Un constructor gallego asesina a dos promotores en Canarias

José Mosquera Campos en el momento de ser detenido

A comienzos del nuevo milenio fueron muchos los gallegos, tanto empresarios como trabajadores, que vieron en las islas Afortunadas un nuevo Dorado, aunque la realidad pintase otro panorama verdaderamente muy distinto. Muchos se desplazaban hasta allí en vista de los elevados salarios que se pagaban, así como de la oportunidad de hacer negocio que ofrecía el archipiélago canario. Sin embargo, como casi siempre ocurre, no todo el mundo alcanzó el tan preciado éxito que se busca y quizás por motivos del caprichoso destino la vida les mostró su rostro más amargo.

Un sector que atraía a muchos empresarios y trabajadores fue el de la construcción. Las nuevas urbanizaciones y segundas viviendas destinadas a los días de ocio provocaron una ingente mano de obra en las islas Canarias. Entre los empresarios del sector que hasta allí se desplazaron se encontraba un antiguo miembro de la Policía Armada, José Mosquera Campos, quien disponía de una pequeña constructora que iba tirando en Galicia, pero que la suerte le comenzó a resultar esquiva en el momento en que puso pies en el territorio insular.

Desde hacía algún tiempo este conocido constructor, originario del municipio lucense de Sober, mantenía agrias disputas con los promotores, a la sazón paisanos suyos, José Ernesto Rodríguez, Antonio Pérez Pérez y un hermano de este último. Detrás de esos enfrentamientos había problemas de carácter económico. José Mosquera aducía que los promotores no le satisfacían las cantidades adeudas por parte de los promotores inmobiliarios, además de hacer constantes rebajas en los precios de su trabajo. A todo ello se sumaba el hecho de que supuestamente las víctimas «le hacían la vida imposible», tal y como alegaría el encausado durante la vista que se siguió en su contra en noviembre de 2002 en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Discusión y tiroteo

El crimen que costó la vida a los dos promotores gallegos tuvo lugar en la mañana del 4 de agosto del año 2000 en una de las casetas que se utilizaban para guardar el material y otros elementos en la construcción de las obras de las urbanizaciones. Al parecer, José Mosquera había concertado una cita con los tres promotores, propietarios de la empresa Pevise, que operaba en la isla de Gran Canaria. Según manifestaría en el transcurso del juicio, dos de ellos acudieron a la hora prevista, mientras que el tercero, Casimiro Pérez Pérez, se demoraría diez minutos, suficientes para que pudiese salvar su vida, tal y como relataría el autor de los dos asesinatos ante la policía en el momento de su detención.

No hubo testigo que presenciasen el dramático suceso. Todo lo que se ha sabido acerca del mismo es a través de declaraciones y deducciones que hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad. El encausado alegaría ante el juez que sus dos víctimas le habían agredido, pues según se pudo observar en la comisaría presentaba algunos cortes o arañazos superficiales en el rostro, no se sabe si infringidos por el mismo o por terceros. Mosquera relató ante el Tribunal que sus dos víctimas habían utilizado un cúter para agredirle, aunque este arma jamás apareció en el inventario efectuado por los investigadores del caso.

En el interior de una de las casetas aparecería el cuerpo de José Ernesto Rodríguez, quien presentaba sendos disparos en el tórax y la cabeza realizados con un arma del calibre 22, la empleada por José Mosquera para darles muerte. Además, la circunstancia de hallarse en excedencia del cuerpo de Policía le facultaba para la posesión lícita de armas. A tan solo tres metros de dónde apareció el cadáver de la primera de las víctimas, ya fuera de las casetas y en un sendero de tierra, el cuerpo de Antonio Pérez Pérez, quien fue asesinado de tres balazos, dos en el pecho y uno en la cabeza. Después de cometer el doble crimen, Mosquera se entregaría en la comisaría de Policía de la capital gran canaria.

Condena y muerte

A pesar de que el juicio se celebró muy lejos de Galicia, concretamente en la isla de Gran Canaria, despertaría una gran expectación en la Comunidad gallega, que siguió con asiduidad sus sesiones a a través de los distintos medios de comunicación. La vista oral tendría lugar en noviembre del año 2002. En el transcurso de la misma declararía el hermano de una de las víctimas, Casimiro Pérez Pérez, quien se salvó milagrosamente de convertirse en la tercera víctima de una gran carnicería. Así, pudo saberse que, al parecer, los dos promotores asesinados habían decidido rescindir el contrato que los ligaba con José Mosquera Campos, lo que tal vez pudo ser el detonante de la matanza que consternaría a Galicia y a Canarias muy especialmente.

La Audiencia canaria condenaría a la pena de 30 años de prisión a Mosquera, quien cumpliría parte de su pena, primero en la prisión del Salto del Negro, próxima a Las Palmas de Gran Canarias. Posteriormente, sería trasladado hasta Alcalá-Meco y finalmente a la coruñesa de Teixeiro, en el municipio de Curtis. En el año 2006 obtendría la libertad provisional debido al grave estado de salud en el que se encontraba, ya que recientemente -por aquel entonces- le había sido diagnosticada una grave enfermedad, la cual terminaría con su vida en diciembre de ese mismo año.

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Asesinan a su hija y un criado en la tragedia de Lalín (Pontevedra)

Incendio de la vivienda de Lalín en la que se produjo la gran tragedia de 2010

En el año 2010 una gran crisis económica sacudía todos los cimientos de España, derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria que se había ido inflando excesivamente a lo largo de más de una década. Los concursos de acreedores y los despidos estaban a la orden del día. Nadie parecía encontrarse a salvo en un barco que parecía navegar a la deriva. Entre los muchos que se verían afectados por el reventón del globo que se había generado en torno al mundo del ladrillo se encontraba una pareja gallega formada por José Mouriño y Carmen Reboredo Lalín, quienes terminarían por erigirse en los tristes protagonistas de un suceso que conmocionaría a Galicia en la mañana del 29 de noviembre de 2010.

Se han barajado todo tipo de hipótesis, así como las causas que les llevaron a perpetrar semejante barbaridad, aunque la que más cuerpo ha tomado siempre ha sido la relacionada con las muchas deudas que se supone que acuciaban al matrimonio. Algunas informaciones llegaron a hablar de que rondaban los tres millones de euros y que su patrimonio se encontraba en trance de ser embargado. Nunca se supo muy bien quien o quienes indujeron a José Mouriño a introducirse en el negocio inmobiliario, hasta el extremo de llegar a presidir una empresa inmobiliaria, siendo una persona totalmente ajena a ese mundillo. Siempre había trabajado en la ganadería y quizás llevado por el afán de un lucro fácil y rápido, algo que no ocurre en el campo, fue víctima de algún desaprensivo que le indujo a una tragedia familiar que ha marcado profundamente a lo largo de la última década a la pequeña parroquia lalinense de Barcia.

Los hechos, realizados con total premeditación, se iniciaron a las cinco y media de la madrugada, cuando todos dormían en aquella vivienda acostumbrada a que hubiese luz antes del albor del día. A esa hora, José y Carmen aprovecharon la oscuridad de la madrugada y el mayor sigilo posible para dar muerte a la hija de ambos, Sonia Mouriño Reboredo, una joven de 22 años, a quien su madre le propinó un brutal hachazo en la cabeza, con el que terminaría con su vida prácticamente de forma instantánea. La tragedia no había hecho más que comenzar.

Incendio

Al parecer, según investigaciones realizadas posteriormente, el matrimonio tenía como objetivo acabar con la vida de todas las personas que residían en la casa, un total de cinco, además de con la suya propia. Para ello urdieron un macabro consistente en incendiar las principales estancias de la casa. En principio colocaron una bombona de butano en la habitación de Amador Vázquez Quinteiro, un hombre de 85 años que era criado del lugar desde tiempos inmemoriales. Para ello utilizaron los restos de espigas de maíz con la finalidad de que el fuego se extendiese al resto del inmueble en el que también se hallaban un hermano de Amador, la madre de Carmen Reboredo, y un hermano de esta última, quien sufría síndrome de Down.

Sin embargo, sus planes no les dieron el resultado que ellos buscaban ya que solamente perdería la vida Amador Vázquez Quinteiro, debido a que sufría graves problemas de movilidad y no pudo escapar de las llamas. A diferencia suya, si conseguirían salir sanos y salvos los restantes miembros de la familia, quienes desconocían lo que había sucedido y de la manera en como se había desarrollado aquella desoladora tragedia con la que se despertaban los gallegos en una otoñal mañana de noviembre.

Fosa séptica

Al tener conocimiento del incendio que había asolado la vivienda del lugar de Outeiro, se desplazarían hasta el lugar unidades de bomberos y de la guardia civil para socorrer a la familia afectada. Nadie sabía lo que había ocurrido hasta que encontraron el cadáver de la joven Sonia brutalmente asesinada. A raíz del fuego, acudirían también los vecinos de las inmediaciones en su auxilio. En un principio, se pensó en un asalto o incluso un ajuste de cuentas, dadas las elevadas deudas que había contraído José Mouriño en su gestión inmobiliaria. Pese a todo, muy pronto se iría recomponiendo aquel enrevesado rompecabezas. Faltaba por aparecer el matrimonio que se encargaba de la explotación ganadera y no aparecía por ningún sitio, siendo ellos la principal clave que ayudaría a esclarecer el trágico acontecimiento.

Alrededor de las dos y media de la tarde eran encontrados en el interior de una fosa séptica, utilizada para almacenar los excrementos y residuos del ganado para emplearlos posteriormente como abono. Allí se encontraban Carmen y José, completamente cubiertos de purín, presentando síntomas de intoxicación al inhalar el fétido aroma que desprenden los excrementos del ganado. El hombre les preguntó si ya habían muerto todos. El se encontraba temblando y disgustado, mientras que ella aparentaba cierta serenidad.

Algunas fuentes indican a que en ese preciso instante, Carmen Reboredo se inculpó de la muerte de su hija, en tanto que otras afirmaban que había sido su marido quien declaró ante los agentes que había sido su esposa la autora material del crimen que le había costado la vida a su pequeña. Posteriormente, serían trasladados al hospital Montecelo de Pontevedra para someterlos a un proceso de lavado de estómago y posterior desintoxicación, así como para proceder al pertinente reconocimiento médico. Al parecer la pareja habría planificado su suicidio con la ingestión masiva de gases tóxicos procedentes de la fosa séptica en la que se habían ocultado, pero sin conseguir su objetivo.

Nadie en la parroquia de Barcia era capaz de explicar tan desgraciado suceso, ya que tampoco se podían ni siquiera imaginar que pudo pasar por la mente de aquel matrimonio para perpetrar semejante atrocidad. Todo el vecindario los consideraba una extraordinarias personas, honradas y trabajadoras. Se decía que a Carmen se la veía muy poco últimamente y cada vez que se encontraba con algún conocido le hablaba de los «muchos millones» que pensaba ganar su marido con el negocio inmobiliario. A ella se la consideraba una mujer introvertida, dedicada en cuerpo y alma a trabajar en la explotación ganadera que había heredado de sus padres.

En el año 2020 sería derruida la vivienda en que se había producido la tragedia, siendo ya el último icono que quedaba en pie de la misma. En la casa ya no vivía nadie y su deterioro se había hecho patente, además de quedar profundamente estigmatizada al igual que sucede con todos aquellos lugares en los que se ha producido un hecho deplorable.

58 años de cárcel

Más de tres años después de la gran tragedia que consternó a Galicia se celebraría en la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por el suceso. Carmen Reboredo y José Mouriño serían condenados cada uno a una pena de 58 años de prisión, si bien es cierto que el Tribunal Supremo emitiría un auto en el año 2017 dando cuenta de que el máximo período que debían permanecer en la cárcel era de 25 años.

Según el escrito de la acusación presentado por la fiscalía, la intención del matrimonio era acabar con la vida de todos los miembros de la vivienda, descartando la posibilidad incluso de que la mujer sufriese algún tipo de alteración mental o psíquica, derivada en este caso del estrés que le podía ocasionar el hecho de cuidar a una persona como el criado, con graves problemas de movilidad. También incidía en la responsabilidad del marido de Carmen, pese a la autoinculpación de esta última, a quien consideraba una persona muy influenciable.

En el interín que va desde que se produce el crimen, noviembre del año 2010, hasta que se celebra el juicio, finales de 2013, la pareja había disfrutado de un período de libertad condicional por concluir el tiempo máximo de prisión provisional. En el mismo habían estado residiendo en casa de un familiar. Mientras, las otras dos personas que sobrevivieron al incendio ya habían fallecido en una residencia de la tercera edad emplazada en Lugo.

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Impunidad para el salvaje asesinato de un niño en Vilagarcía de Arousa

Entierro del pequeño José Antonio Paulos Márquez

La tarde-noche de cada día previo a San Juan es motivo de especial celebración en toda Galicia, muy especialmente en sus extensas áreas rurales en las que el ritual de espantar las meigas adquiere un relieve de unas características muy peculiares del que nadie procura no ausentarse. Millares de hogueras iluminan el cielo gallego en tan señalada fecha en el calendario en el que la fiesta y la algarabía se entremezclan con la milenaria tradición del sacro fuego purificador que servirá de bálsamo contra los trasnos, tangaraños y otros malos augurios que antaño eran calificados como nefastos atributos para la presencia de las almas en pena condenadas por espíritus malignos y que recorrían el noroeste peninsular en las frías y gélidas noches de invierno.

A lo largo de toda la jornada, y muy especialmente por la tarde, es muy frecuente ver como jóvenes y veteranos se dedican a realizar los preparativos para la noche más bella del año. Uno de los muchos chavales gallegos a los que entusiasmaba tan entrañable día del solsticio de verano era un crío de diez años, José Antonio Paulos Márquez quien salió de su casa en su bicicleta en la parroquia de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, en la busca de hierbas y flores con las que adornar su vivienda el día 23 de junio de 1991. Sin embargo, la pobre criatura no regresaría jamás.

Al poco tiempo de salir de su casa, en torno a las seis y media de la tarde, su padre comenzaría una infructuosa búsqueda en la que no obtuvo resultado satisfactorio alguno. Al demorarse en su regreso, se dio aviso a los vecinos y a las autoridades iniciándose una ardua búsqueda por todo el contorno que hubiera podido recorrer el pequeño, quien aparecería alrededor de las once de la noche en estado agonizante en medio de unos zarzales siendo encontrado por un agente de la policía local de Vilagarcía y la madre de la criatura, María del Carmen Márquez.

Agresión sexual

El niño, en el momento de ser encontrado, en la zona conocida como Pinos Mansos -a muy escasos metros de la vía del tren- se encontraba boca abajo con los bajos echados hacía atrás, con la camisa totalmente ensangrentada que le cubría el rostro, y el cuerpo doblado y los pantalones bajados. La autopsia mostraría posteriormente que el pequeño había sido violado por su agresor. Según los investigadores, el chaval debió ser atacado a unos quince metros de dónde fue encontrado en estado de extrema gravedad hasta ser arrastrado hasta la zanja en que fue depositado con la cabeza ya destrozada por los golpes, pues fueron encontradas algunas piedras ensangrentadas en las inmediaciones.

Inmediatamente después de su hallazgo, fue trasladado al Hospital Provincial de Pontevedra, a tan solo cinco kilómetros del lugar de los hechos, dónde el pequeño ingresó ya cadáver. Además, por las heridas que presentaba, entre ellas un brutal golpe en el cráneo, nada podían hacer ya los médicos por salvar su vida.

A partir de ese momento se inició un terrible deambular para la pequeña parroquia de Rubiáns y para la familia del pequeño asesinado. En un principio sería detenido un individuo, cuya identidad no fue facilitada nunca. Este hombre fue visto en la tarde de aquella jornada por el padre del muchacho en las inmediaciones de su vivienda, si bien es cierto que sería puesto en libertad tras comprobarse que no guardaba relación ninguna con los hechos.

Los investigadores pusieron su foco de atención en el padre del muchacho, Antonio Paulos, de 39 años de edad, quien estuvo buscando en solitario al muchacho aquella tarde, además de encontrar algunas lagunas en su declaración que le hacían suponer como sospechoso. Mientras, la madre de la criatura sospechaba que tal vez su muerte hubiese sido obra de algunos traficantes de droga, muy abundantes en la zona en aquella época, y que el crío fue testigo de algún asunto incómodo por lo que fue vilmente asesinado para eliminar cualquier tipo de pruebas.

Detención del padre

Más de año y medio después del asesinato de su hijo, concretamente a finales de enero de 1993, era detenido su progenitor Antonio Paulos, a quien acusaban de darle muerte a su vástago. La madre del pequeño dudaba de su culpabilidad y así lo hizo saber en una breve declaración a los medios de comunicación, ya que según ella, el padre se desvivía por su hijo y hasta que escuchase su declaración no terminaría por creer la acusación que se hacía.

En junio de 1993 Antonio Paulos era juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra, acusado de haber dado muerte a su hijo dos años antes. Sin embargo, el progenitor negó en todo momento las acusaciones de la fiscalía y resultaría absuelto al aplicar el tribunal el principio de «indubio pro reo», es decir la ausencia de pruebas concluyentes para incriminar al hombre que había sido juzgado.

Posteriormente, tras la acusación del progenitor, la madre del pequeño se mostraría totalmente convencida que el autor de su muerte era su marido, tal y como demostraría en diversas declaraciones a distintos medios de comunicación. El matrimonio terminaría por romper relaciones, abandonando ambos la vivienda que compartían. La misma sería vendida para -posteriormente- ser derribada y levantar una nueva edificación, como queriendo olvidar el trágico suceso que consternó a toda la comarca del Salnés y a toda Galicia en una ya lejana noche de San Juan.

Al parecer, en el cuerpo del muchacho asesinado se encontró un pelo que no pertenecía a la víctima. Sin embargo, esta única prueba que podría haber ayudado a esclarecer un asunto tan turbio, fue extraviada cuando se envió al Instituto Nacional de Toxicología de Majadahonda, en Madrid, para poder ser analizada y detallar a quien podría corresponder su ADN. Todo ello, unido a las casi tres décadas que han transcurrido desde el asesinato del pequeño José Antonio han provocado que el suceso haya pasado a formar parte de los crímenes que se encuentran sin resolver. En este caso con el agravante de que al haber transcurrido más de 20 años desde la última actuación judicial, el crimen ha pasado de forma impune al baúl de los recuerdos.

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Dos cadáveres descuartizados en dos maletas en Tomiño (Pontevedra)

En los primeros meses del año 1991 en Galicia se estaban viviendo los resultados del «Efecto Fraga» en el noroeste peninsular, además de asistir todavía a la lógica conmoción por algunos sucesos sangrientos ocurridos en el territorio gallego a lo largo de las últimas fechas del año anterior. Pese a todo, la comunidad gallega seguía siendo un territorio en el que, además de una gran calidad de vida, se gozaba de una extraordinaria seguridad que se reflejaba en las estadísticas que ofrecía el ministerio del Interior.

Al igual que en todas las sociedades del planeta ocurrían hechos y cosas desgraciados y desafortunados. Alguno de ellos, macabro y truculento. Uno de esos acontecimientos, bastante espeluznante por cierto, ocurría el 27 de marzo de 1991 en el embarcadero de la parroquia de Goián, en el municipio pontevedrés de Tomiño, desde donde parte un transbordador que une esta localidad con la portuguesa de Vila Nova de Cerveira. Ese día un vecino encontraba dos maletas cerradas, pero se percató de que de una de ellas sobresalía un brazo humano, en tanto que de la otra una cabeza.

Después de realizar el macabro hallazgo, este hombre puso el hecho en conocimiento de la Guardia Civil de la zona, quien -al abrir ambos portaequipajes- se encontró con la desagradable sorpresa que contenían sendos cuerpos humanos. Estos, que presentaban claras señales de violencia, estaban envueltos en plásticos recubiertos de cinta adhesiva de la empleada en los embalajes.

Un ex-jefe de policía portugués y su esposa

Una vez que el juez dio orden de levantar los cuerpos, y tras realizar las primeras inspecciones oculares, se supo que los cadáveres de las víctimas pertenecían a un policía luso, Antonio Amável de Sousa Carvalho, de 68 años, quien había sido el primer subjefe del cuerpo de la Policía y Seguridad Pública, de Portugal, y su esposa Gloria Vieira Peixoto, de 67. Su identificación no resultó complicada, ya que en una de las maletas en las que se encontraban sus cuerpos se encontró una tarjeta con las señales del responsable policial luso. A todo ello, también contribuirían las ropas que llevaban puestas, lo que unido a la colaboración de la Benemérita con las fuerzas de seguridad lusas, confirmaron la identidad a quienes correspondían los cadáveres.

Las primeras hipótesis apuntaban a que el crimen se había cometido en la localidad portuguesa de Braga, dónde habitualmente residía el matrimonio asesinado. Mientras, en torno al suceso, la prensa del país vecino apuntaba a que este podría haber tenido su origen en un supuesto ajuste de cuentas que habría podido llevar a cabo algún delincuente portugués.

La autopsia practicada a ambos cadáveres revelaría que el varón murió estrangulado, mientras que su esposa fallecería a consecuencia de algún golpe en la cabeza propinado con algún artilugio contundente. De la misma forma, se suponía que el crimen que les había costado la vida se habría cometido unos tres o cuatro días antes de encontrarse sus cuerpos.

Las primeras investigaciones practicadas por la policía de Portugal confirmaron que en la casa del matrimonio asesinado se encontraron restos de sangre en una escalera que conducía a la bodega de su casa, así como en un adoquín de granito emplazado en el mismo lugar. La hipótesis de que el crimen se había cometido en la calle Camoens de Braga, venía reforzada por el hecho de que las cuerdas que amarraban los cadáveres eran idénticas a las que utilizaba el matrimonio asesinado para atar manojos de cebollas que guardaban en su bodega.

Identificación del asesino

Días después del hallazgo de los cuerpos y de su posterior sepelio en la localidad de Braga de la que eran originarios, la policía lusa informaba que seguían la pista de un peligroso delincuente portugués, quien se había evadido recientemente de una prisión próxima a Lisboa.

Uno de los flecos que quedaría por atar en este dramático suceso, que conmocionó a la opinión pública gallega y todo el norte de Portugal, fue como se llevó a cabo el transporte de los cuerpos desde Braga hasta el embarcadero de Goián.

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Los GRAPO asesinan a un trabajador de Vulcano en Vigo

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Olegario Collazo fue asesinado en la Travesía de Vigo

La Transición democrática transcurría en Galicia con la más absoluta normalidad, incluso con una cierta alegría por los tranquilos aires de cambio que se estaban viviendo, que llegaban con la promesa de un futuro que, aunque incierto, todo hacía presagiar que era evidente una mejora en las condiciones de vida de los algo más de 2,7 millones de habitantes con los que contaba la tierra de Rosalía en aquel entonces. Solamente se sobresaltaban en época electoral, cuando algunos coches recorrían ciudades y villas gallegas con unos potentes y molestos altavoces solicitando el apoyo popular para una candidatura u otra. Era una de las grandes novedades del nuevo tiempo que se avecinaba, pese a que había muchas otras.

Galicia siempre ha tenido la sana fama de ser un lugar pacífico -cuando no idílico- en el que apenas suceden cosas graves, aunque, por desgracia, tampoco se libra de estar presente en las páginas de sucesos, como casi todos los lugares. El terrorismo tuvo una contada escalada en esta tierra, con algunos brotes, pero que por fortuna nunca llegaron a enraizar lo suficiente como para que se alterase la normal placidez y convivencia de los gallegos. En los años ochenta surgió un minúsculo grupo, el denominado Exército Guerrilheiro, cuya efímera existencia se saldaría con cuatro víctimas mortales y un indeterminado número de heridos. El lugar de Galicia donde más engarzaría el terrorismo fue la ciudad de Vigo, en la que -debido en parte a su actividad industrial- surgieron los autodenominados Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre(GRAPO), que llevarían a cabo algunas actividades violentas en el sur gallego y en Santiago de Compostela, principalmente, llegando a disponer en la urbe olívica de una sólida y constante infraestructura.

La primera víctima de los GRAPO en Galicia sería un humilde trabajador, Olegario Collazo Melón, empleado de la factoría Vulcano, quien moriría acribillado a balazos cuando se disponía a entrar en su utilitario a primera hora de la tarde del 9 de abril de 1979, lunes santo para más señas, jornada previa a la gran tragedia que viviría la ciudad tan solo 24 horas más tarde con el trágico y dramático accidente de Santa Cristina de la Polvorosa cuando un autocar en el que viajaban 45 niños, acompañados de sus profesores, se precipitaría a las aguas del río Órbigo a su paso por la provincia de Zamora. Y es que las desgracias nunca llegan solas.

Confusión

Si cualquier muerte violenta carece de cualquier explicación racional, en este caso adquiere dimensiones mayúsculas. Al parecer, según diversos comunicados emitidos por los terroristas posteriormente remitidos a distintos medios de información, el asesinato del trabajador de Vulcano obedeció a una dramática y macabra confusión. El objetivo de sus asesinos no era el empleado de los conocidos astilleros vigueses sino un inspector de la policía, a quien habían estado haciendo un seguimiento en fechas previas, tal y como quedaría acreditado en el juicio que se celebraría dos años más tarde en la Audiencia Nacional en Madrid.

Olegario Collazo había adquirido un coche de segunda mano que con anterioridad había sido propiedad de un funcionario del Cuerpo Superior de Policía. Los terroristas, confundidos por este impreciso dato, habían estado siguiendo al trabajador, quien se vio sorprendido a las cuatro de la tarde de aquel lunes santo cuando se dirigía desde su domicilio, sito en la Travesía de Vigo, hasta la factoría en la que prestaba sus servicios como administrativo por dos jóvenes, uno de los cuales vestía un anorak  y una gabardina clara disparándole, hasta en siete ocasiones, con una pistola del calibre nueve corto, una vez que había bajado la ventanilla de su vehículo. La víctima había sido alcanzada por la metralla en los pulmones y el corazón. Inmediatamente fue trasladado por los servicios sanitarios hasta el Hospital Xeral de la ciudad olívica en el que ingresaría cadáver, no pudiendo hacer otra cosa los médicos que confirmar su muerte.

El atentado provocaría una lógica ola de estupor e indignación en una localidad que para nada estaba habituada a este tipo de sucesos. Los trabajadores de Vulcano pararían en la jornada en la que tuvo lugar su sepelio, que constituyó una gran manifestación de duelo, en solidaridad con su compañero asesinado. La condena sería unánime desde todos los sectores de la sociedad gallega de la época, que se preparaba para vivir pacíficamente en democracia y libertad, aunque muchos pretendiesen con sus provocaciones alterar el tranquilo devenir al que siempre han aspirado y contribuido la totalidad de los gallegos.

55 años de prisión

Apenas medio año después de este asesinato, el cerebro de los GRAPO y principal inductor de este crimen, José María Sánchez Casas, sería detenido en Valencia, junto a otros miembros de la misma banda terrorista, entre los que se encontraba Isabel Aparicio, quien también había estado presente en la organización del atentado que le había costado la vida al trabajador gallego. El juicio contra estos dos terroristas, así como contra el autor material de la acción, Alfonso Rodríguez García y la también miembro del grupo violento, Carmen López Anguita se celebraría en abril de 1981 en la Audiencia Nacional en Madrid.

Los magistrados, en sus conclusiones definitivas, consideraron probado que Sánchez Casas había recibido información de otros miembros de su misma formación terrorista acerca del supuesto inspector de policía, que posteriormente no resultaría ser tal. De la misma manera también era condenado, en calidad de máximo responsable de los GRAPO, y de ordenar la muerte de Olegario Collazo a Rodríguez García, quien en aquel momento era el responsable de los comandos del grupo terrorista.

Por este crimen, José María Sánchez Casas sería condenado a 22 años de prisión, mientras que el ejecutor material del atentado, Alfonso Rodríguez debía cumplir una pena de 25 años de cárcel. Las dos mujeres detenidas serían condenas a cuatro años de prisión cada una de ellas por este mismo atentado. En total, las penas de cárcel por este suceso se elevaban a un total de 55 años de prisión, aunque Sánchez Casas acumulaba un total de 270 años de prisión por distintos hechos delictivos. Este terrorista fallecería en 1999, tras haber quedado en libertad dos años antes debido a la grave dolencia cardíaca que padecía. De la misma forma, también fallecería en la cárcel zaragozana de Zuera Isabel López Aparicio en los primeros días del mes de marzo del año 2014.

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Carnavales sangrientos en Vigo

El año 1994 quizás haya pasado a la historia por ser el más sangriento de la historia reciente de la ciudad de Vigo, convertida ya por aquel entonces en la urbe más grande de Galicia y en la que residían alrededor de 300.000 almas. A todo ello se unía la explosión demográfica de la Península del Morrazo, muy próxima a la ciudad olívica, que ya superaba los 100.000 habitantes y otros que se encontraban en zonas aledañas, tal como es el caso de Ponteareas, Mos, O Porriño y Redondela que estaban experimentando un más que notable crecimiento en plena década de los noventa.

Todo ello fue el caldo de cultivo perfecto para que en sus largas noches de marcha, en la que se reunían millares de jóvenes de todo la contorna de las Rías Bajas, se diesen cita todo tipo de personas, muy especialmente en fechas que están señaladas en el calendario como muy festivas, tal es el caso de las Navidades y los Carnavales. Fue precisamente en el transcurso de esta celebración cuando se produjeron dos horribles crímenes que consternarían de sobremanera a toda Galicia, quien todavía no se había recuperado de la fatal matanza de Nigrán, acontecida apenas quince días antes.

En la madrugada del martes de Entroido, 15 de febrero de 1994, morirían dos jóvenes en circunstancias muy confusas y que le llevaría su tiempo aclarar a los investigadores. En un callejón próximo al número 21 de la calle San Francisco fue hallado el cadáver del mozo Ramón Villar Gabín, de 33 años de edad, que presentaba varias heridas de bala en la cabeza. El fallecido era un viejo conocido de la policía pues había sido detenido en diversas ocasiones por atraco y se le relacionaba con el tráfico de drogas.

Discusión

Al parecer, según el relato del último testigo que lo vio con vida, Ramón Villar y este último habían mantenido una acalorada discusión alrededor de las diez de la noche del lunes, circunstancia esta que molestaría de sobremanera a los inquilinos de uno de los edificios próximos al lugar donde estaban manteniendo en enfrentamiento. Uno de los vecinos de un inmueble probablemente habría bajado con un arma en la mano y, sin mediar palabra, habría disparado contra su víctima, huyendo posteriormente del lugar de autos. De la misma forma, este testigo también abandonaría el sitio en el que estaba la víctima tendida para buscar a un amigo de ambos que se encontraba en un bar de copas de la zona. Sorprendentemente, cuando se dirigían al lugar en el que supuestamente se encontraba el cadáver de Villar Gabín, su cuerpo ya no estaba allí, por lo que decidieron poner el hecho en conocimiento de la Policía.

Más tarde, los agentes en compañía de los dos jóvenes encontrarían el cuerpo de Ramón Villar en las inmediaciones del callejón de San Francisco. Sin embargo, según la versión de los miembros del cuerpo policial y también de algunos vecinos de la zona, los disparos se habrían producido en torno a las cuatro y media de la madrugada del martes, tras haber tenido lugar un altercado proseguido de una reyerta. La policía practicaría diversas detenciones en jornadas sucesivas de personas que se encontraban relacionadas a los bajos fondos y al trapicheo de drogas de la ciudad olívica.

Seis puñaladas

Pero no sería Ramón Villar la única víctima mortal en aquella madrugada de martes de carnaval en Vigo. Otro joven de 21 años, Victor Manuel Visval Bugarín perecería tras recibir seis puñaladas en un barrio de la zona vieja. Al parecer, este último había salido disfrazado a disfrutar de la noche viguesa, cuando cayó mortalmente herido en las inmediaciones de la Cruz Roja. Allí, una enfermera salió del dispensario con la intención de atender al herido, pero ante la gravedad que presentaban las múltiples heridas fue trasladado inmediatamente al Hospital Xeral Illas Cíes de la ciudad olívica en el que fallecería.

La sangre no cejaría de correr en aquella trágica madrugada viguesa, ya que en la calle Eduardo Chao, un joven conocido como «O fillo do cego» agrediría con un arma blanca a otro hombre de 37 años, propinándole un total de siete puñaladas e ingresando en estado muy grave en la residencia sanitaria de la ciudad.

El capítulo de sucesos de aquella desgraciada noche lo cerraría otro muchacho que también fue acuchillado en la misma madrugada, recibiendo un total de cuatro puñaladas de las que fue atendido en el mismo centro sanitario que los anteriores, si bien es cierto que este último sería dado de alta pocas horas después de su ingreso hospitalario.

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Dos guardias civiles asesinados en Vilanova de Lourenzá

Los años ochenta eran tiempos difíciles para ser guardia civil en España, principalmente en el País Vasco donde se vivía la época conocida como Años de plomo por el gran número de agentes de instituto armado que habían caído como víctimas del terrorismo. En Galicia, afortunadamente, la situación era radicalmente distinta. Es más, los miembros de la Benemérita gozaban del aprecio y afecto de las distintas localidades en las que había el respectivo puesto de las fuerzas de seguridad. Aún así, hubo que lamentar varias muertes por distintos actos terroristas de un buen número de agentes, mayoritariamente ocasionadas por los GRAPO y una por miembros del desarticulado Exército Guerrilleiro do Pobo Ceibe Galego.

De todos es sabido lo siempre que están expuestos los miembros de las fuerzas del orden a exponer su vida, debido a que en ocasiones tienen que enfrentarse a energúmenos con amplios historiales delictivos y que, poco o nada, tienen que perder. Así ocurrió en la tarde del domingo, 10 de febrero de 1980, cuando los miembros de la Guardia Civil del destacamento de Vilanova de Lourenzá recibieron la llamada de alerta de sus compañeros de Ribadeo, dándoles los datos de un individuo que había sustraído un coche en la villa costera. Los agentes de Lourenzá esperarían al ratero alrededor de las cuatro de la tarde vestidos con uniforme de paisano a fin de evitarle sospechas. Sin embargo, el sexto sentido que suelen tener los delincuentes le funcionaría a la perfección, ya que se percataría inmediatamente que se trataba de dos agentes armados.

Abandono del vehículo

El hombre que había sustraído el vehículo en Ribadeo, Cipriano Lampón Gerpe, al sentirse acorralado por los dos agentes, así como un guarda forestal que se prestó a colaborar con miembros del instituto armado, iniciaría una huida por el área boscosa próxima a la villa de Lourenzá. En ella demostraría ser un consumado experto en la lucha armada y la supervivencia, ya que desde unos matorrales dispararía con la escopeta de cañones recortados que portaba contra el sargento Manuel Lamela Montouto, de 50 años de edad, alcanzándole en el externón y abdomen, resultando herido de extrema gravedad. El agente, a quien se le extrajo abundante cantidad de metralla en el antiguo Hospital Xeral de Lugo, fallecería doce días más tarde a consecuencia de las graves heridas que sufría, ocasionadas por los disparos que le había efectuado su asesino.

La lucha por la captura del joven delincuente la proseguiría su compañero, el cabo Angel Broz Novo, con quien realizaría un constante intercambio de disparos, dándose la mala suerte de que el miembro de la Benemérita acabó su munición cuando perseguía a Lampón Gerpe. Este último, consciente de su superioridad, le obligó colocar los brazos en alto y, colocándole la escopeta que portaba en la cabeza, ejecutaría al infortunado agente, un hombre de 34 años y nacido en la parroquia chairega de Valdomar, perteneciente al municipio lucense de Begonte.

Cipriano Lampón, que ya había pasado por la cárcel por distintos hechos delictivos, demostraría ser muy escurridizo, fugándose después de trepar por un muro, logrando sobrevivir al acecho de las fuerzas del orden durante dos días. Sin embargo, le traicionaría su ansia de satisfacer el hambre que le había generado su supervivencia en el monte. Sería detenido en el momento en que se encontraba robando una tarta en una confitería de la localidad de Mondoñedo por agentes que inmediatamente procedieron a su detención e identificación en la mañana del 12 de febrero, siendo trasladado a las dependencias de la comandancia de la vieja urbe medieval del nordeste gallego.

La escopeta de cartuchos con la que había cometido ambos asesinatos sería encontrada aquellos mismo días por un grupo de escolares del colegio de enseñanza primaria de Mondoñedo, abandonada en sus inmediaciones.

Condenado a 47 años de cárcel

Cipriano Lampón Gerpe sería juzgado en la Audiencia Provincial de Lugo en julio del año 1980. En total sería condenado a dos penas de prisión que sumaban un total de 47 años de cárcel, además de tener que indemnizar a los herederos de cada una de las víctimas con más de tres millones de pesetas (18.000 euros actuales). Al ser insolvente, y estar los agentes en acto de servicio, se haría cargo el Estado como responsable civil subsidiario.

Además de los dos asesinatos, que su defensa calificó de homicidio, se le condenaba también por delitos contra la seguridad en el tráfico, puesto que carecía de permiso de conducir, así como también por su reiterada actividad delictiva, ya que formaba de una banda de cinco delincuentes, cuatro de los cuales habían sido detenidos en las mismas fechas. El forense que lo examinó lo había calificado como un «psicópata desalmado». En su veredicto, el juez tuvo en cuenta la eximente de enajenación mental transitoria. De hecho, la sentencia sería apelada ante el Tribunal Supremo, quien ratificaría la emitida por la Audiencia Provincial de Lugo.

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Cuatro mujeres asesinadas por la Guardia Civil en Sofán (Carballo)

Inauguración del monumento a las Mártires de Sofán

Hace ya un siglo el mundo disfrutaba del que sería conocido como «Año de la Paz» en la mayor parte de Europa, ya que en el viejo continente habían cesado las hostilidades que a lo largo de cuatro años lo habían aterrorizado con la peor guerra de la historia hasta ese momento. De la misma forma, se luchaba con denuedo contra una terrible y temible epidemia de gripe, conocida mundialmente como «gripe española», aunque de española tuviese poco. Su denominación obedecía al hecho de que era en España el único país en el que se informaba de una grave dolencia que mataría a varios millones de seres humanos.

En aquel entonces, Galicia era un territorio muy pobre y muy atrasado. La única salida que le quedaba a sus hijos era hacer una vieja maleta en la que iban unas muy escasas pertenencias y marcharse allende los mares. El corrosivo y ancestral caciquismo, junto con la sempiterna Iglesia Católica continuaban siendo los tremendos lastres que dominaban a una población que, además de pobre y depauperada, era también sumamente analfabeta, siendo muy bajos, por no decir que brillaban completamente por su ausencia, unos índices mínimos de desarrollo humano.

En esas circunstancias en las que se aunaban la siempre todopoderosa institución eclesiástica con el poder omnínodo de los viejos caciques, la tierra gallega sucumbía a un atraso secular del que difícilmente sería capaz de sobreponerse alguna vez. Hubo casos en los que el pueblo respondió, aunque muy escasos, a ese brutal y peligroso poder y sus arbitrariedades, aunque terminaría llevándose siempre la peor parte.

Un motivo de enfrentamiento entre los distintos estamentos fueron los excesivos privilegios de los que gozaban los poderosos, lo que daría lugar incluso a episodios sangrientos como el sucedido el 16 de febrero de 1919 en la parroquia de Sofán, en el municipio coruñés de Carballo. Entre el vecindario de la localidad y sus gobernantes reinaba un cierto clima de tensión a raíz de la construcción de un nuevo cementerio. Los vecinos seguían utilizando el antiguo camposanto debido a que en el recientemente construido era frecuente ver pulular cerdos y aquel espectáculo, como es natural, no era para nada del agrado de los residentes de la parroquia. A ello se unía que donde se había levantado el nuevo cementerio había algunos manantiales que los vecinos deseaban preservar.

Entierro de un niño

El detonante de la tensión acumulada saltaría en la fecha antes aludida cuando se le iba a dar sepultura a un niño de cuatro años de edad, una de las muchas víctimas de aquella terrible epidemia de gripe. Los vecinos se dirigían a enterrarlo al cementerio viejo, pero se encontraron con agentes de la Guardia Civil y algunos matones al servicio de los caciques del pueblo. Además, habían cortado el camino de acceso al nuevo camposanto. Los miembros de la Benemérita trataron de impedir por todos los medios que el pequeño fuese sepultado en la antigua necrópolis. A consecuencia de lo cual se produjo un grave altercado. Los vecinos responderían a las fuerzas del orden mandándoles piedras y en algunos casos con palos. El resultado del enfrentamiento traería aparejado consigo una terrible tragedia de la que todavía se habla en nuestros días. La desproporcionada respuesta de la Guardia Civil se saldaría con la muerte de cuatro mujeres, además de resultar heridos y contusionados muchos otros vecinos que protestaban contra la arbitraria de la autoridad municipal que, junto con el organismo competente en materia de sanidad de la época, había sido el que había decretado el cierre del viejo cementerio.

La desproporción de fuerzas vino a consecuencia de los disparos indiscriminados de los agentes de la Guardia Civil, en unión con algunos matones al servicio de los caciques, contra la comitiva fúnebre. El horror se apoderaría del vecindario en aquella ya lejana tarde de invierno. Una de las escenas más horrorosas se vivió en el instante en que una de las mujeres María Caamaño Pallas, de 44 años de edad, fue atravesada por una bayoneta que portaba uno de los agentes. La mujer, que se encontraba en avanzado estado de gestación del que sería su octavo hijo, fallecería desangrada a consecuencia de la herida que le infirió el miembro de la Benemérita. Otra de las fallecidas Carmen Veira Souto, de 56 años, recibió un disparo en un costado que le segó la vida prácticamente de forma instantánea.

Las otras dos mujeres muertas en esta tragedia fueron Josefa Boulón Mato, quien moriría al recibir el impacto de una bala en la cabeza y María Serrano Paz, que resultaría herida en una pierna. Esta última fallecería después de ser ingresada en un centro sanitario de Santiago de Compostela. Un cuñado suyo había ido buscar a un médico para que la atendiese, pero fue detenido y no regresó a tiempo. La mujer recibiría sepultura en un cementerio de la capital gallega, aunque jamás se le informó a la familia dónde había recibido sepultura.

Repercusiones

La matanza efectuada por agentes de la Guardia Civil no pasaría desapercibida para la sociedad de la época, principalmente para los nacientes grupos de tendencia nacionalista que veían en esta tragedia un grave atropello al pueblo por parte de quienes los gobernaban. Se intentaron hacer manifestaciones de protesta, que serían impedidas por grupos y organizaciones de caciques que veían como se podrían resquebrajar algunos de los resortes de su ancestral poder. Sin embargo, las Irmandades da Fala serían los primeros en poner el grito en el cielo tras el suceso que había costado la vida a cuatro indefensas e inofensivas mujeres. En un mitín celebrado en A Coruña en el año 1920, Lois Peña Novo, Antón Vilar Ponte o Santiago Casares Quiroga criticarían duramente la actitud de las autoridades de la época, ya que era el tercer incidente en el que se registraba una matanza en los últimos diez años de aquel entonces en Galicia.

A pesar de que el suceso tuvo una gran repercusión en la sociedad de la época, enseguida se haría un sepulcral silencio que sería bruscamente interrumpido con la proclamación de la IIª República española. En aquel entonces, el alcalde de Carballo, elegido en las urnas el 14 de abril de 1931, José Bolón propuso levantar un monumento a las mujeres vilmente asesinadas por suscripción popular. Sin embargo, su iniciativa no llegaría a prosperar, siendo posteriormente relegada al baúl de los recuerdos.

No sería hasta el 16 de febrero de 2019, centenario del sangriento suceso cuando fue erguido un monolito en honor de las víctimas, que eran popularmente conocidas como las «Mártires de Sofán», siendo al fin rescatada su memoria de un ostracismo al que habían sido relegadas a lo largo de un siglo, aunque en la mente de las gentes del pueblo jamás se ha borrado el recuerdo de aquellas mujeres que fueron víctimas de una sanguinaria y cruel injusticia.

 

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Asesinado por celebrar un gol del Atlético de Madrid

En el mundo del fútbol siempre han existido fanáticos que han interpuesto los colores de su equipo a cualquier otra circunstancia, incluso a su propia existencia y a la de sus adversarios. Ignoran que se trata de un precioso y noble deporte en el que las diferencias se deben sustanciar dentro del terreno de juego y los aficionados son simples espectadores que se deben limitar a presenciar un gran espectáculo en el que no se puede ganar siempre. Por culpa de sus nefastas actitudes se ha originado una leyenda negra en torno al deporte del balón que le ha llevado a ser denigrado, aunque la mayoría de los aficionados al fútbol son personas comedidas y sensatas a las que, además de ver ganar a su equipo, les gusta presenciar un buen partido y disfrutar de las mejores jugadas en compañía de amigos, familiares y otros aficionados.

Cada vez que se produce un hecho luctuoso en el mundo del fútbol que, todo hay que decirlo, son más bien escasos, enseguida aparecen reflejadas estadísticas en algunos medios de comunicación cuyo único interés consiste en criminalizar a un deporte que nada tiene que ver con la violencia, sino más bien todo lo contrario. En España son muy pocos los hechos sangrientos relacionados con el fútbol los que hay que lamentar, aunque alguno, por desgracia, siempre se produce. Tal vez es así porque hay muchos aficionados que siguen con pasión este deporte. La mayoría de las veces estos sucesos están relacionados con grupos ultras, quienes cada vez tienen menos seguidores después de que los distintos estamentos deportivos y de orden público hayan hecho todo lo posible por erradicarlos hasta situarlos en la marginalidad más absoluta, que es donde deben estar.

En la década de los años noventa, concretamente en el año 1994, el fútbol gallego vivía uno de los momentos más brillantes de su historia, llegando a contar con tres equipos en la máxima categoría del fútbol estatal. Pero no solo eso, incluso dos de esos clubes, Deportivo y Celta, quienes, además de estar encuadrados en la primera división, alcanzarían sus mejores metas en ese año. El primero de ellos se proclamaría subcampeón de liga en una dura disputa con el Barcelona, que acabaría por llevarse el título en el último segundo, gracias a la parada del portero del Valencia al lanzamiento de penalti realizado por Djukic. Y en eso prácticamente corrió de la mano de su rival del sur, el Celta de Vigo, que perdería el título de Copa, merced también al error en la transformación de un lanzamiento desde el punto de penalti, en la tanda final, contra el Real Zaragoza.

Pese a esa buena racha, que se complementaría con el ascenso del Compostela de José María Caneda a la máxima categoría, el fútbol gallego contaría con un nubarrón negro que empañaría un precioso ejercicio. Este no fue otro que el asesinato de un aficionado en un bar de la coruñesa calle de la Estella el sábado, 12 de marzo de 1994, cuando se encontraba presenciando el encuentro que enfrentaba al Atlético de Madrid y al Barcelona en partido correspondiente a la jornada de liga en cuestión.

Dos puñaladas

El suceso se produjo cuando un joven de 19 años de edad, Emiliano López Prada, celebró el tercer tanto del Atlético de Madrid, que le ponía en ventaja frente al FC Barcelona. En ese momento, otro joven, que estaba presenciando el encuentro en el mismo establecimiento hostelero, sacó una navaja de grandes dimensiones y le proporcionó dos certeras puñaladas que acabarían con su vida prácticamente en el mismo instante. Una de ellas fue directamente al corazón, mientras que otra le perforó el costado. El joven estuvo tendido en el suelo hasta que llegaron los equipos sanitarios de emergencia, que le trasladarían a la Residencia Sanitaria Juan Canalejo, en dónde ingresaría ya cadáver.

Previamente, según informaciones periodísticas de la época, el agresor le había pedido dinero a Emiliano López, quien entonces cursaba segundo de derecho en la Universidad de A Coruña, negándose a darle cantidad alguna. Una vez cometido el acto delictivo, el agresor y el grupo que le acompañaba abandonaron el lugar de autos con destino a otro establecimiento para huir de la acción de la policía. Días más tarde los cuerpos de seguridad del Estado detendrían a ocho jóvenes, quienes estaban presuntamente relacionados con el suceso sangriento. El autor del crimen sería detenido y pasaría a disposición judicial, además de ser condenado a una dura y larga pena de cárcel.

El hecho causó una profunda conmoción en la ciudad herculina y en el mundo del fútbol en general. El joven fallecido era un conocido seguidor del Deportivo, además de ser ya, a su edad, donante de órganos, que le serían extraídos en el momento de su óbito. Con esta eran ya cinco las víctimas mortales de aficionados al deporte del balón que se habían producido en España entre 1982 y 1994. Pueden parecer muchas, pero afortunadamente, no son tantas como había habido en países de nuestro entorno, entre ellos el Reino Unido o incluso Grecia o Alemania, aunque nada puede justificar la muerte de un ser humano por culpa del fútbol y mucho menos de forma violenta.

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Una niña asesinada en Lugo

Avenida de A Coruña, lugar dónde fue secuestrada y asesinada la niña Marie Claire Paredes

A comienzos de la década de los ochenta, la ciudad de Lugo comenzaba a dejar atrás el pasado que siempre la había considerado como un entorno rural ligeramente más grande que los muchos y preciosos parajes rústicos que la rodean. Empezaba a ser una ciudad de verdad, que nada tenía que envidiar a muchas otras ciudades españolas iniciando una progresiva escalada de expansión, tanto social como demográfica, que la llegarían a convertir en una de las principales urbes del noroeste peninsular. En un momento dado estuvo considerada como la ciudad española que más crecía proporcionalmente de forma interanual. Al término de cada año de la década de los ochenta la capital lucense contaba con mil habitantes más que el año anterior, aunque, aún así, a todos sus residentes se les hacían grandes todavía las gradas del Estadio Santiago Bernabeu.

En la vieja urbe romana de Galicia se asentaban muchos de los emigrantes de pueblos y aldeas próximos que regresaban a su tierra después de una fecunda estancia en países europeos, además de muchos otros que comenzaban a abandonar el rural en busca de una prosperidad que no terminaba de llegar a sus lares de origen. Es en ese clima y en esas circunstancias a donde ahora nos dirigimos para narrar un trágico y terrible suceso que conmocionaría de sobremanera a una ciudad que estaba acostumbrada a vivir en la cotidianeidad y rutina más absolutas, únicamente interrumpidas -como siempre ha sido tradicional- en pleno mes de octubre por sus fiestas patronales en honor a San Froilán.

Esa dulce rutina sería bruscamente quebrada en el mes de agosto de 1980 cuando el día 8 del mencionado mes desaparecía una niña de nueve años que vivía con su familia en una calle próxima a la Avenida de A Coruña, donde sus padres regentaban un bar. Durante más de una semana todos los lucenses, tanto de la capital como de la provincia, estuvieron con el corazón en vilo en tanto no se tenían noticias de la pequeña Marie Claire Paredes Rivas, que aparecería brutalmente asesinada una semana más tarde de su desaparición en una casa abandonada muy próxima a la vivienda en la que residía junto con los suyos.

Familias conocidas

El día 15 de aquel caluroso mes de agosto de hace ya casi 40 años aparecería el cuerpo de la pequeña, horriblemente asesinada en una vivienda que pertenecía a la familia de su verdugo, José Fraiz Parga, un joven de 17 años que contaba ya con algunos antecedentes penales y que había estado internado en un centro de menores. Las familias del criminal y la su víctima se conocían de haber coincidido en la emigración en un país europeo en el que se habían afincado antes de regresar a la capital lucense.

La confianza que le inspiraba su agresor hizo que la pequeña atendiese sus requerimientos cuando se encontraba en compañía de otras amigas suyas en una sala de juegos de máquinas recreativas. Además, José Fraiz era cliente habitual del bar que regentaban los padres de la pequeña, situado en una calle paralela a la Avenida de A Coruña, por lo que no le costó ningún esfuerzo en convencerla para que lo acompañase. El motivo que había esgrimido su asesino era que le iba a enseñar unos conejos que eran propiedad de su abuela.

La suerte de Marie Claire Paredes no pudo ser más trágica y esquiva, ya que Fraiz Parga se aprovecharía de la confianza de la pequeña para darle muerte de una manera muy horrenda, dándole repetidos hachazos que terminarían con su vida, siendo hallado su cuerpo el 15 de agosto de 1980 en aquella vieja vivienda abandonada. Previamente, su raptor había intentado abusar de ella, a lo que la pequeña se resistió, gritando de forma reiterada. Posteriormente, intentaría matarla con una piedra y, en vista de que no lograba su macabro objetivo, le propinaría varios hachazos que terminarían con la vida de la niña. El joven asesino sería detenido de inmediato por la policía lucense sin manifestar ninguna emoción en el momento de ser arrestado. Se decía que uno de los agentes que lo había detenido le había preguntado si sabía lo que había hecho, a lo que el respondió muy secamente «si, la he matado».

Un tremendo sentimiento de impotencia y consternación se apoderó de una población que todavía no superaba los 70.000 habitantes, pero que rechazaba de forma muy enérgica cualquier atisbo violento que pudiese perturbar la habitual paz y tranquilidad de la que se gozaba en la siempre bella urbe romana. En la misma jornada en la que se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de la niña, alrededor de un centenar de personas se concentraron ante la vivienda de los padres de la pequeña solicitando la pena de muerte para su asesino, si bien es cierto que esta medida había desaparecido del ordenamiento jurídico español con la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Condena

El juicio por el asesinato que le había costado la vida a Marie Claire Paredes se desarrolló en Lugo a finales del mes de enero del año 1981 despertando una extraordinaria expectación entre los vecinos de la capital lucense, poco dados a que su ciudad copase las primeras páginas de los principales medios de comunicación de la época.

José Fraiz Rivas sería condenado a 25 años de prisión por el crimen que le costó la vida a la pequeña Marie Claire. Fue condenado por distintos delitos en grado de tentativa, entre ellos los de robo y violación, aunque se consideraba a estos como de forma reiterada, ya que había sido condenado por la sustracción de un bolso. La principal pena que habría de cumplir sería de 23 años de prisión por el asesinato de la pequeña. Todas ellas contaban con el atenuante accesorio de ser menor de edad en el momento en que habían ocurrido los hechos, pues el acusado todavía no había cumplido los 18 años.

Por otra parte, Fraiz Rivas debía indemnizar a la familia de su víctima con un millón de pesetas(6.000 euros), además de satisfacer las costas judiciales del proceso en el que había sido condenado.

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