El asesinato de Antonio Alfageme

En el año 1974 todavía eran muchos los gallegos que probaban fortuna lejos de su tierra, ya que esta seguía siendo un territorio esquivo a la suerte y al emprendimiento de algunas iniciativas que les permitiesen prosperar. Se esperaba con espasmódica y tensa calma el fin de un régimen que parecía inminente, aunque se demoraría casi dos años, los mismos que le quedaban del vida al viejo dictador. El sistema político estaba ya muy corrompido y su descomposición parecía ser inminente, principalmente desde que fuera liquidado en un atentado terrorista que se atribuyó a ETA el almirante Luis Carrero Blanco, que había sido asesinado cuando estaba a punto de concluir el año 1973.

Galicia continuaba siendo esa tierra atávica y ancestral que todavía seguía siendo retratada como un territorio peculiar y desconocido, en el que aún se escuchaban, aunque cada vez menos, los eternos cuentos de meigas, trasnos y tangaraños. De la misma forma, muchos gallegos de la época, principalmente en la provincia de Lugo, seguían trabajando de una manera tradicional en la que no daban por desaparecido a los viejos arado romano y el carro del país que, a lo largo de caminos y corredoiras, seguían entonando su no menos ancestral sintonía en la que su eje, escasamente engrasado, seguía siendo el gran protagonista.

Pero pese a que seguía siendo un territorio inmóvil y a veces podría decirse que aletargado, por su negativa a renovarse, era una tierra en la que sucedían cosas. Algunas eran buenas, y otras no tanto. Tampoco era el inquilino de El Pardo el único protagonista de aquella eterna Galicia, que tan solo un lustro antes había gozado de la gesta del Pontevedra CF en la máxima categoría del fútbol estatal al ya clásico grito de Hai que roelo!

Aquella primavera del año 1974 estaba siendo convulsa. Los motivos de esa convulsión los podemos encontrar en la ejecución de Salvador Puig Antich, quien había padecido una verdadera degolladura a consecuencia de la impericia del verdugo que le tocó en desgracia. Pero en Galicia se produciría un hecho singular que alteraría la tranquila convivencia de sus habitantes. En Vigo aparecía asesinado en la tarde-noche del 20 de abril de 1974 en el despacho de su oficina el empresario conservero, Antonio Alfageme del Busto, de 57 años de edad, y que, además de dirigir su puntera sociedad, era presidente de la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia, siendo toda una autoridad en su tierra en aquella época.

Un familiar de la víctima, Fernando García del Valle, ingeniero naval de profesión y yerno de Antonio Alfageme, daría la voz de alarma en torno a su desaparición, ya que su suegro se estaba demorando en regresar a su domicilio para cenar. Esta misma persona de su círculo más íntimo lo encontraría tendido en el suelo de la oficina en medio de un gran charco de sangre. Su asesino se había ensañado con su víctima, pues presentaba un gran número de cortes y puñadas hechas con algún objeto punzante que bien pudiera ser una navaja o un arma semejante.

Confusión

La muerte de Antonio Alfageme del Busto provocó la lógica consternación en su ciudad, Vigo, donde, además de ser un personaje muy popular y conocido, gozaba del aprecio de gran parte de sus paisanos. Cuando los investigadores hicieron sus primeras pesquisas se centraron en diversas pistas, algunas de las cuales podían apuntar a algunos empresarios de su mismo sector o por algún ajuste de cuentas. Sin embargo, había un hecho que parecía dar algo de luz en el asunto, el ensañamiento que había provocado en su víctima revelaba que se escondía alguna otra cuestión de tipo personal en la que estuviese involucrado el conocido empresario gallego.

Durante varias jornadas se sucedieron los interrogatorios a distintas personas de la ciudad, entre ellos al también empresario Francisco Rodríguez Rodríguez, propietario de la empresa de la distribución del butano de la ciudad de Vigo. Aunque resultó detenido en un primer momento, posteriormente sería puesto en libertad, al no encajar algunas de las piezas del impresionante rompecabezas ante el que se hallaban los investigadores policiales.

La principal clave del crimen que conmocionó a la sociedad gallega de entonces, la daría un cuaderno privado de notas de la víctima en el que se anotaban muchos teléfonos, entre ellos hasta los de siete señoritas, aunque para desvelar a quien correspondían debieron hacer encajes de bolillos, pues sus nombres estaban escritos en clave. Finalmente, la nómina de las investigadas se redujo a cuatro.

Entre esas investigadas se encontraba la esposa del propietario de la empresa dedicada a la distribución del butano en la ciudad olívica, María Cristina Pérez de Diego, una bella y distinguida dama de la alta sociedad de la ciudad del sur de Galicia de 42 años de edad, quien había sido condenada por adulterio. Esta fue la pista principal que siguió la policía, que le llevaría hasta su viejo conocido Francisco Rodríguez, quien sería detenido casi tres semanas después de haberse cometido el crimen. Para ser más exactos, su detención se produjo el 10 de mayo de 1974. La contemplación de una silueta con una chaqueta de color rojo en las inmediaciones de la oficina de Alfageme el día de autos fue clave también en su detención, pues esa prenda era la que habitualmente empleaba el industrial conservero en su despacho. El empresario del butano de la ciudad olívica confesaría ante los agentes de la comisaría viguesa el asesinato. Se comentaba entre personas de su círculo más próximo el hecho de que, pese a haber cometido un crimen y a estar en la lista de los sospechosos, hacía una vida completamente normal como si nada hubiese ocurrido y el asunto no fuese con él.

Estilete abrecartas

Tras confesarse autor del crimen, Francisco Rodríguez relataría ante las autoridades que detrás del sangriento suceso se hallaba una cuestión de carácter sentimental, pues su esposa se había convertido en la amante de Alfageme. Además, confesaría también que recibía cartas anónimas, escritas a máquina, en las que se le indicaba que su mujer se traía un lío de faldas con el conocido conservero. Estas mismas misivas resultaron también una clave para resolver el asunto, pues la letra de las mismas se correspondía con las de una máquina de escribir que Antonio Alfageme poseía en su propio despacho.

Previamente, Francisco Rodríguez había encargado a un detective privado el seguimiento de su esposa. Así era conocedor de prácticamente todos los detalles sobre su vida. Entre estos figuraba una cita en una pensión de Vigo, situada en la calle Alfonso XIII el 20 de abril de 1974. De la misma vio salir al presidente de los conserveros gallegos, mientras que tan solo unos momentos después saldría su esposa. Posteriormente, Francisco se dirigiría al garaje de su casa de donde tomó un desmontable, que guardó en el bolsillo del pantalón. Este era un aparato para sacar y poner las arandelas de los vehículos.

Provisto de lo que supuestamente precisaba, se dirigió a la calle Felipe Sánchez, donde se emplazaba el despacho de su víctima, a quien la abordó en el momento en que esta la abandonaba. En un principio le propinó un empujón así como una patada en el bajo vientre, lo que provocaría que Alfageme cayese de rodillas al suelo, donde continuaría golpeándole de forma insistente con el desmontable, provocándole una primera conmoción.

Tras la primera agresión, Francisco Rodríguez se dirigió a los lavabos con la intención de asearse, pero vio como la víctima trataba de alcanzar la puerta arrastrándose por el suelo, por lo que proseguiría agrendiéndole con mucha mas saña. Ahora utilizaría un estilete de abrir cartas o posiblemente una navaja, con la que le propinaría hasta un total de 13 puñaladas en el cuello que acabarían con la vida de Antonio Alfageme. Tras cometer el crimen, el propietario de la empresa de combustibles se dirigió al muelle de Vigo, donde arrojaría al mar el arma utilizada en la comisión del asesinato. Esa misma noche, cuando regresó a su domicilio, después de cenar se iría al cine con su esposa.

Condena

El 10 de junio de 1975 se celebraría el juicio por el crimen que costó la vida a Antonio Alfageme en la Audiencia Provincial de Pontevedra, presidiendo el tribunal el magistrado Mariano Rajoy Sobredo. En un principio se pedían 15 años de cárcel para Francisco Rodríguez, así como una indemnización de un millón de pesetas para los herederos de la víctima. Los encargados de juzgar este controvertido y rocambolesco caso tuvieron en cuenta distintas atenuantes que se derivaban de los informes elaborados por los peritos y psiquiatras que se encargaron de juzgar ese suceso. Así, según los forenses, el acusado presentaba una «personalidad inmadura», a lo que se añadía un «bajísimo nivel de angustia», además de calificarlo como un «psiconeurótico de carácter patológico» lo que significaba un «defecto en la formación de la personalidad», siendo inconsciente de sus actos en el momento de cometer la agresión mortal sobre Alfageme. A ello se añadía la negativa de la víctima a hablar con el agresor en el momento previo a cometer el crimen, lo que desencadenó su furibunda reacción, sufriendo en ese momento un trastorno mental de carácter transitorio.

Francisco Rodríguez Rodríguez sería condenado en sentencia firme a la pena de ocho años de prisión mayor, así como al pago de una indemnización cifrada en 900.000 pesetas a los herederos del empresario conservero vigués. Se tuvieron en cuenta las atenuantes presentadas por su abogado defensor, indicando que el agresor había actuado de «forma obcecada» en el momento de asesinar a Antonio Alfageme. A todo ello se añadía los antecedentes que presentaba su esposa, quien, como ya se ha indicado, había sido condenada por adulterio.

En aquel tiempo, hace ya 45 años, se pretendió relacionar este crimen con el famoso «caso Reace», un escándalo motivado por la desaparición de más de cuatro millones de kilos de aceite en el año 1972 de su factoría, ubicada en el municipio de Redondela, muy próximo a Vigo. El aceite desaparecido pertenecía a la Comisaría General de Abastecimientos y estaba valorado en casi 170 millones de pesetas (más de un millón de euros actuales). En torno a este escándalo se producirían distintas muertes en muy poco tiempo, relacionándose el deceso de Alfageme con otros similares acontecidos en aquella época. De la empresa Reace, propietaria de la factoría de la que había desaparecido el aceite, formaba parte de su consejo de administración Nicolás Franco Bahamonde, hermano del entonces Jefe del Estado, Francisco Franco, aspecto este que aumentaba el interés público por tan dramático asunto.

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Mata a su padrastro en Pedrafita do Cebreiro

Durante la Segunda República se vivió una época muy convulsa que se hacía más latente a medida que se acercaba la Guerra Civil. Galicia continuaba siendo un territorio pobre y atrasado con bajísimos índices de desarrollo humano. La única salida que les quedaba a los más jóvenes era la emigración, pese a que las fronteras de la isla caribeña de Cuba habían sido prácticamente cerradas con una nueva legislación que obligaba a contratar a naturales insulares. A todo ello se unían las consecuencias de una durísima crisis económica acaecida en el año 1929 y a los desastres naturales que habían afectado a la antigua colonia española. El destino predilecto se encontraba ahora más al sur, Argentina y el pujante Uruguay, conocido como «La Suiza Americana». Aún así, los gallegos preferían marcharse de su tierra a estar condenados de por vida a vivir andando detrás de una yunta de vacas o bueyes que le proporcionaban, muy a duras penas, lo justo para vivir, aunque aquello no era una existencia digna ni nada que se le pareciese.

En el interior, casi todo rural, era donde más se notaban los efectos de la pobreza crónica que condenaba a miles de gallegos. Sin embargo, estos no eran ajenos a la crispación que desde hacía algún tiempo afectaba al resto de la sociedad española. Por aquí también anidaban importantes grupos de insurrectos que no dejaban de cometer algún que otro atentado, sintiendo especial predilección por religiosos y personas a las que se les suponía un importante patrimonio. Quizás, detrás de estos ataques, se escondiese una gran cúmulo de pobreza que ahora también se aprovechaba de una situación que se encontraba cada vez más caldeada para rapiñar aquello que podían. No había semana que los distintos medios impresos de la época no diesen cuenta de algún acontecimiento violento, muchas veces sangriento, en los que las fuerzas del orden se veían obligadas a intervenir con una cierta energía para tratar de apaciguar a quienes muchas veces alteraban la pacífica convivencia de la ciudadanía.

Es en ese clima y en esas circunstancias es donde se desarrolla el siguiente hecho sanguinario, teniendo como lugar la principal entrada a Galicia de la época, el municipio de Pedrafita do Cebreiro, en plena montaña lucense. Allí, el 2 de diciembre de 1935 aparecerá muerto Pedro Villar en unas circunstancias demasiado extrañas, que pronto apuntarían a su hijastro como principal responsable de su muerte, ya que mantenían unas relaciones que para nada eran buenas.

A la feria en caballo

Aquella mañana, que se encontraba a tan solo siete meses de la declaración de una sangrienta guerra, Pedro Villar partiría, como en muchas otras ocasiones, en su caballo hacia la feria de la vecina parroquia de Veiga de Forcas, regresando casi siempre cuando el evento comercial concluía, que solía ser al atardecer. En muchas ocasiones, cuando el sol ya se había puesto. En el mercado, además de comer el pulpo que por aquella época era la comida de los pobres, también departiría con muchos amigos y vecinos que se encontró en la misma. Algunos de ellos eran conocedores de las malas relaciones que mantenía con su hijastro, Marcelino Iglesias, con quien se había enfrentado la noche anterior, aunque no hubiese habido más que violencia verbal entre ambos. Lo que menos pensó Pedro es que no regresaría jamás a su casa, que en el trayecto de regreso le aguardaba la parca, enarbolada de forma violenta por quien compartía su misma vivienda.

Conocedor del itinerario que realizaba su padrastro, Marcelino Iglesias esperó a que anocheciese, junto con su cómplice, Josefa Ferreiro, para dar muerte a Pedro Villar. Tal vez supuso que nadie sospecharía de su siniestra acción, pese a que muchos vecinos ya estaban enterados de las malas relaciones entre Marcelino y Pedro, pues no era la primera vez que se veían obligados a intervenir en las impresionantes trifulcas y reyertas que ambos mantenían. Iglesias aprovechó el conocimiento que tenía de los caminos por los que solía transitar quien se iba a convertir su víctima. Así, conocía también algunos recovecos de la montaña donde esconderse, así como las áreas en las que el espesor de la oscuridad nocturna era mucho mayor, en los que en las noches de invierno solían atravesar muchos menos viajeros.

No le dolieron prendas en asustar al caballo en el que iba Pedro Villar, quien caería del mismo, aunque solamente le produciría algunas lesiones y magulladuras sin importancia. Consciente de ello, su hijastro propinó varios golpes a su indefenso padrastro con un palo, apreciándosele una gran herida en la cabeza y otras en el rostro, según detallaría la posterior autopsia. Pese a su fortaleza física, el hombre que iba a caballo terminaría por sucumbir a la tremenda paliza que le había proporcionado su asesino, ya que presentaba desgarros cerebrales que fueron la causa de su óbito.

Tapado con piedras

Para evitar que fuese encontrado el cadáver de la víctima, Marcelino lo arrojaría a una charca en compañía de su cómplice, Josefa Iglesias, tapándolo con piedras para así poder despistar a una supuesta investigación. Al día siguiente, un vecino que pasaba por una zona próxima al lugar de autos se sorprendió al ver pastando tranquilamente un caballo que se encontraba ensillado y que inmediatamente reconoció como él que habitualmente empleaba el fallecido para sus desplazamientos. De la misma forma, en O Cebreiro, el vecindario también había mostrado su disgusto por la ausencia y desaparición de Pedro Villar, hecho que les parecía extraordinariamente raro, ya que solía regresar a casa a la conclusión de cualquier feria o mercado que se celebrase en la contorna.

Los agentes de la Guardia Civil fueron de inmediato puestos en sobre aviso por los vecinos de las malas relaciones que mantenían padrastro e hijastro, así como de una trifulca que habían sostenido en la noche anterior al crimen en la que tuvieron que intervenir para calmar los ánimos de uno y otro. Todas las miradas se dirigían hacia Marcelino Iglesias, quien pronto se declararía autor del suceso sangriento que le costó la vida a Pedro Villar. Además, confesó que para ayudarle a enterrar el cuerpo de la víctima se valió de la ayuda de una mujer, Josefa Iglesias, quien también sería detenida como cómplice de este sangriento hecho.

Cuatro meses después del crimen, a comienzos de abril de 1936, en la Audiencia Provincial de Lugo se celebró el juicio por la muerte de Pedro Villar, un hombre que en el momento de ser asesinado ya superaba los 50 años. El autor de su asesinato, Marcelino Iglesias sería condenado a 20 años de cárcel, con la agravante de premeditación, alevosía y nocturnidad, a lo que se sumaba el hecho de haber escondido el cuerpo de la víctima. Su compañera de andanzas, Josefa Iglesias sería condenada a ocho años de cárcel en calidad de cómplice. A ambos se les perderá la pista, como a muchos otros presos, tras la proclamación del Estado de guerra, en el que muchos presidiarios aprovecharían la confusión reinante para salir de los penales donde cumplían sus respectivas sentencias, enrolándose algunos de ellos en los distintos bandos que se enfrentaron en tan cruel conflicto.

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Mata a su hija de cinco años y se suicida

Desgraciadamente, los casos en los que los niños se convierten en las víctimas colaterales de las disputas de las parejas se cuentan por decenas, cuando no son el principal objeto de litigio entre ambos cónyuges. Todos los años son asesinados miles de criaturas en todo el planeta debido a las diatribas existentes entre sus progenitores, incapaces de saldar de forma civilizada sus diferencias. La prensa es testigo de múltiples casos en los que impacta de sobremanera el crimen cometido sobre un inocente menor que sufre así directamente las consecuencias de un suceso que debería afectarles en un grado mínimo.

Un hecho de estas características acontecía en A Coruña el día 30 de mayo de 1993 en el que un padre José Regueiro Ortigueira daba muerte a su hija de cinco años, María Regueiro Parafita, para después suicidarse. El triste y desgraciado acontecimiento sobrecogería a una ciudad que todavía sentía muy de cerca otro crimen en el que poco más de un año antes había tenido como protagonista a otro menor, a quien había dado muerte una vecina suya, pasando a conocerse popularmente como «el crimen de la maleta», ya que había sido en un equipaje de estas características en el que la asesina había introducido el cuerpo de la víctima.

El autor del crimen y suicida regentaba un conocido negocio de hostelería, conocido como «Bar Kesington» en la calle Marqués de Figueroa de la ciudad herculina, muy cerca de su estación de ferrocarril. Prácticamente, desde que la criatura había venido al mundo, se había ocupado siempre de ella, pues se encontraba separado de su esposa. Sin embargo, se dice que como consecuencia de una sentencia judicial desfavorable acabaría provocando una trágica y cruel venganza en la persona de su hija de tan solo cinco años de edad.

«Cerrado por defunción»

Una empleada del local de hostelería que regentaba José Regueiro se vio profundamente sorprendida a primeras horas de la mañana del lunes, 31 de mayo de 1993, al encontrarse con un cartel en la puerta de entrada en el que podía leerse de forma sobreimpresionada «cerrado por defunción», lo que generaría la sorpresa y posterior preocupación de la mujer, que hasta ese momento desconocía lo que había sucedido. Enseguida avisaría a un hermano del propietario del bar, quien también ignoraba a lo que podría aludir el cartel en cuestión.

Ante las sospechas de que pudiese haber ocurrido alguna desgracia, el hermano de Regueiro Ortigueira abrió el local con las llaves que disponía del mismo para encontrarse con la trágica y dantesca escena del crimen. El dueño del local aparecería ahorcado con un cinturón de una bata que había anudado a una barandilla, en tanto que el pequeño cuerpo de su hija, que estaba recostado sobre una silla, presentaba síntomas de haber sido estrangulada con una cuerda.

Inmediatamente después de haber descubierto aquella brutal y desagradable escena se comenzaron a suceder distintas hipótesis y versiones sobre las causas que habrían llevado a José Regueiro a tomar tan dramática y cruel decisión. En un principio se hablaba de que este hombre se encontraría en una más que problemática situación económica que le habría empujado a matar a su hija para después suicidarse.

Pasadas las horas, comenzó a tomar cuerpo la tesis de que recientemente el asesino y suicida se habría visto privado de la patria potestad que ejercía sobre la pequeña, tras una denuncia presentada por su progenitora. Los tribunales habrían tomado la decisión de retirarle la custodia de la niña, de la que él se había encargado desde que era un bebé, con apenas tres meses de vida.

Independientemente de cuáles hubiesen sido los motivos que pesaron en la conciencia de José Regueiro Ortigueira, lo cierto es que nos encontramos una vez más con un ejercicio siniestro de la sinrazón realizado sobre víctimas inocentes que no entienden sobre decisiones judiciales ni tampoco de esas otras que muchas veces se ceban con sus vidas, tomadas por unos progenitores que no son capaces de razonar y comprender que los pequeños son seres de lo más absolutamente inocentes que se puedan imaginar.

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Un crimen con recompensa en Campo Lameiro

De todos es sabido que los tiempos de la Posguerra, principalmente aquellos más inmediatos a la conclusión del conflicto fueron los peores años de la historia contemporánea de España. En Galicia serían conocidos como «os anos da fame». Una gran parte de la población española de la época carecía del más elemental sustento, a lo que se sumaba una creciente especulación con los precios de los artículos de primera necesidad provocada por el mercado negro, popularmente conocido como estraperlo. Nadie se escapaba a los terribles y temibles efectos de una economía en retroceso, a la que se añadía un conflicto mundial que se libraba a tan solo unos kilómetros de los Pirineos.

Pese a que se vivía en una férrea y cruel dictadura, en la que supuestamente no se movía nadie, no dejaban de sucederse algunos episodios sangrientos, que, en muchos casos, llevaban a sus autores al patíbulo. Sin embargo, esto último no era óbice para que hubiese personajes que traspasasen esa temida línea roja, que podía significar la condena a muerte, produciéndose algún que otro hecho siniestro.

Ese fue el caso de un crimen ocurrido en la localidad de Campo Lameiro, en el interior de la provincia de Pontevedra, un municipio colindante con el de A Estrada, que es el más significativo de cuantos le rodean. Este suceso, ocurrido el 23 de febrero de 1943, tardaría hasta diez años en ser resuelto por parte de los investigadores, debido a que a lo largo de ese período de tiempo estuvo rodeado de un cierto halo de misterio. Tal vez el hecho de que fuese descubierto con una década de retraso salvó a su autor de morir en el garrote vil, debido a que en ese tiempo se realizaron algunas modificaciones en el código penal, entre ellas la de que todos los casos de homicidio fuesen juzgados bajo jurisdicción militar. Desde 1950, esa competencia quedó exclusivamente reservada a los tribunales ordinarios, en tanto que los castrenses entenderían únicamente de lo que acontecía en el estamento estrictamente militar.

Desavenencias

En Campo Lameiro eran conocidas las desavenencias entre una sobrina, María Adelia Rodríguez Peña y su tío Jesús Rodríguez Castro. Las mismas podrían estar motivadas por cuestiones de carácter patrimonial, ya que, al parecer, este último no habría legado bien alguno a su familiar o, cuando menos, no tenía la intención de testar a su favor. Para evitar que esto se produjese, la mujer contrató los servicios de un tercero, Edelmiro Peña Torres, para que diese muerte a su tío.

Este último recibió la nada despreciable cantidad de 500 pesetas por acabar con la vida del ascendiente de María Adelia Peña. Lo hizo de una forma que se puede considerar tradicional en Galicia, ya que para ello utilizó una azada con la que asesinó al pobre hombre, quien vivía solo. Su cuerpo inerte sería descubierto por los vecinos, pero jamás pudieron imaginar quien podría estar detrás de aquel crimen. Ni mucho menos se les pasaba por su mente que el autor actuase bajo la motivación de una recompensa económica.

En un principio se investigó a varios vecinos de la zona, que resultaron ser todos inocentes. Tardarían casi diez años para encontrar una pista fiable que llevase a los investigadores a dar con el presunto autor. Se dice que alguien sospechaba de Edelmiro Peña, quien mantendría una estrecha amistad con la instigadora del asesinato. A todo ello se sumaban las desavenencias que mantenían María Adelía y Jesús Castro, que estaban en boca de todos los vecinos.

Sea como fuere, lo cierto es que a finales del año 1952 fue detenido el autor del crimen, quien, en un primer momento, se confesó autor del asesinato por el que estaba siendo investigado. Sin embargo, en el transcurso del juicio que se celebró en su contra, en el mes de marzo del año 1953, negaría en todo momento los hechos que se le imputaban. Declararía que si se reconoció el crimen era porque había perdido la razón. De la misma forma, también María Adelia Rodríguez negaría cualquier relación con el crimen que, diez años antes, había conmocionado a la pequeña localidad de Campo Lameiro.

Sin embargo, de nada les sirvieron sus evasivas, ya que ambos individuos serían condenados por la Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia firme, a la pena de 30 años de reclusión mayor. Además, deberían indemnizar a los familiares de la víctima, de forma conjunta y solidaria, con la cantidad de 25.000 pesetas, además de tener que hacerle frente a las costas procesales.

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Un crimen en la emigración gallega juzgado en A Coruña

Centro Gallego de Montevideo

De todos es sabido que la emigración gallega realizó una muy fecunda labor en tierras americanas en la primera mitad del siglo XX. La huella de la diáspora gallega no dejó indiferente a nadie. «Gallego» es un apelativo, y también un calificativo, muy común en nuestros días para referirse principalmente a los españoles, así como a la forma de expresarse de quienes proceden de la Península Ibérica, independientemente de cual sea su origen.

Hoy en día la estancia gallega en las tierras que se sitúan allende el Océano Atlántico sigue estando muy viva entre sus gentes, conservando los ancestrales centros culturales que fundaran hace ya más de un siglo la ingente cifra de emigrantes galaicos que se trasladaron a diferentes países del nuevo mundo en busca de una prosperidad que se les negaba en la tierra de sus padres. Sin embargo, también en esa gran colonia surgieron algunos problemas con consecuencias demasiado trágicas que para nada empañarían la extraordinaria labor llevada a cabo por quien huía de una miseria que, en su tierra, estaba más que asegurada.

Un dramático suceso de las características antes aludidas tendría lugar el 30 de julio de 1955 protagonizado por dos personas que se habían trasladado a Uruguay, otrora denominada la Suiza americana que, sin embargo, en la década de los cincuenta ya se encontraba en una muy franca decadencia. El caso acontecido en pleno centro de la capital uruguaya, Montevideo, estaría hoy en día encuadrado dentro de lo que se denomina violencia de género o machista.

Un botellazo

Dos gallegos que habían salido hacía ya años rumbo a América, Roberto Díaz Vilar y María del Pilar Cancelo Pérez se conocieron en el país del Plata en torno a la segunda mitad de los años cuarenta del pasado siglo. Ambos se habían separado de sus antiguas parejas y habían iniciado una convivencia, calificada de «ilegal» por la prensa española de la época, haciendo referencia con toda seguridad a que en aquel entonces se consideraba un delito el amancebamiento estaba tipificado como delito en el código penal española y así seguiría hasta mayo del año 1978.

Desde hacía ya algo más de un año las relaciones entre Roberto y Pilar se habían ido deteriorando, desconociéndose las causas, aunque quizás la difícil situación que comenzaba a atravesar el país sudamericano tuviese mucho que ver. Sea como fuere, se cuenta que las peleas y enfrentamientos en la pareja estaban a la orden del día. El estado de su relación llegaría a un punto extremo en el verano de 1955, llegando hasta tal punto que el hombre sacudiría un botellazo a su compañera que la dejaría inconsciente. Roberto Díaz aprovecharía la situación para asfixiar a Pilar Cancelo con un cinturón de los que empleaba para ajustarse los pantalones. Posteriormente, recogería el cuerpo de la víctima y lo depositaría en una cantera, dónde sería hallado por la policía uruguaya.

Consciente de que la justicia se le echaba encima, el emigrante gallego trató de poner tierra de por medio, o mejor dicho agua en este caso, para huir del país americano, trasladándose en los primeros meses del año siguiente, 1956, a su tierra de origen. Además, aprovecharía para cobrar los salarios devengados a su compañera. Su destino sería la localidad coruñesa de Valdoviño, muy cerca de Ferrol.

Interpol

En vista de que Roberto Díaz había desaparecido sin dejar rastro alguno, la policía uruguaya alertaría a la Interpol para que se procediese a la detención del ciudadano hispano-uruguayo, pues el criminal poseía ambas nacionalidades. Una vez localizado, las autoridades sudamericanos solicitaron de las españolas su extradición, ya que estaba acusado de un delito de asesinato. Debido a un convenio de reciprocidad en la justicia que afectaba a los emigrantes vigente entre España y Uruguay, este último estado aceptó que a Roberto Díaz Vilar fuese juzgado por tribunales españoles con la condición de que no le fuese aplicada la pena de muerte, vigente en el Estado español para determinado tipo de delitos, pero que no la contemplaba la legislación del país charrúa, lugar en el que se había cometido la infracción penal.

El acusado de la muerte de María del Pilar Cancelo Pérez, una emigrante gallega de 49 años, sería condenado en noviembre de 1958 a una pena de 16 años de cárcel por un delito de homicidio, además de verse obligado a reintegrar el importe de algo más de 3.000 pesetas que había defraudado a la Hacienda uruguaya, en concepto de los salarios devengados obtenidos ilegalmente de su compañera. De la misma forma, también se le condenaba a pagar las costas judiciales y a indemnizar con 102.000 pesetas a los familiares de la víctima.

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Un guardia civil de Luarca mata a un cura por celos

En el año 1986 la preciosa localidad del occidente asturiano de Luarca, que se asienta sobre un pequeño entrante del Mar Cantábrico, se vería fuertemente sacudida por un inesperado suceso al que no le faltaba ningún ápice de morbo, salpicado, y sea dicho esto con todas las reservas, con un pequeño condimento de humor negro, más propio del Groucho Marx de sus mejores tiempos, a quien seguramente la realidad terminaría por superar a la ficción.

El suceso ocurrió en el hostal madrileño Veracruz, en la calle de la Victoria en pleno Madrid de los Austrias, el 24 de septiembre de 1986, pero todos los protagonistas de este singular enredo eran asturianos. En la fecha mencionada, el guardia civil Luis del Álamo, presa de una horrible excitación y celos, terminaría con la vida del sacerdote Antidio Fernández Llera disparándole un solo tiro. Sin embargo, la raíz de lo que fue un crimen por celos tenía unas amplias raíces que venían gestándose desde hacía algún tiempo.

Este triángulo sentimental lo cerraba la esposa del guardia civil, destinado en la agrupación de tráfico de Luarca, Constantina Pérez Fernández, quien se había casado con el agente en el año 1965. Fruto de este matrimonio habían nacido las dos hijas de la pareja que contaban con 19 y 16 años de edad respectivamente en el momento de producirse el suceso que conmocionaría al occidente astur en plena década de los ochenta.

Ansiedad

Desde hacía algún tiempo Constantina Pérez sufría problemas de ansiedad y tensión emocional por lo que había acudido a diferentes especialistas. La mujer compaginaba sus tareas domésticas con otras entre las que se encontraba la de ser catequista de la parroquia astur de San Esteban de Barcia, parroquia perteneciente al concejo de Luarca y situada a poco más de dos kilómetros y medio de su localidad. En la época en la que aconteció el suceso, decidió abrir una boutique que contó con el visto bueno de su cónyuge.

En el mes de septiembre de 1986 Constantina se trasladó a Madrid con la finalidad de adquirir ropa para vender en su tienda. Para ello, se alojaría en el hostal Veracruz, en pleno centro histórico de la capital de España. Su marido desde hacía tiempo se encontraba muy molesto por la manera de intimar entre su esposa y el religioso, ya que se veían muy a menudo y el sacerdote la acompañaba a muchos de sus desplazamientos, siendo este uno de ellos.

Debido a la desconfianza que le levantaba el sacerdote, Luis del Álamo, llamó por teléfono desde su casa al local en el que se hospedaba su mujer preguntando por el religioso, haciéndose pasar por un hermano de su esposa. Una vez hecha la comprobación, se desplazó a Madrid portando consigo su arma reglamentaria que, a la postre, sería la que terminaría con la vida del clérigo.

Desnudo

En el día de autos a las ocho y media de la tarde, el guardia civil subió a la habitación en la que se hospedaba su esposa. Para que a la situación no le falte ni un solo ingrediente de intriga, se sorprendió y excitó sobremanera al contemplar a Antidio Fernández Llera desnudo de la cintura para arriba, además de estar con la cremallera del pantalón bajada. Inmediatamente entró en el cuarto en el que estaba su esposa, quién apareció en paños menores, vistiendo únicamente la braga y el sujetador. Ella trató de convencer a su marido de «esto no es lo que parece» y que solamente había entrado en la habitación para conversar, sin que aquello tuviese ninguna naturaleza de carácter sexual.

A raíz de la escena, el guardia civil entró en un grave estado de excitación, definido por la sentencia que le condenaría a dos años de prisión por homicidio como «descontrol de su libre voluntad liberándose en él automatismos de disparos por entrenamiento profesional y que no pudo dominar». Como resultado de esta situación se entablaría un forcejeo entre el sacerdote, Constantina y Luis del Álamo, a consecuencia de lo cual este último efectuaría un disparo sobre el religioso que fallecería prácticamente de manera instantánea.

El suceso causaría una gran conmoción en la villa marinera de Luarca en la que, como otras muchas de su mismo estilo, nada ni nadie remueve la tranquilidad y hasta el tedio en el que se desarrollan gran parte de sus días. Sin embargo, este suceso alteraría su devenir cotidiano como ocurre siempre que acontece un hecho trágico. El sacerdote recibiría sepultura tres días más tarde en el cementerio de la parroquia de Busto, perteneciente al concejo de asturiano de Villaviciosa. El funeral fue oficiado por el entonces obispo auxiliar de Oviedo, José Sánchez.

Condena

En junio de 1987 se celebraría el juicio contra el guardia civil que había dado muerte al párroco de San Esteban de Barcia. Luis del Álamo, el autor del crimen, sería condenado a dos años de cárcel por homicidio. El tribunal estimó la eximente incompleta de enajenación mental transitoria y la atenuante de arrepentimiento espontáneo y descartó que se tratase de un asesinato. De la misma forma, el condenado, que sería puesto en libertad condicional al cumplir mitad de la pena, debería indemnizar con dos millones de pesetas(12.000 euros) a los padres del sacerdote fallecido.

Fratricidio por una herencia en Lalín

Parroquia de Bendoiro, donde ocurrió el crimen

De todos es sabido que las herencias en Galicia han provocado de siempre más de un disgusto y, en muchos casos, se han resuelto de forma trágica puesto que en ellas se dilucidaba algo más que el simple valor de la propiedad de unas tierras o unos inmuebles. También en ellas estaba en juego un falso honor, así como también el hecho de demostrar a amigos y conocidos quien verdaderamente lideraba el clan familiar. Hasta ha corrido sangre en más de una ocasión por razones de algún patrimonio o por la simple circunstancia del cambio de marcos de algunas fincas con las que se pretendían apoderar de apenas unos metros cuadrados cuyo valor es muchas veces exiguo, por no decir que no valen absolutamente nada, máxime en los tiempos actuales en los que el rural gallego corre el serio riesgo de una absoluta despoblación, tanto por el envejecimiento masivo de sus moradores como por la baja tasa de fecundidad, a lo que se suma la forzada marcha del mismo de las últimas generaciones.

El siguiente suceso ocurrió en la primera mitad de los años sesenta, en un tiempo en el que los gallegos ya habían dejado de emigrar a América. Ahora su destino era la próspera Europa que había emergido como un ciclón tras la Posguerra mundial. Sin embargo, Galicia continuaba siendo una tierra atrasada que, como decía Valentín Paz Andrade, perdía una importante mano de obra por la constante marcha de sus hombres en la plenitud de sus vidas. Todavía quedaban amplias capas del mundo rural sin electrificar. Ni que decir tiene que sus infraestructuras eran propias de otros tiempos.

Los gallegos seguían transitando por los mismos caminos que los habían hecho generaciones de hacía un siglo o incluso más, comúnmente conocidos como corredoiras, que eran viales empedrados, estrechos, sin pavimentar y muy abruptos que en los largos y lluviosos inviernos solían enfangarse a rebosar, quedando algunos de ellos completamente intransitables. A diferencia de lo que sucede en la actualidad, más de la mitad de la población gallega vivía en un basto territorio rústico de una agricultura de subsistencia en la que predominaba el minifundio, uno de los principales responsables de algunos hechos sangrientos que tuvieron lugar en el país gallego a lo largo de su historia. En el siguiente suceso se aúnan en si los problemas de carácter patrimonial propiamente dichos y las eternas dificultades que planteaban unas minúsculas y reducidas parcelas a las que apenas se les podía sacar el rendimiento deseado a lo que se unía una total ausencia de mecanización.

El 10 de agosto de 1962 en la parroquia de Bendoiro, en el municipio pontevedrés de Lalín, Manuel Núñez Villar, de 43 años, daría muerte a su hermano José, de 40 años, a consecuencia de las constantes disputas que mantenían por la herencia familiar. El autor del crimen disparó varios veces contra su familiar, tras haber discutido por la propiedad de unas fincas que, según afirmaba el criminal, le pertenecían a él, aunque, según algunos indicios, sus progenitores no habían realizado el oportuno testamento. De la crueldad del crimen, da cuenta el hecho en si mismo, ya que después de haberle alcanzado con varios disparos en distintas partes del cuerpo, Manuel se ensañó con su víctima propinándole varios cortes con una hoz que terminarían con la vida de José Núñez Villar.

Detención

Tras haberse perpetrado el hecho sangriento, los vecinos informaron a la Guardia Civil de lo sucedido que inmediatamente procedió a la detención del presunto asesino. El suceso provocaría una gran consternación en aquel entorno rural, muy pacífico y hasta un tanto monótono como la práctica totalidad del campo gallego, pero que cuando se desata una tragedia parece que se derrumba ese tranquilo mundo que se ha ido levantando a lo largo de décadas.

Después del suceso, llegaban las múltiples lamentaciones, aunque había vecinos que aseguraban que se podría vislumbrar un trágico final a la difícil y tensa relación que mantenían ambos hermanos. Como resultado del mismo, se produjo una gran brecha familiar, ya que unos apoyaban a uno y otros a otro, aunque es difícilmente imaginable que se pudiese justificar un hecho sangriento como el que había ocurrido. Pero no sería la primera vez que se culpa a la víctima de haber provocado su triste final, tal y como ha ocurrido incluso cuando han tenido lugar algunos crímenes múltiples.

Para el vecindario de Bendoiro, el suceso marcaría a varias generaciones, que todavía hoy en día se muestran remisas a hablar de este hecho, tanto por tratarse de un vecino como del supuesto estigma que -piensan- ha recaído sobre un entorno rústico poco propicio a que sucedan hechos sangrientos, pero en los que, a veces, la convivencia se puede volver harto complicada.

Condena

Manuel Núñez Villar sería juzgado en febrero de 1963 acusado de asesinato con alevosía, aunque su abogado defensor argumentó en favor de su cliente que este había sufrido una enajenación mental transitoria, a lo que se añadía la supuesta provocación de la que habría sido objeto por parte de su víctima. Además, expuso también como atenuante el arrepentimiento espontáneo de su defendido.

El ministerio fiscal mantuvo sus tesis iniciales y solicitó una pena de 30 años de reclusión mayor, así como una indemnización de 300.000 pesetas para los herederos del finado, además de solicitar una orden de destierro de diez años, una vez cumplida la pena carcelaria.

Finalmente, la sentencia condenaría a Manuel Núñez Villar a 20 años de arresto mayor y a indemnizar con 150.000 pesetas a los familiares de su hermano José. Asimismo, se le imponía una pena de destierro que en este caso se reducía a tan solo tres años, una vez cumplido el tiempo que debería permanecer en prisión.

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Entierran viva a su hija de siete meses en Vigo

En el año 1992 se sucedieron una serie de acontecimientos en Galicia que conmocionaron y marcaron de forma extraordinaria a la sociedad gallega de la época. Lo peor de todo es que las tres víctimas de esos macabros sucesos eran niños de muy corta edad, en un caso un bebé de siete meses. En los otros dos, un niño sería estrangulado por una vecina suya en A Coruña, mientras que un depravado violaba y asesinaba de una manera horripilante a una niña de nueve años en la localidad lucense de Vilalba.

Uno de estos macabros acontecimientos sucedió en Vigo el 29 de febrero del año 1992, concretamente en su populoso barrio de Santo Tomé de Freixeiro. En esa fecha, unos jóvenes padres, que habían contraído matrimonio recientemente por aquel entonces, decidieron deshacerse de su hija de siete meses, Cristina, enterrándola viva, tras una ardua y acalorada discusión en torno a la paternidad de la pequeña. Los progenitores de la criatura, Pedro Alexandro Pereira da Silva, un ciudadano portugués de 19 años de edad, y María Magdalena Martínez Rey, de 20 años y que en ese momento se encontraba embarazada de cinco meses, tomaron esta decisión tras negar el padre de forma reiterada que la criatura fuese hija suya.

En un principio, al parecer, Pedro Alexandro había intentado asfixiar con sus propias manos a la niña cuando se encontraba en su cuna. Pero, antes de que falleciese decidieron introducirla en un envoltorio formado básicamente por plásticos para luego introducirla en un agujero de tierra, sin llegar a taparlo del todo, pues cuando los investigadores encontraron el cuerpo de la pequeña todavía le sobresalía una pierna. Además, los forenses pudieron constatar que todavía se encontraba viva en el momento de ser sepultada, pues le encontraron restos de tierra en la tráquea.

Frialdad

Después de haber enterrado a su propia hija, los dos asesinos mostraron una frialdad que sorprendería enormemente a su vecindario, pues les dijeron en reiteradas ocasiones que les había desaparecido Cristina mientras bajaron a depositar basura en los cubos destinados a este efecto. La misma versión narrarían en la Comisaría de Policía de Vigo cuando fueron a presentar la oportuna denuncia de desaparición, aunque muy pronto empezaron a levantar sospechas.

De la misma manera, a mediodía del domingo, primero de marzo, estuvieron tranquilamente tomando el aperitivo. En el transcurso de este clásico ritual, el padre de la niña fue duramente reprendido por su suegra por la frialdad que estaba demostrando. Al parecer, esta última le habría agredido con su bolso y los zapatos por encontrarse tan tranquilos mientras se desconocía el paradero de la pequeña.

A pesar de que el cerco se estrechaba ya demasiado, se seguirían enrocando en su postura de la desaparición en la jornada del domingo en sus declaraciones ante el comisario de policía de Vigo, quien, en un momento dado, detectó ciertas contradicciones en las declaraciones de los padres, por lo que decidió pasar a la ofensiva. El entonces responsable de la policía de la ciudad olívica, Luis Manuel García Mañá, observó que el padre de la criatura se comenzaba a encontrar cansado, nervioso y desconcertado, por lo que decidió interrogarle a el solo. En ese momento fue cuando Pedro Alexandro Pereira da Silva se derrumbó y contó todo lo sucedido, así como el lugar donde se encontraba enterrado el cuerpo de la pequeña.

Persona clave

La persona clave y a quien la madre de María Magdalena Martínez consideraba la responsable intelectual del crimen, era a su consuegra, la ciudadana portuguesa María Amelia da Silva, pues al parecer esta había sembrado la sombra de la duda sobre la posible paternidad de su hijo sobre la recién nacida. Además, la súbdita lusa también habría intentado coaccionar a su nuera para que abortase en el país vecino, aunque a última hora se habría negado. A todo esto se añadía, según el relato de María Magdalena Martínez, su suegra le habría sustraído 20.000 pesetas (120 euros) en el transcurso de su viaje a Portugal.

El suceso consternaría de sobremanera a la ciudad de Vigo, y muy especialmente al barrio de San Tomé de Freixeiro, pues nadie daba crédito a que se hubiese producido en aquel lugar un hecho tan macabro. La indignación vecinal se fue incrementando notoriamente a medida que se iban conociendo más detalles y pormenores en torno al truculento caso. De hecho, el funeral por la pequeña, además de constituir una gran manifestación de duelo, sirvió también para calibrar la indignación de toda la barriada contra los autores de la muerte de la pequeña, que serían ingresados en las prisiones de Vigo y Ourense respectivamente.

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Mata a su suegra y a su esposa en O Saviñao

En la segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo ya había comenzado el acelerón brusco del descenso de la población en los municipios más rurales y aislados de Galicia, principalmente aquellos que se encontraban en zonas de montaña u otros muchos que veían disminuir drásticamente su demografía porque las condiciones de vida no eran las más idóneas para las nuevas generaciones. Lo que no habían conseguido las masivas emigraciones a tierras americanas en la primera mitad del siglo XX ni las europeas desde principios de los cincuenta hasta los primeros años setenta, lo estaban consiguiendo otros factores secundarios en los que nadie había pensado jamás, uno de ellos la baja tasa de fecundidad de los gallegos de los últimos 30 años. Ahora se unía también el abandono de las nuevas generaciones del rural, pero con destino a otras áreas más pobladas, tales como cabeceras de comarca o ciudades como Lugo u Ourense, que experimentaban un notable auge motivado por la llegada masiva de gentes procedentes de sus respectivas provincias.

Ni siquiera se salvaban aquellos lugares que proporcionaban a los más jóvenes una cierta salida, tal es el caso de las explotaciones vitícolas del sur de la provincia de Lugo. Algunos pequeños municipios de la Ribeira Sacra veían descender su población a mínimos históricos por el abandono de los cultivos por parte de las últimas generaciones, que se desentendían de ese mundo rural que aún ofrecía algunas salidas a quienes estuviesen dispuestos a vivir en el campo.

Uno de los municipios que más directamente sufría esas consecuencias era o Saviñao que, hace ya 30 años, bajaba por primera vez en su historia de la barrera de los cinco mil habitantes hasta quedarse en los poco más de 3.700 que tiene actualmente. Los núcleos pequeños son los que más directamente están sufriendo los efectos de la despoblación, llegando a desaparecer una buena parte de los mismos, en tanto que otros están condenados a idéntica suerte en tiempos próximos.

En uno de esos pequeños núcleos, concretamente en San Vitorio de Ribas do Miño, en el referido municipio de O Saviñao, sus cada vez más escasos residentes se verían sorprendidos por un trágico y macabro suceso al atardecer del 29 de septiembre 1987. En esa fecha uno de sus vecinos, Javier López Andrade, daría muerte a su esposa, Milagros Rodríguez López, de 55 años, y a la madre de esta, Zenaida López, una mujer ya anciana tras dispararles tres veces con la escopeta de caza que tenía en su casa.

Celos

El móvil de este macabro crimen, que sorprendería y consternaría de sobremanera a las siempre pacíficas y entrañables comarcas de Ribeira Sacra y Terras de Lemos que convergen en distintos puntos, pareció deberse a los constantes ataques de celos de los que era presa el criminal, según declaraciones a la prensa de sus allegados así como también de una hija del matrimonio formado por Milagros y Javier. Otra de las personas de la que sentía enormes celos era de un cuñado suyo, con quien su esposa había vivido hacía ya algún tiempo.

El suceso se produjo cuando se encontraban discutiendo Javier López y Milagros en su casa. En ese momento se dirigió a la misma la madre de la mujer para pedirles que les diesen maíz para las gallinas cuando la madre de una de las víctimas quiso mediar en la discusión que mantenían su hija y su yerno. Es entonces cuando este último se aprovisiona del arma de fuego que guardaba en su casa disparando contra su suegra, quien recibiría dos impactos de bala, uno en el costado y otro en la espalda. Su esposa fallecería de forma instantánea de un solo disparo que el agresor disparó certeramente sobre su espalda.

Al consumar el doble crimen, Javier López Andrade se dirigió a casa de un vecino suyo para solicitarle que lo trasladase desde el lugar de los hechos hasta el cuartel de la Guardia Civil de Escairón, distante 20 kilómetros. Sin embargo, su convecino no se hallaba en ese momento en su casa por lo que decidió hacer el trayecto que le separaba del puesto de la Benemérita caminando, que recorrería en algo más de dos horas.

Condena

En los primeros días de noviembre de 1988 se celebró el juicio contra Javier López Andrade en la Audiencia Provincial de Lugo. Su abogado defensor alegó que su cliente había actuado bajo los efectos de los celos lo que le provocó una enajenación mental transitoria, por lo que requería que su defendido fuese ingresado en un hospital psiquiátrico con la finalidad de poder recibir el tratamiento adecuado.

Por su parte el fiscal se mantuvo en sus conclusiones provisionales solicitando dos penas de 20 años de cárcel por cada una de las muertes ocasionadas por el criminal. Finalmente, Javier López sería condenado a 30 años de prisión, con la atenuante de enajenación mental transitoria, así como al pago de una cuantiosa indemnización a los herederos de las víctimas.

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Un lucense asesinado en Navarra

A mediados de la década de los años cincuenta del pasado siglo todavía seguían notándose en España las duras consecuencias de una terrible guerra civil que se reflejaba en la alargadísima sombra de una posguerra que no acababa de terminar. Cualquier circunstancia o situación era aprovechada por muchos desheredados del mundo para huir de un país en el que no solo se carecía de futuro sino, lo que es mucho peor, de presente y no había lugar a la esperanza. Contaba el famoso verdugo Antonio López Sierra que había aceptado su trabajo, consistente en ejecutar penas de muerte a garrote vil, porque no tenía ni que comer. A ello se unían otras penurias provocadas por un régimen autocrático e inhumano para el que sus ciudadanos no dejaban de ser más que simples estadísticas.

Al desahucio internacional al que había sido sometido el régimen del general Franco, se sumaba la precariedad en la que vivían muchos españolitos de la época, quienes volvían a tener que soportar viejos prejuicios en función del origen o estrato social en el que se habían criado, generando situaciones más propias de mediados del siglo XIX que del pleno siglo XX. Tal estado de cosas debió marcar muy profundamente a los protagonistas de la siguiente historia, dos individuos a los que la suerte no es que les resultara esquiva sino que, directamente, se burló de forma miserable de ambos relegándolos a los lugares más siniestros y turbulentos de aquel difícil mundo en que les había tocado vivir.

En el año 1955 coincidirían trabajando en el municipio de Iza, Victoriano Fernández Prada, un jornalero lucense de unos 30 años, y Mariano Tabar Aranache, un joven navarro de 29 años, que había nacido en un hospicio pamplonés, en el que pasaría gran parte de la vida que tenía hasta aquel entonces. Como todos los de su condición social, el paso por un centro de esas características no solo marcaría sus primeros años, sino el resto de su vida. Tabar Aranache había aprendido las duras lecciones de la escuela de la vida y carecía de cualquier afecto por nada ni por nadie. Incapaz de empatizar con ningún ser humano, era el clásico individuo carente de cualquier tipo de emotividad o afectividad personal. Solo pensaba en el día a día y en poder rapiñar aquello que se ponía a su disposición, circunstancia esta que le acarrearía no pocos problemas con la áspera y cruenta justicia de la dictadura franquista.

Victoriano Fernández tenía la intención de pasar al país vecino, Francia, con el ánimo de labrarse un futuro mejor que le evitase malvivir como le había venido sucediendo hasta entonces, ganando unos salarios de miseria y trabajando de sol a sol allí donde requerían sus servicios. Al parecer, Mariano Tabar se le ofreció a su amigo gallego para cruzar con destino al país galo por algún punto dónde esquivar la estricta vigilancia de fronteras que había en aquel entonces. Asimismo, también él le manifestó su intención de cruzar la línea fronteriza, aunque su objetivo fuese manifiestamente distinto.

Pedrada

A principios de noviembre de 1956 apareció flotando, en aguas del río Ubi, a su pasó por Huarte, el cadáver a quien muchos de sus vecinos reconocieron como el jornalero gallego que andaba trabajando por aquellos lares. Su cuerpo estaba completamente desnudo y presentaba una gran herida en la cabeza. En un principio se pensó que esta se había producido a consecuencia del impacto en su caída a las aguas del cauce fluvial, aunque algo hizo sospechar a los investigadores que no era así. Parece ser que Victoriano Fernández Prada había estado ingresado en un centro sanitario recientemente en el que, supuestamente, habría sido diagnosticado de una enfermedad incurable por lo que tomaría mucha fuerza la hipótesis del suicidio, a lo que se sumaba el carácter un tanto huraño y depresivo de la víctima.

Los agentes de la guardia civil de la zona empezaron a hacer indagaciones e investigaciones en el entorno del fallecido. Pronto se averiguó que los días en los que se produjo el crimen, a principios de noviembre de 1956, se les había visto juntos a Victoriano y a Mariano, lo que hizo centrar las sospechas sobre este último, dados sus antecedentes. Tardaría algo más de cuatro meses en ser detenido, hecho que no se produciría hasta los primeros días de marzo del año 1957, siendo apresado en la localidad ilerdense de Viella, a la que se había desplazado al sentir en la nuca el aliento de los investigadores.

Tras un «hábil interrogatorio», tal como lo define la prensa de la época, Mariano Tabar Aranache se declararía autor de la muerte de Victoriano Fernández Prada. Para ello, utilizó una piedra con la que le propinó un tremendo golpe en la cabeza que le provocaría una hemorragia craneoencefálica, a causa de la cual le sobrevendría la muerte. Según el testimonio del asesino, la agresión se produjo tras una discusión por motivos aparentemente banales. Posteriormente, desnudó el cadáver, se apropió de sus escasas pertenencias y lo tiró al río Ubi.

Segundo crimen

A raíz de esta detención, el autor de la muerte del jornalero gallego también se declararía autor de otro crimen ocurrido en la cercana localidad de Huarte, siendo la muerte de Victoriano Fernández, el segundo crimen que cometía. El primero había tenido lugar en agosto de año 1947. En esa fecha, desapareció un comerciante de la zona llamado Manuel Azpiroz Churrio, de quien no se volvieron a tener noticias. Su desaparición provocaría todo tipo de especulaciones entre el vecindario de la zona, pues se desconocía su posible paradero. Sin embargo, su ausencia había sido a consecuencia de su muerte, la cual se produjo en similares circunstancias a la del jornalero gallego.

Al parecer, Manuel había discutido con su verdugo por el precio de una partida de habas que había adquirido. Este, enfadado con él, le habría propinado una pedrada en la cabeza. Durante algunos días escondería el cadáver en un pajar para, posteriormente, trasladarlo, a un zona boscosa y enterrarlo en medio de unos matorrales. De hecho, casi diez años después, efectivos de la Guardia Civil encontrarían restos humanos en el lugar que les había indicado el asesino.

Mariano Tabar continuaría trabajando durante más de diez años por la misma zona donde había dado muerte al comerciante navarro, aunque debido a su actitud, siendo muy frecuente que se apropiase de distintas cosas, pronto sería despedido, estando encarcelado en más de una ocasión, aunque no llegase a pasar más de un mes ingresado en ningún centro penitenciario.

Condena

En septiembre de 1957 Mariano Tabar tuvo que hacer frente a un juicio en el que se le procesaba por dos asesinatos cometidos ambos con ocho años de diferencia. El fiscal mantuvo una actitud muy dura con aquel individuo que no dejaba de ser un pobre hombre que, además de carecer de oficio ni beneficio, ni siquiera tenía familia conocida. En sus conclusiones finales mantuvo la petición inicial de pena de muerte para el acusado.

El 8 de octubre de 1957 se conocía la sentencia por la que se condenaba a Mariano Tabar Aranache a la pena de muerte. Su abogado defensor recurriría ante el Tribunal Supremo, aunque esta última instancia judicial mantuvo la condena impuesta por la Audiencia de Navarra. Sin embargo, solicitaría un indulto a la Jefatura del Estado, aduciendo las circunstancias personales del condenado, tales como su desarraigo social y personal. El Consejo de Ministros concedería esta medida de gracia al condenado, siendo sustituida su condena por otra accesoria de 30 años de cárcel.

A partir de ese instante se pierde cualquier pista sobre la vida de Mariano Tabar Aranache, que iniciaría un largo periplo por las cárceles españolas en la que, como es de suponer, contactaría de nuevo con esos bajos fondos de personas desheredadas de cualquier esperanza en este mundo como le había ocurrido a lo largo de su penosa y descentrada existencia.