gallego corre el serio riesgo de una absoluta despoblación, tanto por el envejecimiento masivo de sus moradores como por la baja tasa de fecundidad, a lo que se suma la forzada marcha del mismo de las últimas generaciones.

El siguiente suceso ocurrió en la primera mitad de los años sesenta, en un tiempo en el que los gallegos ya habían dejado de emigrar a América. Ahora su destino era la próspera Europa que había emergido como un ciclón tras la Posguerra mundial. Sin embargo, Galicia continuaba siendo una tierra atrasada que, como decía Valentín Paz Andrade, perdía una importante mano de obra por la constante marcha de sus hombres en la plenitud de sus vidas. Todavía quedaban amplias capas del mundo rural sin electrificar. Ni que decir tiene que sus infraestructuras eran propias de otros tiempos.

Los gallegos seguían transitando por los mismos caminos que los habían hecho generaciones de hacía un siglo o incluso más, comúnmente conocidos como corredoiras, que eran viales empedrados, estrechos, sin pavimentar y muy abruptos que en los largos y lluviosos inviernos solían enfangarse a rebosar, quedando algunos de ellos completamente intransitables. A diferencia de lo que sucede en la actualidad, más de la mitad de la población gallega vivía en un basto territorio rústico de una agricultura de subsistencia en la que predominaba el minifundio, uno de los principales responsables de algunos hechos sangrientos que tuvieron lugar en el país gallego a lo largo de su historia. En el siguiente suceso se aúnan en si los problemas de carácter patrimonial propiamente dichos y las eternas dificultades que planteaban unas minúsculas y reducidas parcelas a las que apenas se les podía sacar el rendimiento deseado a lo que se unía una total ausencia de mecanización.

El 10 de agosto de 1962 en la parroquia de Bendoiro, en el municipio pontevedrés de Lalín, Manuel Núñez Villar, de 43 años, daría muerte a su hermano José, de 40 años, a consecuencia de las constantes disputas que mantenían por la herencia familiar. El autor del crimen disparó varios veces contra su familiar, tras haber discutido por la propiedad de unas fincas que, según afirmaba el criminal, le pertenecían a él, aunque, según algunos indicios, sus progenitores no habían realizado el oportuno testamento. De la crueldad del crimen, da cuenta el hecho en si mismo, ya que después de haberle alcanzado con varios disparos en distintas partes del cuerpo, Manuel se ensañó con su víctima propinándole varios cortes con una hoz que terminarían con la vida de José Núñez Villar.

Detención

Tras haberse perpetrado el hecho sangriento, los vecinos informaron a la Guardia Civil de lo sucedido que inmediatamente procedió a la detención del presunto asesino. El suceso provocaría una gran consternación en aquel entorno rural, muy pacífico y hasta un tanto monótono como la práctica totalidad del campo gallego, pero que cuando se desata una tragedia parece que se derrumba ese tranquilo mundo que se ha ido levantando a lo largo de décadas.

Después del suceso, llegaban las múltiples lamentaciones, aunque había vecinos que aseguraban que se podría vislumbrar un trágico final a la difícil y tensa relación que mantenían ambos hermanos. Como resultado del mismo, se produjo una gran brecha familiar, ya que unos apoyaban a uno y otros a otro, aunque es difícilmente imaginable que se pudiese justificar un hecho sangriento como el que había ocurrido. Pero no sería la primera vez que se culpa a la víctima de haber provocado su triste final, tal y como ha ocurrido incluso cuando han tenido lugar algunos crímenes múltiples.

Para el vecindario de Bendoiro, el suceso marcaría a varias generaciones, que todavía hoy en día se muestran remisas a hablar de este hecho, tanto por tratarse de un vecino como del supuesto estigma que -piensan- ha recaído sobre un entorno rústico poco propicio a que sucedan hechos sangrientos, pero en los que, a veces, la convivencia se puede volver harto complicada.

Condena

Manuel Núñez Villar sería juzgado en febrero de 1963 acusado de asesinato con alevosía, aunque su abogado defensor argumentó en favor de su cliente que este había sufrido una enajenación mental transitoria, a lo que se añadía la supuesta provocación de la que habría sido objeto por parte de su víctima. Además, expuso también como atenuante el arrepentimiento espontáneo de su defendido.

El ministerio fiscal mantuvo sus tesis iniciales y solicitó una pena de 30 años de reclusión mayor, así como una indemnización de 300.000 pesetas para los herederos del finado, además de solicitar una orden de destierro de diez años, una vez cumplida la pena carcelaria.

Finalmente, la sentencia condenaría a Manuel Núñez Villar a 20 años de arresto mayor y a indemnizar con 150.000 pesetas a los familiares de su hermano José. Asimismo, se le imponía una pena de destierro que en este caso se reducía a tan solo tres años, una vez cumplido el tiempo que debería permanecer en prisión.

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Mata a su suegra y a su esposa en O Saviñao

En la segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo ya había comenzado el acelerón brusco del descenso de la población en los municipios más rurales y aislados de Galicia, principalmente aquellos que se encontraban en zonas de montaña u otros muchos que veían disminuir drásticamente su demografía porque las condiciones de vida no eran las más idóneas para las nuevas generaciones. Lo que no habían conseguido las masivas emigraciones a tierras americanas en la primera mitad del siglo XX ni las europeas desde principios de los cincuenta hasta los primeros años setenta, lo estaban consiguiendo otros factores secundarios en los que nadie había pensado jamás, uno de ellos la baja tasa de fecundidad de los gallegos de los últimos 30 años. Ahora se unía también el abandono de las nuevas generaciones del rural, pero con destino a otras áreas más pobladas, tales como cabeceras de comarca o ciudades como Lugo u Ourense, que experimentaban un notable auge motivado por la llegada masiva de gentes procedentes de sus respectivas provincias.

Ni siquiera se salvaban aquellos lugares que proporcionaban a los más jóvenes una cierta salida, tal es el caso de las explotaciones vitícolas del sur de la provincia de Lugo. Algunos pequeños municipios de la Ribeira Sacra veían descender su población a mínimos históricos por el abandono de los cultivos por parte de las últimas generaciones, que se desentendían de ese mundo rural que aún ofrecía algunas salidas a quienes estuviesen dispuestos a vivir en el campo.

Uno de los municipios que más directamente sufría esas consecuencias era o Saviñao que, hace ya 30 años, bajaba por primera vez en su historia de la barrera de los cinco mil habitantes hasta quedarse en los poco más de 3.700 que tiene actualmente. Los núcleos pequeños son los que más directamente están sufriendo los efectos de la despoblación, llegando a desaparecer una buena parte de los mismos, en tanto que otros están condenados a idéntica suerte en tiempos próximos.

En uno de esos pequeños núcleos, concretamente en San Vitorio de Ribas do Miño, en el referido municipio de O Saviñao, sus cada vez más escasos residentes se verían sorprendidos por un trágico y macabro suceso al atardecer del 29 de septiembre 1987. En esa fecha uno de sus vecinos, Javier López Andrade, daría muerte a su esposa, Milagros Rodríguez López, de 55 años, y a la madre de esta, Zenaida López, una mujer ya anciana tras dispararles tres veces con la escopeta de caza que tenía en su casa.

Celos

El móvil de este macabro crimen, que sorprendería y consternaría de sobremanera a las siempre pacíficas y entrañables comarcas de Ribeira Sacra y Terras de Lemos que convergen en distintos puntos, pareció deberse a los constantes ataques de celos de los que era presa el criminal, según declaraciones a la prensa de sus allegados así como también de una hija del matrimonio formado por Milagros y Javier. Otra de las personas de la que sentía enormes celos era de un cuñado suyo, con quien su esposa había vivido hacía ya algún tiempo.

El suceso se produjo cuando se encontraban discutiendo Javier López y Milagros en su casa. En ese momento se dirigió a la misma la madre de la mujer para pedirles que les diesen maíz para las gallinas cuando la madre de una de las víctimas quiso mediar en la discusión que mantenían su hija y su yerno. Es entonces cuando este último se aprovisiona del arma de fuego que guardaba en su casa disparando contra su suegra, quien recibiría dos impactos de bala, uno en el costado y otro en la espalda. Su esposa fallecería de forma instantánea de un solo disparo que el agresor disparó certeramente sobre su espalda.

Al consumar el doble crimen, Javier López Andrade se dirigió a casa de un vecino suyo para solicitarle que lo trasladase desde el lugar de los hechos hasta el cuartel de la Guardia Civil de Escairón, distante 20 kilómetros. Sin embargo, su convecino no se hallaba en ese momento en su casa por lo que decidió hacer el trayecto que le separaba del puesto de la Benemérita caminando, que recorrería en algo más de dos horas.

Condena

En los primeros días de noviembre de 1988 se celebró el juicio contra Javier López Andrade en la Audiencia Provincial de Lugo. Su abogado defensor alegó que su cliente había actuado bajo los efectos de los celos lo que le provocó una enajenación mental transitoria, por lo que requería que su defendido fuese ingresado en un hospital psiquiátrico con la finalidad de poder recibir el tratamiento adecuado.

Por su parte el fiscal se mantuvo en sus conclusiones provisionales solicitando dos penas de 20 años de cárcel por cada una de las muertes ocasionadas por el criminal. Finalmente, Javier López sería condenado a 30 años de prisión, con la atenuante de enajenación mental transitoria, así como al pago de una cuantiosa indemnización a los herederos de las víctimas.

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El crimen de San Xián de Marín

En la década de los años sesenta del siglo pasado comenzaba a haber «dos Galicias», muy cercanas geográficamente, pero muy alejadas tanto social como económicamente. Aunque la comparación no deja de ser banal y hasta, si se quiere, un poco grosera, a la Galicia de la época le sucedía algo similar a Alemania. El occidente, mucho más litoral, era mucho más próspero que el oriente, interior y con escasísimas comunicaciones con el resto del territorio. Además, cuanto más al suroeste de la región, mucho más se notaban esas diferencias. Los jóvenes de las áreas litorales del suroeste ya se podían permitir el lujo de no emigrar, a diferencia de lo que ocurría con toda la parte interior oriental, que se estaba quedando muy rezagada en relación a sus vecinos del área sudoeste gallega.

A pesar de todo, seguían existiendo por todo el territorio los tradicionales clanes familiares que tanto unían sentimentalmente a los gallegos a su tierra. Y en eso no se diferenciaban para nada los del suroeste de los del nordeste. Quedaban todavía ancestrales prejuicios con relación a determinados aspectos, si bien es cierto que las historias de meigas habían comenzado a desaparecer, aunque todavía quedase alguna señora de sayas largas que tratase de atemorizar a los más pequeños relatando hechos funestos en los que aparecían aquellos míticos y malvados seres que todo lo devoraban con sus hechizos.

El siguiente suceso nos lleva a una preciosa localidad del suroeste, próspera como pocas, debido en parte a la Escuela Naval Militar, que tenía su sede desde 1943 en Marín, época en la que el Gobierno del general Franco decidió trasladar sus instalaciones desde San Fernando, en Cádiz, al municipio gallego que forma parte de la Península del Morrazo. Se podría decir que a lo largo de los últimos tres cuartos de siglo, el nombre de esta localidad ha ido siempre unido al centro de estudios superiores militares.

En aquellos años sesenta, Marín vivía uno de los momentos de mayor esplendor y su progresión continuaba siendo imparable desde hacía dos décadas. Se podría decir que era un pueblo de película, y nunca mejor dicho, ya que las instalaciones navales servirían de escenario para el rodaje de muchos filmes de la época, inspirados en el poder que tenían los militares y la adhesión inquebrantable de las nuevas generaciones a un férreo y contumaz ejército que parecía tener la sartén por el mango en la vida cotidiana de los españoles de entonces.

Un «loco»

En ese excepcional ambiente de optimismo generalizado, a casi nadie se le podría pasar por la imaginación que pudiese acontecer un suceso que empañase el clima de optimismo que reinaba en aquella tierra. El 24 de febrero de 1963 un joven de 20 años, Rogelio Piñeiro Novegil, al que la prensa de la época no dudaba en calificar de «loco» daría muerte a su vecina María Veras Fernández, de 34 años, tras propinarle varias puñaladas en la parroquia de San Xián de Marín. Una vez hubo cometido el crimen escaparía del lugar del suceso sin destino conocido. Al parecer, el muchacho tenía perturbadas sus facultades mentales, tanto volitivas como cognitivas.

Durante varios días Rogelio Piñeiro anduvo vagando por montes y aldeas, probablemente sin comer. Cinco días más tarde de perpetrado el crimen fue detenido en la parroquia marinense de Santo Tomé por agentes de la Guardia Civil, ante quienes confesó ser el autor material de la muerte de María Veras. Dado el estado en que se encontraba, calificado por los medios impresos como de «gran excitación», el joven no aportó muchos detalles en relación al hecho sangriento que había protagonizado días antes, que conmocionaría de sobremanera a un municipio que era muy visitado en aquel entonces por las primeras autoridades políticas y militares de la época.

En el tiempo que estuvo ingresado en prisión, previo al juicio, daría pruebas de su discapacidad psíquica, con grandes alteraciones en su estado de ánimo, prácticamente incapaz de comprender nada ni de mostrar arrepentimiento alguno por la barbaridad que había cometido. El juicio en su contra se celebraría en la Audiencia Provincial de Pontevedra el 28 de enero de 1964. Pese a su evidente y degradado estado personal, las autoridades judiciales no tuvieron clemencia para sentenciarle a muerte, tal y como detallan en el auto hecho público dos días más tarde, acusado de un asesinato a lo que se unía la agravante de haber huido y no entregarse a las autoridades. No se tuvo en cuenta su grave discapacidad que le impedía la correcta percepción de la realidad.

Conocido el veredicto de la sala de lo penal de la Audiencia de Pontevedra, su abogado defensor apeló al Tribunal Supremo, quien ratificaría la sentencia de muerte a que le condenaba la Audiencia de Pontevedra en un auto emitido con fecha del 21 de enero de 1965. Solamente le quedaba la medida de gracia del Consejo de Ministros, quien, en su reunión del 16 de julio de 1965 y, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de julio del mismo año, indultaría a Rogelio Piñeiro Novegil. Como pena accesoria, era condenado a 30 años de cárcel.

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Un lucense asesinado en Navarra

A mediados de la década de los años cincuenta del pasado siglo todavía seguían notándose en España las duras consecuencias de una terrible guerra civil que se reflejaba en la alargadísima sombra de una posguerra que no acababa de terminar. Cualquier circunstancia o situación era aprovechada por muchos desheredados del mundo para huir de un país en el que no solo se carecía de futuro sino, lo que es mucho peor, de presente y no había lugar a la esperanza. Contaba el famoso verdugo Antonio López Sierra que había aceptado su trabajo, consistente en ejecutar penas de muerte a garrote vil, porque no tenía ni que comer. A ello se unían otras penurias provocadas por un régimen autocrático e inhumano para el que sus ciudadanos no dejaban de ser más que simples estadísticas.

Al desahucio internacional al que había sido sometido el régimen del general Franco, se sumaba la precariedad en la que vivían muchos españolitos de la época, quienes volvían a tener que soportar viejos prejuicios en función del origen o estrato social en el que se habían criado, generando situaciones más propias de mediados del siglo XIX que del pleno siglo XX. Tal estado de cosas debió marcar muy profundamente a los protagonistas de la siguiente historia, dos individuos a los que la suerte no es que les resultara esquiva sino que, directamente, se burló de forma miserable de ambos relegándolos a los lugares más siniestros y turbulentos de aquel difícil mundo en que les había tocado vivir.

En el año 1955 coincidirían trabajando en el municipio de Iza, Victoriano Fernández Prada, un jornalero lucense de unos 30 años, y Mariano Tabar Aranache, un joven navarro de 29 años, que había nacido en un hospicio pamplonés, en el que pasaría gran parte de la vida que tenía hasta aquel entonces. Como todos los de su condición social, el paso por un centro de esas características no solo marcaría sus primeros años, sino el resto de su vida. Tabar Aranache había aprendido las duras lecciones de la escuela de la vida y carecía de cualquier afecto por nada ni por nadie. Incapaz de empatizar con ningún ser humano, era el clásico individuo carente de cualquier tipo de emotividad o afectividad personal. Solo pensaba en el día a día y en poder rapiñar aquello que se ponía a su disposición, circunstancia esta que le acarrearía no pocos problemas con la áspera y cruenta justicia de la dictadura franquista.

Victoriano Fernández tenía la intención de pasar al país vecino, Francia, con el ánimo de labrarse un futuro mejor que le evitase malvivir como le había venido sucediendo hasta entonces, ganando unos salarios de miseria y trabajando de sol a sol allí donde requerían sus servicios. Al parecer, Mariano Tabar se le ofreció a su amigo gallego para cruzar con destino al país galo por algún punto dónde esquivar la estricta vigilancia de fronteras que había en aquel entonces. Asimismo, también él le manifestó su intención de cruzar la línea fronteriza, aunque su objetivo fuese manifiestamente distinto.

Pedrada

A principios de noviembre de 1956 apareció flotando, en aguas del río Ubi, a su pasó por Huarte, el cadáver a quien muchos de sus vecinos reconocieron como el jornalero gallego que andaba trabajando por aquellos lares. Su cuerpo estaba completamente desnudo y presentaba una gran herida en la cabeza. En un principio se pensó que esta se había producido a consecuencia del impacto en su caída a las aguas del cauce fluvial, aunque algo hizo sospechar a los investigadores que no era así. Parece ser que Victoriano Fernández Prada había estado ingresado en un centro sanitario recientemente en el que, supuestamente, habría sido diagnosticado de una enfermedad incurable por lo que tomaría mucha fuerza la hipótesis del suicidio, a lo que se sumaba el carácter un tanto huraño y depresivo de la víctima.

Los agentes de la guardia civil de la zona empezaron a hacer indagaciones e investigaciones en el entorno del fallecido. Pronto se averiguó que los días en los que se produjo el crimen, a principios de noviembre de 1956, se les había visto juntos a Victoriano y a Mariano, lo que hizo centrar las sospechas sobre este último, dados sus antecedentes. Tardaría algo más de cuatro meses en ser detenido, hecho que no se produciría hasta los primeros días de marzo del año 1957, siendo apresado en la localidad ilerdense de Viella, a la que se había desplazado al sentir en la nuca el aliento de los investigadores.

Tras un «hábil interrogatorio», tal como lo define la prensa de la época, Mariano Tabar Aranache se declararía autor de la muerte de Victoriano Fernández Prada. Para ello, utilizó una piedra con la que le propinó un tremendo golpe en la cabeza que le provocaría una hemorragia craneoencefálica, a causa de la cual le sobrevendría la muerte. Según el testimonio del asesino, la agresión se produjo tras una discusión por motivos aparentemente banales. Posteriormente, desnudó el cadáver, se apropió de sus escasas pertenencias y lo tiró al río Ubi.

Segundo crimen

A raíz de esta detención, el autor de la muerte del jornalero gallego también se declararía autor de otro crimen ocurrido en la cercana localidad de Huarte, siendo la muerte de Victoriano Fernández, el segundo crimen que cometía. El primero había tenido lugar en agosto de año 1947. En esa fecha, desapareció un comerciante de la zona llamado Manuel Azpiroz Churrio, de quien no se volvieron a tener noticias. Su desaparición provocaría todo tipo de especulaciones entre el vecindario de la zona, pues se desconocía su posible paradero. Sin embargo, su ausencia había sido a consecuencia de su muerte, la cual se produjo en similares circunstancias a la del jornalero gallego.

Al parecer, Manuel había discutido con su verdugo por el precio de una partida de habas que había adquirido. Este, enfadado con él, le habría propinado una pedrada en la cabeza. Durante algunos días escondería el cadáver en un pajar para, posteriormente, trasladarlo, a un zona boscosa y enterrarlo en medio de unos matorrales. De hecho, casi diez años después, efectivos de la Guardia Civil encontrarían restos humanos en el lugar que les había indicado el asesino.

Mariano Tabar continuaría trabajando durante más de diez años por la misma zona donde había dado muerte al comerciante navarro, aunque debido a su actitud, siendo muy frecuente que se apropiase de distintas cosas, pronto sería despedido, estando encarcelado en más de una ocasión, aunque no llegase a pasar más de un mes ingresado en ningún centro penitenciario.

Condena

En septiembre de 1957 Mariano Tabar tuvo que hacer frente a un juicio en el que se le procesaba por dos asesinatos cometidos ambos con ocho años de diferencia. El fiscal mantuvo una actitud muy dura con aquel individuo que no dejaba de ser un pobre hombre que, además de carecer de oficio ni beneficio, ni siquiera tenía familia conocida. En sus conclusiones finales mantuvo la petición inicial de pena de muerte para el acusado.

El 8 de octubre de 1957 se conocía la sentencia por la que se condenaba a Mariano Tabar Aranache a la pena de muerte. Su abogado defensor recurriría ante el Tribunal Supremo, aunque esta última instancia judicial mantuvo la condena impuesta por la Audiencia de Navarra. Sin embargo, solicitaría un indulto a la Jefatura del Estado, aduciendo las circunstancias personales del condenado, tales como su desarraigo social y personal. El Consejo de Ministros concedería esta medida de gracia al condenado, siendo sustituida su condena por otra accesoria de 30 años de cárcel.

A partir de ese instante se pierde cualquier pista sobre la vida de Mariano Tabar Aranache, que iniciaría un largo periplo por las cárceles españolas en la que, como es de suponer, contactaría de nuevo con esos bajos fondos de personas desheredadas de cualquier esperanza en este mundo como le había ocurrido a lo largo de su penosa y descentrada existencia.

 

El asesinato de «El Montañés»

Los años previos a la Guerra Civil española, el puerto de A Coruña era una de las paradas obligadas rumbo a tierras americanas. A mediados de la década de los años 30 del siglo pasado la emigración a Cuba sufrió un espectacular frenazo a consecuencia de la crisis que padecía el país caribeño, motivada por la recesión mundial de 1929 y a los sucesivos ciclones que habían barrido la isla en cuestión de un lustro. Aún así, las arribadas al puerto coruñés de grandes navíos con destino a las Américas continuaban siendo constantes. Se decía que, como consecuencia de las mismas, en la ciudad herculina se daban cita todo tipo de personas, algunas de las cuales dejaba mucho que desear su reputación.

Uno de los muchos que llegaron en aquel entonces a la ciudad gallega más grande en aquel entonces fue un hombre que se llamaba Vicente Echevarría, a quien apodaban «El Montañés» por ser originario de Cantabria, dónde vivían tanto su madre como algunos de sus hermanos. Era un joven de 27 años que había sido expulsado de Cuba a consecuencia de su reiterado comportamiento delictivo. Las autoridades de la isla decretaron su expulsión tras haber perpetrado varios robos así como supuestamente haberse dedicado a actividades de proxenetismo, muy habituales, por otra parte, en la antigua «Perla del Caribe».

La prensa de la época califica su vida de «equivocada» cuando no de «disoluta» por haberse metido en más de una ocasión en camisas de once varas. «El Montañés» cuando llegó a la ciudad herculina se hospedó en casa de su novia, una joven trabajadora que residía en la ciudad vieja. Sin embargo, el pronto tomaría contacto con los bajos fondos de la ciudad, dedicándose a las más variopintas actividades, aunque ninguna de ellas considerada normal para la época, ni mucho menos honrada. Carecía de oficio ni beneficio por lo que se dedicó a estafar a muchos incautos con el juego de las tres cartas y también con el timo de la estampita.

En su vida diaria contactaría con un individuo que se llamaba Gaspar López, de quien se decía que era expósito, es decir, que había sido hijo de una mujer soltera. En esos tres meses asaltaron algún negocio de los cantones coruñeses, siendo detenido Vicente Echevarría en alguna ocasión, si bien es cierto que no pasó de pernoctar más de una noche en el calabozo del cuartel de la guardia civil.

Tres balazos

Los medios impresos de la época, que achacaron su asesinato a su forma tan estrambótica de tomarse la vida, daban cuenta de que se había hallado su cadáver en las inmediaciones de la Torre de Hércules, presentando tres disparos de bala de un arma corta en el pecho y también en el rostro, además de diversos cortes y magulladuras en la cara y otras partes de su cuerpo. Según los dictámenes de los forenses, Vicente Echevarría había luchado en su intento de salvar la vida contra sus agresores, aunque al ir ellos provistos de un arma de fuego, nada pudo hacer este último por salvar su vida.

La policía inició sus indagaciones por los círculos en los que se movía «El Montañés», siendo inmediatamente detenido su amigo Gapar López, así como otro hombre que se llamaba Alfredo Riego, con quien, al parecer, la víctima había contraído algunas deudas. Sin embargo, ninguno de los dos resultó ser el autor del crimen que le había costado la vida al ciudadano cántabro.

Días más tarde fue detenido un conocido delincuente que se llamaba Juan Rivas Otero, natural de la parroquia de Alvedro, en Culleredo. Este último se declaró autor material de la muerte de Echevarría, en compañía de Alfredo Riego. Al parecer, el móvil del crimen se debería a un ajuste de cuentas entre la víctima y sus asesinos, motivado por las deudas que tenía contraídas con Riego y Rivas Otero.

En el mes de enero de 1936 se celebró en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio contra los supuestos asesinos de Vicente Echevarría. Alfredo Riego sería condenado a seis años de prisión al ser considerado cómplice del asesinato, además de intervenir previamente en la pelea a consecuencia de la cuál la víctima presentaba varios cortes y heridas en su rostro. El principal acusado Juan Rivas Otero sería condenado a 30 años de cárcel. Sin embargo, a consecuencia del levantamiento militar de ese mismo año, se desconoce la suerte que correrían ambos individuos, ya que en julio 1936 salieron muchos presos de las cárceles al declararse el estado de guerra.

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El primer atentado terrorista mortal en Galicia

Homenaje a las víctimas del terrorismo en Santiago de Compostela

1978 estaba siendo un año distinto en España. Se había estrenado muy recientemente la democracia y se habían instaurado unas libertades públicas que habían estado muchos años secuestradas. Galicia no era ajena al clima de ilusión por la libertad que se vivía en el resto del Estado. Sin embargo, todavía continuaban operando algunos grupos radicales que -en nombre de la libertad- no hacían sino atemorizar a un país que no reclamaba para nada su presencia ni mucho menos su falso yugo liberador. Más bien todo lo contrario.

Las personas de una cierta edad, principalmente aquellas que habían vivido la Guerra Civil, se sentían temerosas ante el clima de ilusión al que en algunas ocasiones denominaban libertinaje, ya que no estaban acostumbradas a que se produjesen ciertos hechos o acontecimientos que lo único que hacían era emborronar el siempre pacífico y acogedor estado de derecho. Algunos, con su actitud, querían perturbar a los gallegos y al resto de los españoles de hace ya 40 años, estando en su afán tan solo un ambiente de provocación que justificase un levantamiento armado del Ejército para así poder ellos excusar su irracional y nefasto comportamiento.

Galicia era algo distinto al resto del estado o, al menos, eso les parecía a los gallegos, unas gentes siempre sosegadas, con su eterna retranca que escondía un halo de buen humor y campechanía que se traducía en las sinceras sonrisas de aquellos hombres que todavía cubrían sus calvas con boinas en tanto liaban un cigarro de picadura, al que prendían fuego con un viejo mechero de gasolina. Sin embargo, a pesar de ese carácter bonachón, tranquilo y sincero de los gallegos, un terrible hecho, sin precedentes, alteraría a un pacífico y trabajador pueblo en la mañana del lunes, 28 de agosto de 1978, con el asesinato del guardia civil, Manuel Vázquez Cacharrón en la plaza de Abastos de Santiago de Compostela.

Un solo disparo

Esa mañana, como muchas otras, una hermana de la víctima había acudido a la tradicional plaza compostelana a vender productos de la huerta, siendo una persona muy conocida en Santiago por la totalidad de su vecindario. Se encontró con su hermano, el guardia civil Manuel Vázquez Cacharrón, con quien departía muy tranquilamente sobre mil y una cosas de las que solía hablarse en aquellos populares centros de reunión, charlando de vecinos y amigos, de como se encontraban los parientes de la aldea, de como iba la mañana. Pero esa tranquilidad y bonhomía que siempre se había respirado en aquel tradicional lugar de encuentro para vecinos y comerciantes se vería bruscamente alterada por la presencia de dos jóvenes de alrededor de 20-25 años, uno de los cuales portaba una pistola. Con la misma y de un solo tiro, que le alcanzó directamente en la cabeza, daba muerte al agente Vázquez Cacharrón. Al parecer, uno cubría al otro mientras este último efectuaba el mortal disparo que acabaría con la vida del miembro de la Benemérita.

Con la ayuda de los presentes en el recinto ferial, el herido sería trasladado al Hospital Xeral de Galicia donde ingresaría ya cadáver. El guardia civil contaba con solo 40 años de edad, siendo natural de la localidad de Arzúa, un precioso pueblo que se emplaza en los últimos tramos del Camino Francés que conduce a las tierras del Apóstol. El fallecido estaba casado y era padre de una numerosa prole de cinco hijos. El atentado terrorista, condenado de forma unánime por una sociedad que se resistía a dejarse secuestrar por los criminales, provocaría la pérdida de la inocencia de una tierra que tan solo pretendía hacer su vida y vivir en paz. Su hermana Palmira también requeriría asistencia sanitaria, ya que cayó desmayada en plena plaza por la impresión que le causó la muerte de su hermano. Los terroristas que habían asesinado al guardia civil, Juan José Muíños Formoso y Francisco Javier Rodríguez Veloso, huyeron del lugar a pie en dirección a la calle Doutor Teixeiro donde les aguardaba un SEAT 124 azul, que les facilitaría la huida de la capital gallega.

Al día siguiente de haber sido vilmente asesinado, Manuel Vázquez Cacharrón recibiría sepultura en su tierra natal de Arzúa. El entierro del agente fue una gran manifestación de duelo de toda Galicia, congregándose más de 3.000 personas en la celebración religiosa que tuvo lugar en el cuartel de San Lázaro. Era la contundente respuesta de los gallegos a un vil acto terrorista, que tendría su contrapunto en la actitud de unos pocos jóvenes que entonaron canciones de tiempos pretéritos con el único y exclusivo afán de provocar a quienes tributaban su último adiós al primer agente caído en acto de servicio en tierras gallegas.

Los Grapo y la LAG

Como era muy habitual en los tiempos de la Transición Democrática, distintos grupos protagonizaron una guerra de comunicados en los que se atribuían el atentado que le había costado la vida al guardia civil en Santiago de Compostela. En un principio lo hicieron los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), pero también se quiso apuntar el tanto un grupo desconocido de tendencia separatista y radical, denominado Liga Armada Galega(LAG). Los investigadores se decantaron porque fuesen los primeros, ya que tenían una cierta infraestructura en Galicia, concretamente en Vigo, en tanto que la LAG era un grupúsculo vinculado al nacionalismo de izquierdas que había perpetrado un atraco a una sucursal del Banco del Noroeste y algunas otras actividades terroristas de escaso calado.

El 13 de septiembre de 1978 sería detenido en Ourense un militante de los GRAPO Francisco Javier Rodríguez Veloso, alías «El Andaluz», a quien se le acusó de haber sido el autor material de la muerte del agente asesinado. Prueba de ello, fue que en su poder se halló el arma reglamentaria que llevaba el día de su asesinato Manuel Vázquez Cacharrón, una pistola Star. En 1980 sería condenado a 25 años de prisión por la Audiencia Nacional, institución encargada de juzgar los delitos de terrorismo.

En el año 2010, siendo alcalde de Santiago en su primera etapa el socialista Xosé Sánchez Bugallo, justo cuando se cumplían 32 años de su asesinato, el Ayuntamiento compostelano tributó un sentido homenaje a la figura del guardia civil asesinado por los GRAPO. El mismo consistió en la dedicatoria de una calle en nombre del agente muerto en acto de servicio en el barrio de Fontepedriña, donde vivía su viuda y el resto de su familia.

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El crimen de Frades

Casa consistorial de Frades

Los pequeños municipios gallegos, divididos en centenares de parroquias y estas a su vez subdivididas en miles de lugares, son noticia precisamente porque nunca o casi nunca ocurre nada. Entre sus habituales vecinos, una gran mayoría de los cuales son ya personas de una cierta edad, reina una tranquilidad y calma que nos atreveríamos a calificar de pasmosa. Son sitios idóneos para escapar al estrés y a la agitación que supone el nuevo ritmo de vida marcado a veces por unas crueles y sofocantes agendas que no dejan el más mínimo rescoldo para detenerse y descansar plácidamente a la sombra de unos castaños en tanto se entabla conversación con cualquier vecino que se aproxime. A estas últimas circunstancias si están acostumbrados los habitantes de Frades, una pequeña localidad distante poco más de 30 kilómetros de Santiago de Compostela, que parece cabalgar eternamente sobre el río Tambre, quien se dejar caer mansamente sobre su precioso y verde entorno regando enormes praderías y sirviendo, a su vez, de disfrute para los aficionados al deporte de la pesca.

Este municipio, que apenas tiene 2.600 personas censadas, es el clásico lugar para huir del ajetreo diario sin que nada o nadie moleste a quien pretenda relajarse escuchando únicamente el canto de los pájaros o los leves y agradables ruidos de las aguas del caudaloso Tambre que descienden mansas y tranquilas a lo largo de todo el inigualable enclave que siempre ha representado la comarca de Ordes. Sin embargo, esa eterna calma de la gozaba su vecindario se vio repentinamente alterada en los días previos al inicio oficial de la primavera en el año 2.000, cuando Frades aún no había bajado de la barrera de los tres mil habitantes, aunque su descenso demográfico no había hecho más que comenzar hasta convertirse en progresivo en los últimos tiempos.

Lo que prometía ser una plácida mañana de fin de semana se convertiría pronto en un inefable drama que consternaría pronto a sus tranquilos vecinos aquel 18 de marzo del último año del segundo milenio. Nadie se hubiese imaginado que uno de sus residentes, un hombre ya octogenario José Corral Rey tomase en sus manos la tradicional escopeta de caza, muy habitual en muchas viviendas del rural gallego, para con ella regar de sangre la tierra que con su límpidas y celestiales aguas baña el mítico y pacífico río Tambre.

A primeras horas de la mañana de aquel sábado este hombre, de 81 años, se dirigió con el arma a la casa en la que vivían Flora Bello y María Teresa García, además de los dos hijos de esta, que contaban en aquel entonces con 19 y 14 años de edad respectivamente. Una vez allí, a poco más de medio kilómetro de su domicilio, perpetró una tragedia que aún sigue presente en la memoria de los vecinos de Santalla de Moar. Quizás un tanto despechado por la presunta relación que había mantenido con una de las mujeres, José Corral no dudó en disparar contra las dos mujeres, quedando estas tendidas sobre un charco de sangre. Heridas de gravedad fueron evacuadas hasta el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, donde una de ellas, Teresa García, de 38 años de edad, ingresó ya cadáver. Su madre, que contaba en aquel entonces con 67 años, sería intervenida quirúrgicamente a causa de las heridas de perdigones que presentaba.

Suicidio

Tras cometer el execrable crimen, José Corral se encaminó a su casa con el claro objetivo de quitarse la vida después de haber sembrado de pánico y terror la siempre apacible parroquia de Santalla de Moar. Para ello utilizó el mismo arma con el que había atacado a las dos mujeres. Antes de entrar en su vivienda, aprovechando el repecho de una cuneta que había en el camino por el que había que dirigirse a su domicilio, se encañonó con la escopeta disparándose en el pecho, quedando muerto de forma prácticamente instantánea.

Ningún vecino hubiese esperado un desenlace fatal en la relación que había mantenido el asesino con sus víctimas. Al parecer, este último había estado conviviendo en casa de las mujeres sobre las que disparó hasta hacía poco más de dos años y medio. Se le atribuía una supuesta relación con la más joven de las mujeres, María Teresa García, si bien es cierto que este hecho era atribuido a la rumorología oficiosa que siempre reina entre los vecinos de localidades pequeñas, ya que esta última estaba casada y era madre de dos hijos.

Nadie en todo este término municipal daba crédito a la reacción que tuvo José Corral García aquel día previo a la última primavera del anterior milenio. Estaba considerado como un hombre de carácter más bien reservado y pusilánime. Algunos decían incluso que era algo miedoso y que jamás había presentado problema alguno de convivencia con sus vecinos, por lo que el trágico suceso que protagonizó pilló completamente desprevenida a una tranquila población que se vio sobresaltada en aquel sábado que se adivinaba como una plácida jornada de transición a una primavera que para nada resultaría romántica a los vecinos de la apacible localidad de Frades en la que hasta el tranquilo y ensoñador Tambre sintió en sus aguas el horrible sobresalto que siempre ocasiona una inesperada e indeseada tragedia que los convirtió por unos días en foco de atención mediática, también de forma que nadie hubiese deseado ni mucho menos imaginado.

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El asesinato del cura de Trabada

La intersección asturgalaica forma un territorio inigualable que, en sus onduladas formas, se van intercalando ambos territorios, Asturias y Galicia y viceversa, con hermosísimos parajes y frondosidades que hacen del mismo un lugar único y extraordinariamente apreciado por quienes desean gozar de algunos días o incluso algún tiempo de paz y tranquilidad. De hecho, para poder demostrar hasta donde llega ese mestizaje asturiano y gallego se da la circunstancia de que algunas aldeas y parroquias de las muchas que forman este entrañable territorio se subdividen entre dos comunidades distintas, la gallega y la asturiana, lo que da luego no pocos quebraderos de cabeza a sus vecinos con distintos aspectos administrativos que van desde el meramente administrativo hasta el fiscal, tan distinto y distante entre Galicia y Asturias.

Es a este territorio al que nos dirigimos para ocuparnos de un suceso acontecido en el año 1935, la época previa a la Guerra Civil que ensangrentaría España por los cuatro costados. En Asturias quedaba todavía muy reciente el recuerdo del pasado revolucionario que había regado de sangre la región hacía muy poco tiempo. Aquel año, 1935, estaba siendo muy convulso en toda España. A los distintos conflictos de carácter laboral, que cada vez estaban siendo más numerosos, se sumaba ahora uno de tipo político, el popularmente conocido como «escándalo Straperlo» un caso de corrupción que haría saltar por los aires al Gobierno de Madrid, presidido en aquel entonces por el republicano conservador Alejandro Lerroux.

Quizás el período de la Segunda República fue de los más problemáticos en la historia de España para ser cura. A los desmanes que protagonizaban algunos grupos radicales, entre los que se encontraban fundamentalmente los anarquistas, se sumaba una doctrina de profundas raíces anticlericales que cada vez encontraba un mayor número de seguidores en todo el estado, debido, quizás, a que mucha gente veía en ella la liberación de un yugo al que habían estado sujetos demasiados años, desde tiempos inmemoriales en los que la Iglesia Católica había mantenido un férreo dominio sobre una población a la que le había negado el pan y la sal, disponiendo de innumerables privilegios que iban desde el terreno económico al administrativo, pasando por el social. Pero, con la IIª República, dejó de ser así.

Pese a que el clero no gozaba ya de la influencia de antaño, los sacerdotes y religiosos eran considerados personas que tenían una cierta jerarquía social, a la que entonces se añadía también otra de carácter económico. Se suponía que en las casas rectorales que habitaban los clérigos había una cierta capacidad adquisitiva de la que estaban exentos el común de los mortales. De hecho, y como ya hemos visto en algún capítulo anterior, eran una buena presa para quienes pretendían rapiñar algo.

Disparos

Así sucedió a finales del mes de febrero de 1935, o esa es la versión que se ofrece desde algunos medios de la época. Aprovechando la cierta distancia que suele haber entre las casas rectorales y el resto de la población, tres individuos se presentaron en la vivienda que ocupaba el sacerdote José López Blanco, quien convivía junto con un hermano suyo y el resto de la familia de este, un gélido día de invierno ya bien entrada la noche. El cura era el párroco titular de la parroquia de Trabada, en el concejo asturiano de Grandas de Salime, muy próximo al lucense de A Fonsagrada, siendo la mencionada aldea uno de los muchos y clásicos puntos de intersección existentes entre Galicia y Asturias.

Los tres individuos que asaltaron al párroco, originario de Galicia y cuya feligresía dependía de la diócesis de Mondoñedo, hicieron uso de armas de fuego, intercalándose disparos entre asaltantes y moradores de la casa rectoral. Como consecuencia de ese intercambio constante de munición resultaría muerto el sacerdote, en tanto que su hermano sería herido de gravedad. Al parecer, los ladrones hicieron uso de las armas, dos pistolas, al percatarse que el cura disponía también de una escopeta de caza de la que haría uso hiriendo a uno de los energúmenos, Alejandro Redondo Anido, que días más tarde, sería detenido por la Guardia Civil en la parroquia de Támoga, en el municipio lucense de Cospeito. A consecuencia de las heridas por arma de fuego, el hermano del sacerdote sería trasladado al Hospital de Lugo.

En su detención, a Redondo Anido le incautaron una pistola, además de encontrarse herido de consideración como consecuencia del intercambio de disparos con el religioso. La munición le había alcanzado en la ingle de la pierna izquierda así como en la rótula. Este individuo, de 33 años de edad y oriundo del municipio lucense de Outeiro de Rei, ya había estado en la cárcel en reiteradas ocasiones. Al ser detenido delataría a los que le habían acompañado en el asalto a la rectoral de Trabada. Se trataba de David Iche Berja, vecino de la localidad asturiana de Turón, y José Sodeiro.

Divergencias

Como consecuencia del asesinato del sacerdote encargado de la parroquia de Trabada, Alejandro Redondo Anido sería condenado a reclusión perpetua, al igual que sus acompañantes. Sin embargo, existen ciertas discrepancias a la hora de enjuiciar al individuo antes mencionado, ya que hay quien circunscribe sus actuaciones al ámbito meramente político llegándole a considerar como un represaliado. Si bien es cierto, que Redondo Anido, que había trabajado como minero en Asturias, disponía de un amplio historial delictivo en el momento en que fue detenido por la muerte del religioso.

Respecto a sus compañeros, las fuentes son todavía mucho más difusas que en su caso, ya que apenas existen datos sobre ellos. Se sabe que tal vez David Iche había participado en el movimiento minero asturiano de la época, pero que muy probablemente contactara con su colega gallego para dedicarse a asaltar algunas propiedades ajenas. También se supone que fue a través suya como se hicieron con las armas de fuego, muchas de las cuales habían quedado en poder de los obreros tras la Revolución de Asturias.

 

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Impunidad para un crimen cometido en Ferrol

Serantes, Ferrol

A primeras horas de la mañana de aquel 5 de junio de 1992 un sobrino suyo, que se llamaba Ramón, encontró el cadáver de Amelia Orjales Beceiro tendido sobre un gran charco de sangre. Se suponía que su asesino se había ensañado con ella hasta donde le era menester en busca de un objetivo que, se supone, no consiguió. Una impresión brutal y temerosa para cualquier ser humano lo que sufrió el familiar de la mujer asesinada. De inmediato, puso en conocimiento de las autoridades pertinentes el hecho para tratar de aclarar lo que había acontecido para que su tía apareciese brutalmente asesinada.

Es a partir de ahora cuando empiezan los dimes y diretes, el ajusta y compón de un suceso que conmocionó a una pequeña población rural, como es Serantes, perteneciente al término municipal de Ferrol, en el que todo el mundo se conoce y existe una familiaridad máxima entre el vecindario. Ramón llamó de inmediato al 092 y los primeros en personarse fueron los agentes de la Policía Local de la ciudad departamental y es, a partir de ese momento, cuando se inician los desbarajustes en una investigación que no debería requerir una gran complicación.

Hay aspectos muy turbios en este asunto, que recuerdan al famoso Crimen de Los Galindos en la provincia de Sevilla, relacionados con la investigación. La familiaridad de la que se hablaba antes pudo llegar a que los vecinos invadiesen el domicilio de la víctima, previamente a la llegada de los guardias municipales o no se sabe muy bien si entraron en la casa cuando estos se personaron en el lugar de autos.

Robo

Todas las hipótesis apuntaban a que el móvil del crimen que le costó la vida a Amelia Orjales fue el robo, además de ser, supuestamente, una persona conocedora de su casa y sus costumbres. Se sospecha que el presunto autor de su muerte era conocedor de que la víctima tenía una acusada sordera y que supuestamente entró en su casa por la parte posterior de la vivienda, con el ánimo de robarle 300.000 pesetas (1.800 euros al cambio actual), que la mujer guardaba en una manta eléctrica. Sin embargo, sospechaban también los investigadores que el ladrón pudo verse sorprendido por la víctima y, ahí al reconocerlo, fue cuando perpetró su brutal crimen, asestándole un total de 20 puñaladas.

En su huida, al parecer, dejó abundantes huellas. Una de ellas estaba situada en el alféizar del la ventana por la se suponía que había huido. Pero, una vez más, al estar contaminado de otras pegadas, principalmente de los vecinos, ya que el escenario del crimen no fue protegido convenientemente, todo ello daría al traste con la investigación. En un primer momento se pensaba que el caso se resolvería en cuestión de días. Todo más tardar, semanas.

Seguramente se cree que el asesino era sabedor que esta mujer de 67 años de edad, que era soltera, vivía sola, así como tampoco se desechaba la posibilidad de que conociese los hábitos de su vecindario. La única pista que encontraron los investigadores de la Brigada de Homicidios cuando se hicieron cargo del caso fue que la televisión estaba encendida y la víctima tendida en el suelo frente a ella. Pero, poco o nada aportaría esta pista al esclarecimiento del suceso.

Se sabe que el criminal no logró su objetivo, pues el dinero en efectivo aparecería sobre una manta eléctrica en la que Amelia Orjales solía esconderlo. Cuando se hizo cargo del caso la jueza Pía Iglesias ordenó que se limpiase y desbrozasen los ribazos que rodeaban la casa, por si el autor del crimen hubiese arrojado a los mismos el arma homicida. Una vez más, la investigación no dio los resultados esperados, pues tampoco se encontró ninguna nueva prueba que arrojase un hilo de luz a un suceso que ya había nacido viciado de antemano.

Los forenses dictaminaron en su informe que la víctima habría muerto en torno a las nueve de la noche del día 4 de junio, unas 12 horas antes de ser encontrado su cadáver. Se interrogó a los vecinos preguntándoles si a esas horas habían visto a alguien merodeando alrededor de sus viviendas o de la víctima. Una vez más, los resultados fueron negativos.

Han transcurrido ya más de 20 años sin que se incoasen nuevas diligencias, por lo que el crimen ha prescrito, quedando en la más absoluta impunidad. Tal como está redactada la legislación, no se podría emprender ninguna acción contra el supuesto asesino aunque se declarase autor del mismo, aunque, todo hay que decirlo, eso es muy complicado que suceda.

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