Impunidad para el salvaje asesinato de un niño en Vilagarcía de Arousa

Entierro del pequeño José Antonio Paulos Márquez

La tarde-noche de cada día previo a San Juan es motivo de especial celebración en toda Galicia, muy especialmente en sus extensas áreas rurales en las que el ritual de espantar las meigas adquiere un relieve de unas características muy peculiares del que nadie procura no ausentarse. Millares de hogueras iluminan el cielo gallego en tan señalada fecha en el calendario en el que la fiesta y la algarabía se entremezclan con la milenaria tradición del sacro fuego purificador que servirá de bálsamo contra los trasnos, tangaraños y otros malos augurios que antaño eran calificados como nefastos atributos para la presencia de las almas en pena condenadas por espíritus malignos y que recorrían el noroeste peninsular en las frías y gélidas noches de invierno.

A lo largo de toda la jornada, y muy especialmente por la tarde, es muy frecuente ver como jóvenes y veteranos se dedican a realizar los preparativos para la noche más bella del año. Uno de los muchos chavales gallegos a los que entusiasmaba tan entrañable día del solsticio de verano era un crío de diez años, José Antonio Paulos Márquez quien salió de su casa en su bicicleta en la parroquia de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, en la busca de hierbas y flores con las que adornar su vivienda el día 23 de junio de 1991. Sin embargo, la pobre criatura no regresaría jamás.

Al poco tiempo de salir de su casa, en torno a las seis y media de la tarde, su padre comenzaría una infructuosa búsqueda en la que no obtuvo resultado satisfactorio alguno. Al demorarse en su regreso, se dio aviso a los vecinos y a las autoridades iniciándose una ardua búsqueda por todo el contorno que hubiera podido recorrer el pequeño, quien aparecería alrededor de las once de la noche en estado agonizante en medio de unos zarzales siendo encontrado por un agente de la policía local de Vilagarcía y la madre de la criatura, María del Carmen Márquez.

Agresión sexual

El niño, en el momento de ser encontrado, en la zona conocida como Pinos Mansos -a muy escasos metros de la vía del tren- se encontraba boca abajo con los bajos echados hacía atrás, con la camisa totalmente ensangrentada que le cubría el rostro, y el cuerpo doblado y los pantalones bajados. La autopsia mostraría posteriormente que el pequeño había sido violado por su agresor. Según los investigadores, el chaval debió ser atacado a unos quince metros de dónde fue encontrado en estado de extrema gravedad hasta ser arrastrado hasta la zanja en que fue depositado con la cabeza ya destrozada por los golpes, pues fueron encontradas algunas piedras ensangrentadas en las inmediaciones.

Inmediatamente después de su hallazgo, fue trasladado al Hospital Provincial de Pontevedra, a tan solo cinco kilómetros del lugar de los hechos, dónde el pequeño ingresó ya cadáver. Además, por las heridas que presentaba, entre ellas un brutal golpe en el cráneo, nada podían hacer ya los médicos por salvar su vida.

A partir de ese momento se inició un terrible deambular para la pequeña parroquia de Rubiáns y para la familia del pequeño asesinado. En un principio sería detenido un individuo, cuya identidad no fue facilitada nunca. Este hombre fue visto en la tarde de aquella jornada por el padre del muchacho en las inmediaciones de su vivienda, si bien es cierto que sería puesto en libertad tras comprobarse que no guardaba relación ninguna con los hechos.

Los investigadores pusieron su foco de atención en el padre del muchacho, Antonio Paulos, de 39 años de edad, quien estuvo buscando en solitario al muchacho aquella tarde, además de encontrar algunas lagunas en su declaración que le hacían suponer como sospechoso. Mientras, la madre de la criatura sospechaba que tal vez su muerte hubiese sido obra de algunos traficantes de droga, muy abundantes en la zona en aquella época, y que el crío fue testigo de algún asunto incómodo por lo que fue vilmente asesinado para eliminar cualquier tipo de pruebas.

Detención del padre

Más de año y medio después del asesinato de su hijo, concretamente a finales de enero de 1993, era detenido su progenitor Antonio Paulos, a quien acusaban de darle muerte a su vástago. La madre del pequeño dudaba de su culpabilidad y así lo hizo saber en una breve declaración a los medios de comunicación, ya que según ella, el padre se desvivía por su hijo y hasta que escuchase su declaración no terminaría por creer la acusación que se hacía.

En junio de 1993 Antonio Paulos era juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra, acusado de haber dado muerte a su hijo dos años antes. Sin embargo, el progenitor negó en todo momento las acusaciones de la fiscalía y resultaría absuelto al aplicar el tribunal el principio de «indubio pro reo», es decir la ausencia de pruebas concluyentes para incriminar al hombre que había sido juzgado.

Posteriormente, tras la acusación del progenitor, la madre del pequeño se mostraría totalmente convencida que el autor de su muerte era su marido, tal y como demostraría en diversas declaraciones a distintos medios de comunicación. El matrimonio terminaría por romper relaciones, abandonando ambos la vivienda que compartían. La misma sería vendida para -posteriormente- ser derribada y levantar una nueva edificación, como queriendo olvidar el trágico suceso que consternó a toda la comarca del Salnés y a toda Galicia en una ya lejana noche de San Juan.

Al parecer, en el cuerpo del muchacho asesinado se encontró un pelo que no pertenecía a la víctima. Sin embargo, esta única prueba que podría haber ayudado a esclarecer un asunto tan turbio, fue extraviada cuando se envió al Instituto Nacional de Toxicología de Majadahonda, en Madrid, para poder ser analizada y detallar a quien podría corresponder su ADN. Todo ello, unido a las casi tres décadas que han transcurrido desde el asesinato del pequeño José Antonio han provocado que el suceso haya pasado a formar parte de los crímenes que se encuentran sin resolver. En este caso con el agravante de que al haber transcurrido más de 20 años desde la última actuación judicial, el crimen ha pasado de forma impune al baúl de los recuerdos.

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Asesina a cuatro personas en un ajuste de cuentas en Pontevedra

Vilaboa, localidad en la que se cometió el cuádruple crimen

En los años noventa la droga causó muchos estragos en Galicia, principalmente en As Rías Baixas, donde eran muy frecuentes los ajustes de cuentas, tanto entre clanes dedicados a la distribución masiva de estupefacientes como entre los propios consumidores que, en más de una ocasión, emplearon la violencia para deshacerse de sus rivales, por el motivo que fuese.

Una de esas ocasiones ocurriría en la jornada del 27 de enero de 1997 cuando toda Galicia se sobresaltaría al conocer un hecho muy sangriento y luctuoso que había tenido en el hostal Las Rías, emplazado en la localidad pontevedresa de Vilaboa. Alrededor de las doce de la noche ese día se presentó en el apartamento 21 del centro hotelero José Manuel Rodríguez Lamas, alias «El Pulpo» armado con una pistola del calibre 7,65. Su objetivo era eliminar las posibles víctimas presenciales de otro suceso sangriento cometido por el mismo autor en el día anterior, aunque nunca lo confesaría hasta ocho años más tarde, cuando estaba ingresado en la cárcel.

Como si de un auténtico profesional se tratase y demostrando una extraordinaria pericia tanto en el manejo como en el uso de las armas, José Manuel Rodríguez se desharía de tres personas de una «forma limpia», como se conoce en el argot policial, disparando a cada una de sus víctimas un único disparo en la cabeza. El horripilante crimen sería descubierto horas más tarde por un amigo de los asesinados, encontrando también estado casi moribundo a una cuarta persona, Alberto Piñeiro Rodríguez, un joven de 27 años adicto a las drogas, vecino de la parroquia de Meira, en el término municipal de Moaña. Sorprendentemente este último sobreviría a la matanza.

Tres toxicómanos

Las víctimas del criminal eran tres jóvenes toxicómanos, entre ellos una pareja que se dedicaba al trapicheo en pequeña escala. Los fallecidos eran Jesus Joaquín Brea Blanco, de 33 años de edad, natural de Cuntis y su novia Mercedes Castaño de la Fuente, de 28, natural de la localidad pontevedresa de Marín. La tercera víctima mortal era Eugenio Rioboo Viruel, de 31 años de edad, nacido en Cádiz, pero con vecindad en la el municipio pontevedrés de Moaña.

El error en el disparo sobre Alberto Piñeiro pudo haberse debido a que «El Pulpo» quizás hubiese escuchado algún ruido que le desconcertó y le puso nervioso, huyendo escaleras abajo en dirección a la calle.A Rodríguez Lamas se le acusaba también de un cuarto asesinato, el de Roberto Iglesias Domínguez, de 34 años de edad, al que negó haberlo matado durante más de ocho años. El historial delictivo del triple autor del crimen de Vilaboa no había parado de crecer en todos aquellos años, además llevando a cabo acciones muy violentas, entre ellas algún asalto a entidades financieras, así como liderar una peligrosa banda de delincuentes en el área de las Rías Baixas gallegas.

Aunque en un principio se detuvo a dos personas, se demostró que estas dos nada tenían que ver con la matanza que consternaría a Galicia. El autor del crimen era un peligroso delincuente, conocido de la policía, por haberse visto involucrado en otros actos delictivos muy violentos, entre ellos algún asalto a un banco, así como el hecho de liderar una peligrosa banda que actuaba por todo el área de Vigo y las Rías Baixas.

Detención

Su detención hizo presenciar a los vecinos del barrio vigués de Cabral una escena más propia del Oeste americano o de los muchos filmes que vienen de los EE.UU. en los que se desata una inusitada violencia. La misma se produjo en la jornada del 4 de febrero de 1997, escasamente una semana más tarde de haber perpetrado la carnicería de Vilaboa. «El Pulpo» se encontraba en un bar cuando alrededor de las once de la noche se personó en el mismo una pareja de miembros de la policía.

Al percatarse de su presencia, salió al exterior empuñando sendas pistolas, una en cada mano, con las que abrió fuego contra los agentes, tras parapetarse sobre su coche. Una de las balas estuvo a punto de alcanzar a un transeúnte, mientras que otro proyectil se colaría en el interior de un domicilio por una ventana. Además, uno de los agentes resultaría herido de consideración en una pierna.

Su rudeza la demostraría al enfrentarse con la policía a mano armada, además de increparles diciéndoles que prefería que lo matasen antes de ir detenido. Sin embargo, en esta ocasión la destreza policial y el hecho de verse acorralado sin escapatoria posible provocarían que «El Pulpo» se entregase a los agentes armados.

Por este triple crimen, José Manuel Rodríguez Lamas sería condenado a 125 años de cárcel. Además, le imputaban un cuarto asesinato que siempre se había negado a reconocerlo, el que le había costado la vida a Iglesias Domínguez, cometido en la jornada anterior al triple crimen de Vilaboa.

El asesinato de Roberto Iglesias

El día anterior a la muerte de tres personas en el hostal de Vilaboa había desaparecido un joven de 34 años de edad, Roberto Iglesias Domínguez, quien también tenía numerosos antecedentes policiales y estaba estrechamente vinculado al mundo del trapicheo en pequeña escala de la droga. Pese a los duros interrogatorios a los que fue sometido, «El Pulpo» jamás reconoció ser el autor de su muerte, negando taxativamente conocer su paradero.

Después de ocho años de su desaparición, cuando se encontraba cumpliendo condena por la masacre de Vilaboa, Rodríguez Lamas decidió contar a la policía la verdad sobre la suerte que había corrido la cuarta víctima de este horrendo suceso. En su relato confesaría a los agentes que el había sido quien había acabado con la vida del joven desaparecido en la tarde anterior al triple crimen. El escenario fue el mismo, el hostal, Las Rías.

Al parecer, a las tres de la tarde del 26 de enero, «El Pulpo» se dirigió al centro hostelero en que se desencadenaría la matanza donde mantuvo una agria discusión con el joven que llevaba ocho años desaparecido. Allí, en el hostal mismo, le efectuó un primer disparo que erraría al interponerse entre ellos Carlos Ramos Prada, un joven que sería condenado por encubrimiento, y que fallecería posteriormente en prisión.

El segundo disparo fue mortal de necesidad acabando con la vida de Roberto Iglesias, cuyo rastro sangriento había sido encontrado por la policía en el hostal en el que se juntaban los jóvenes toxicómanos. De la misma forma, estuvo a punto de matar, también de un disparo a Marcial Magdalena, quien -al parecer- se libró de una muerte segura al ocultarse en un armario que había en el interior de la habitación del hostal.

En un pozo abandonado en Ponteareas

Tras el primer crimen, se desataría una guerra de nervios entre todos los presentes en el apartamento para deshacerse del cadáver de Roberto Iglesias. «El Pulpo» obligaría a darle dos puñaladas al cuerpo del joven asesinado a dos de los jóvenes que en ese momento se hallaban con el en aquel tétrico apartamento.

En su confesión ante los agentes de la policía declararía que, una vez hubo cometido el primer crimen, decidió embalar su cadáver e introducirlo en el maletero de su vehículo. Posteriormente arrojaría su cuerpo a un pozo abandonado en una parroquia perteneciente al término municipal de Ponteareas. Una vez cotejados los datos de ADN con los de la sangre hallada en el apartamento de Vilaboa se pudo certificar que efectivamente los restos óseos hallados pertenecían al joven desaparecido.

Curiosamente este crimen, el que más tiempo tardó en ser esclarecido, fue el primero de la sangrienta matanza ocurrida en Vilaboa. Y no solo eso. Este asesinato sería también el desencadenante de la posterior matanza, perpetrada al día siguiente, ya que su finalidad era eliminar cualquier testigo en relación al crimen cometido anterior.

En el año 2011 José Manuel Rodríguez Lamas se beneficiaria de la denominada «Doctrina Parot», al estimar parcialmente el recurso presentado por su letrado. Así, los algo más de tres años a los que había sido condenado por las heridas que le había ocasionado a un agente de la policía el día de su detención. Los mismos se sumaban a los más de 125 años de cárcel a los que había sido condenado por el cuadrúple crimen de Vilaboa con lo que su estancia entre rejas sería de un máximo de 25 años, aunque todavía tenía una pena de dos años pendiente de cumplir, en relación con otro delito por el que no había ingresado en prisión por carecer de antecedentes penales en aquel momento.

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30 muertos en los sucesos de Cruz de Santos (Lugo)

Una cruz insertada sobre una columna de piedra labrada recuerda el lugar de los trágicos acontecimientos

Los sucesos que aquí se narran tienen -en parte- un carácter aproximado, ya que ocurrieron hace muchos años, cerca de 200, y sobre los mismos no existe documento probatorio alguno que los certifique. Ni siquiera archivos parroquiales, ya que en los años posteriores se procedió a la reconstrucción de varios templos y casas rectorales de las parroquias que aparecen mencionadas en el texto, por lo que muchos de ellos se perdieron o fueron destruidos. Además de la tradición oral, que siempre deforma el relato inicial hasta el extremo de convertirlo en mítico, hemos recurrido a otros archivos que, pese a que han aportado algún dato, no han ayudado mucho a esclarecer este suceso en sí, que fue algo más que un enfrentamiento entre carlistas e isabelinos, aunque se circunscriba dentro de la Primera Guerra Carlista, en el año 1837.

Dice con mucho acierto el historiador gallego Xosé Ramón Barreiro que el carlismo en Galicia adoleció de un importante número de seguidores, a diferencia de lo que sucedía en otras partes del Estado, como era el caso de Cataluña o el País Vasco, aunque no le resta importancia a las expediciones desarrolladas por los partidarios de don Carlos, el pretendido rey legitimista de la época, a tierras gallegas. Sin embargo, el carlismo no encontró el eco necesario para llevar a cabo sus acciones en una lucha que se caracterizaría por su extrema violencia y crueldad, en la que no faltarían las vejaciones a las víctimas y tampoco las profanaciones de cadáveres por ambas partes, a fin de dar ejemplo al enemigo.

Uno de esos trágicos episodios provocados por una expedición carlista que se dirigía a tierras gallegas, cuyo mando sería asumido por un sacerdote gallego, Secundino Arias, para emprender varias acometidas en algunos lugares de la Galicia más rural y remota que en aquel entonces gozaba de una extraordinaria salud demográfica, algo que no acontece hoy en día. El suceso al que nos referimos ocurriría en el año 1837 cuando un grupo de expedicionarios carlistas gallegos tomaron una ruta rural, bastante frecuentada en la época para enlazar con el Camino Real que unía a tres parroquias de la comarca lucense de Terra Chá y que era la principal vía de tránsito para dirigirse a su cabecera, emplazada en Vilalba.

Robos y atentados

El trágico y luctuoso acontecimiento sería provocado por los sublevados carlistas, quienes al encontrarse en las inmediaciones de tres prósperas parroquias, Sancobade, San Xurxo de Rioaveso y San Mamede de Oleiros, decidieron emprender uno de sus muchos saqueos a los habitantes de la zona para proveerse de alimentos y víveres que les permitiesen continuar con su truculenta patraña. En un primer momento se dirigieron al lugar de A Frouseira, un espléndido barrio de Sancobade, forzando a dos de sus vecinos a que utilizasen sus carros del país tirados por yuntas de vacas o bueyes para que trasladasen todo el trigo y patatas que guardaban en sus respectivas despensas para proveerse ellos de los mismos. Este acontecimiento lo perpetrarían en plena madrugada con el fin de evitar que pudiesen defenderse o dar la voz de alarma al resto del vecindario para acudir en su ayuda. A aquellos desalmados «invasores» les valía de todo. Incluso obligaron a marchar con ellos a mujeres y niños con el objetivo de impedir que quedasen testigos sobre lo sucedido.

Los secuestradores llevaron a sus víctimas, una cifra que nunca se ha podido determinar con exactitud, hasta unos bosques y fragas donde acampaba su expedición y que se encontraba alejado de las viviendas y de los barrios más próximos a una distancia de media legua aproximadamente, por lo que era difícil saber que camino habían tomado los vecinos desaparecidos. Sin embargo, su macabra peripecia tendría un error que les costaría caro. Uno de los secuestrados, un niño de unos diez años de edad, originario del lugar de O Porto da Egua -muy inmediato al barrio de A Frouseira- conseguiría huir de las garras de sus captores, aprovechando una cerrada noche de lluvia sin que ellos se diesen cuenta. El joven daría alerta a todo el vecindario, que inmediatamente se puso en marcha hasta el lugar donde acampaba la expedición carlista. Iban armados de forma rudimentaria, contando con todo tipo de herramientas de labranza, aunque también con alguna escopeta de caza.

Los vecinos, en grupo mucho más numeroso que la expedición carlista, pronto darían también cuenta de lo acontecido a las autoridades locales, así como al Ejército isabelino que luchaba contra los actos de bandidaje y saqueo que cometían los carlistas. Además, alguien, sin saberse exactamente como, dio aviso a otros habitantes de las parroquias próximas al lugar que iba a convertirse en un trágico escenario de sangre y terror en pocas horas.

Ejecuciones

La actitud de los carlistas fue muy cruel y despiadada, ya que al verse cercados de manera sorprendente y sin gozar del apoyo de nadie en la zona, no se les ocurrió mejor ni más macabra idea que comenzar con la ejecución de los vecinos que mantenían como rehenes, que eran cinco personas pertenecientes a una misma familia. La expedición carlista apenas superaba el medio centenar de hombres, en tanto que los alzados en armas contra ellos -ajenos a cualquier disputa bélica y mucho menos política- podían superar los 500 efectivos. Exaltados y enfurecidos por la violencia empleada por aquellos energúmenos a quienes non dudaban en calificar de bandidos, salteadores y asesinos, los vecinos emprendieron el temible y atroz ataque contra el campamento carlista, produciéndose un breve pero intenso y encarnizado combate, cuyo resultado final sería la derrota de los expedicionarios, cuyos objetivos jamás fueron comprendidos en las zonas rurales de Galicia.

Como consecuencia del asalto, los más perjudicados serían los carlistas, pese a que en el encarnizado combate, de apenas unas horas, abatieron a cinco vecinos de la zona. Consecuencia de ello, el vecindario que los combatía se emplearía de manera altruista y con excepcional arrojo, vengando la muerte de su convecinos. El jefe de la expedición carlista, el reverendo Secundino Arias, sería ejecutado en el mismo lugar de los hechos y, dada su mala fama, su cabeza sería expuesta sobre un chantón, una enorme piedra labrada que servía como escaparate, para ser sometida a vejaciones y también como ejemplo de posibles salteadores.

La cifra de expedicionarios carlistas muertos se cree que pudo rondar la veintena, aunque no hay datos oficiales que puedan corroborar esta cifra. Lo que si se sabe, es que ante la aguerrida avalancha vecinal, el resto terminaría por rendirse, siendo todos ellos detenidos con la llegada de efectivos del Ejército realista a la contorna. También hay constancia de que los vecinos les darían muerte a varios miembros de la expedición carlista de una forma brutal y macabra, justificada en parte por el terrible ajusticiamiento que habían emprendido con los cinco miembros de una misma familia.

Recuerdo

Como consecuencia de este dramático y sanguinario episodio ocurrido en el año 1837, se instalaría una enorme columna de piedra labrada, de algo más de dos metros de altura -la que se puede observar en la foto que ilustra este texto- en cuyo remate se puede observar una oxidada y desgastada cruz de hierro en recuerdo de los sucesos. O más bien, de los vecinos allí fallecidos. De igual modo, a raíz de este hecho, el lugar cambiaría de nombre, siendo conocido a partir del siglo XIX como Cruz de Santos.

Aunque se supone que los restos mortales de los vecinos ejecutados reposan en el cementerio de Sancobade, parroquia de la que eran oriundos, lo que nunca se supo con exactitud es donde pueden estar sepultados los cuerpos de los expedicionarios carlistas, que fueron siempre vistos como malvados y criminales que solo buscaban saquear a los vecinos. Se supone que sus cuerpos pudieron haber sido sepultados en una fosa común, próxima al lugar de los hechos, aunque jamás se hallase resto alguno.

Este trágico y sangriento suceso constituye, hasta nuestros días, el mayor episodio sangriento de la historia del municipio de Vilalba del que se tiene constancia, superior incluso a la propia Guerra Civil española -si se excluye- claro está, a las decenas de jóvenes vilalbeses caídos en combate, cuya cifra superó los dos centenares.

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Absuelto por matar a un vecino en legítima defensa en Lugo

Imagen del pueblo en el que ocurrieron los hechos

En Galicia a lo largo de su historia se fueron creando viejas rencillas vecinales entre residentes de un mismo lugar que jamás consiguieron ser superadas, siendo muchas las ocasiones en que esos pequeños enfrentamientos se trasmitieron a través de generaciones de distintas familias. Algunas ocasiones, las menos -todo hay que decirlo-, esas ancestrales malquerencias derivarían en episodios sangrientos que, a lo largo de muchos años, marcarían a las localidades donde sucedían.

Otras veces, sin embargo, las afrentas las iniciaban jóvenes muchachos del mismo pueblo para, posteriormente, trasladarse a lo largo de mucho tiempo. Aunque nunca o casi nunca llegaba la sangre al río, hubo también algunos tristes capítulos que se escribieron con sangre, quedando gravados a perpetuidad en el imaginario popular, pese a que ya habían desaparecido los ancestrales cantares de ciego, que se encargaban de ir pregonando de feria en feria antiguos acontecimientos bañados de sangre que habían ocurrido en cualquier pueblo o aldea de las innumerables con las que cuenta el noroeste peninsular.

Uno de esos enfrentamientos, que terminaría de forma trágica, se produjo el 11 de agosto de 1981 en la parroquia de Ramil, una pequeña aldea perteneciente al municipio lucense de Castro de Rei. En la fecha señalada dos jóvenes que contaban entonces con poco más de veinte años se enzarzarían en una infortunada pelea que terminaría con la vida de uno de ellos, el que precisamente la había provocado, en tanto que su contendiente sería ingresado en un centro sanitario de la capital lucense con pronóstico reservado a consecuencia de las heridas que le había provocado su adversario.

Piedras en el camino

El incidente tendría lugar en la madrugada de aquella jornada de verano cuando José Pernas Carballés, de 21 años, se encontró unas piedras que le impedían proseguir la ruta con el vehículo que conducía cuando se dirigía a su domicilio. Se bajó del mismo para retirarlas y poder así continuar el trayecto, pero en el que momento en que procedía a la retirada de las mismas, se encontró con la desagradable sorpresa de que le aguardaba otro muchacho de su misma edad, Fernando López Galán, quien provisto de una estaca comenzó a propinarle golpes en todo su cuerpo.

Quizás presa de la ofuscación del momento, tal como recoge la sentencia de apelación dictada por el Tribunal Supremo en el año 1983, José Pernas tomó un cuchillo del que iba provisto para defenderse, pese a que había recibido importantes golpes -algunos de ellos en la cabeza. Con la improvisada arma que tenía a su alcance, le asestaría un total de trece cuchilladas a Fernando López, algunas de las cuales fueron mortales de necesidad, falleciendo prácticamente de forma instantánea en el lugar de los hechos.

La suerte de Pernas Carballés, aunque mucho mejor que la del provocador del incidente, tampoco es de envidiar. Este joven hubo de ser ingresado en el antiguo Hospital Xeral de Lugo, presentando importantes heridas de consideración, algunas de las cuales se las había inferido su agresor en la región occipital de la cabeza, por lo que tardaría un tiempo en recuperarse de las mismas.

Condena

En 1982 se celebró el juicio contra José Pernas Carballés por el crimen que le había costado la vida a Fernando López Galán en la Audiencia Provincial de Lugo. El referido joven se encontraba hasta ese momento recluido en la prisión provincial de Bonxe. En sus conclusiones definitivas, los magistrados estimaron que se trataba de un homicidio y no de un asesinato, pues el procesado no había tenido intención de causar la muerte de su oponente.

La Audiencia lucense estimó parcialmente las alegaciones esgrimidas por su abogado defensor por lo que condenaría al autor de la muerte de López Galán a ocho años de prisión de mayor y a la indemnización con un millón y medio de pesetas (9.000 euros actuales) a los padres de la víctima. Entre sus estimaciones figuraba la atenuante incompleta de legítima defensa, aunque -sorprendentemente- no se tendría en cuenta su presunción de inocencia, circunstancia que no pasaría por alto el Tribunal Supremo.

La sentencia no satisfizo a ninguna de las partes, ya que sería recurrida ante la alta magistratura judicial por ambos abogados, acusación y defensa. Unos pensaban que no se ajustaba a derecho mientras que la otra parte consideraba la condena excesiva y que se habían violado algunos preceptos de su defendido.

Absolución

El desenlace final del desgraciado incidente provocado por Fernando López Galán tendría que ser resuelto por la sala segunda del Tribunal Supremo, quien desestimaría el recurso presentado por la acusación, quien alegaba en su escrito que Pernas Carballés se había excedido en su defensa y era innecesaria lo que consideraba «brutal reacción» del atacado.

Por su parte, el abogado de la defensa esgrimía en su recurso la «ilegítima agresión» de la que había sido objeto su patrocinado. A ello se sumaban el agravante de «soledad nocturna», así como que José Pernas habría sufrido una reacción de medio insuperable, a lo que se sumaba la supuesta violación de su presunción de inocencia.

La tesis del abogado defensor sería la que tendría en cuenta el alto tribunal estimándola en su práctica totalidad al considerar que el medio defensivo de ser «racional» aunque no absolutamente necesario y en los angustiosos momentos de la defensa no es posible recurrir a la serenidad ni mucho menos a la reflexión para elegir los medios estrictamente proporcionados, exceso intensivo del que no puede hablarse aún teniendo un arma -en este caso un cuchillo- y el número de cuchilladas que le infligió, «aunque posiblemente enturbiaran el ánimo de defensa, móviles derivados de los resentimientos que le provocaron la agresión».

El Tribunal Supremo dictaba así una nueva sentencia que absolvía a José Pernas Carballés del delito de homicidio por el que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Lugo, quedando en libertad definitiva.

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Asesina a dos personas en Pontevedra y se suicida

Muelle de Domaio, lugar donde se fraguó la tragedia

El año 1993 se convertiría para muchos en el año de la resaca tras los excesos que se habían prodigado a lo largo del ejercicio anterior. En Galicia se celebraba un evento singular, el Ano Xacobeo, que llevaba once años sin realizarse debido a que el calendario lo había retrasado más de una década. El último había sido el de 1982, coincidiendo con el Mundial de fútbol, pero en nada se parecería a la celebración de estas características de los años noventa.

El Gobierno autonómico, presidido por Fraga Iribarne, quiso recuperar y relanzar las ancestrales costumbres de peregrinar a pie hasta la tierra del Apóstol, que habían caído en desuso desde tiempos inmemoriales, siendo tan solo unos pocos -a quienes se tildaba de locos o incluso de retrógrados-, los que hacían la ruta a pie. Sin embargo, ese año serían varios miles, aunque su razón de peregrinaje no fuese estrictamente espiritual y contase en ellos más el afán turístico o de aventura que el de ganar la Compostela y el jubileo en el lugar que se veneran unos restos que pueden pertenecer a cualquiera, excepto al discípulo de Cristo que jamás tuvo el privilegio de poder gozar de la tierra gallega.

Precisamente, coincidiendo con las fechas centrales de aquel y singular evento, concretamente en la tarde del 29 de julio de 1993 se produciría un luctuoso y dramático suceso que consternaría a una Galicia que ardía en fiestas por los cuatro costados. En aquel tranquilo atardecer un hombre de 42 años, Juventino Eidón Carracelas asesinaría a dos personas y posteriormente se suicidaría colgándose de un árbol en la parroquia de Santo Adrao de Cobres, perteneciente al municipio pontevedrés de Vilalboa, en la populosa y hermosa península de O Morrazo que se asienta sobre el manso Océano Atlántico mirando de frente a la ciudad de Vigo, al tiempo que parece cabalgar sobre su ría.

En el Muelle do Domaio

La tragedia, aunque tuvo tres escenarios, comenzó su sangrienta orgía en el muelle de Domaio, en el municipio pontevedrés de Moaña, al que se dirigió Juventino montado en su moto. Allí encontró a su ex-esposa, Carmen Rosendo Ríos, de 37 años, trabajando en la mejillonera de Manuel González Cruz, de 57 años de edad y que además era el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Moaña, dónde era un personaje muy querido y apreciado.

El criminal, que contaba con 42 años de edad y era apodado El Manco -por carecer de una de las extremidades-, había viajado en su motocicleta hasta hasta el muelle armado con una escopeta de caza. En el lugar del primer crimen pretendió hablar con su mujer, a lo que esta se negó de forma taxativa. Después de provocar el altercado no le dolieron prendas en disparar contra Manuel González, quien moriría como consecuencia de los fatales disparos efectuados por Juventino Eidón. A Carmen Rosendo le dio tiempo a huir del lugar del crimen para refugiarse en su domicilio.

Pese a su precipitada huida, quizás su ex-esposa no contaba con que el autor del crimen que le había costado la vida a su jefe, el asesino se acercaría hasta la vivienda de la que se iba a convertir en su segunda víctima, en Vilaboa, tras realizar el viaje en la misma moto que había utilizado para acercase hasta el muelle de Moaña. Según los testimonios de los vecinos a los agentes de la Guardia Civil que investigaron el caso, en aquel atardecer escucharon disparos en la vivienda de Carmen Rosendo, pero desconociendo que los tiros que habían oído fueron los que acabaron con la vida de la mujer, que sería encontrada en un gran charco de sangre en el garaje de su domicilio.

Colgado de un árbol

Una vez hubo cometido los dos brutales crímenes, ocurridos en apenas media hora, Juventino Eidón huyó del lugar de los hechos a pie por los montes y bosques de la zona. Más tarde se iniciaría una azarosa búsqueda con el objetivo de capturarlo por parte de los agentes del orden. Sus perseguidores encontrarían su cuerpo colgado de un árbol, ya bien entrada la noche, en el lugar de A Sobreira -en las inmediaciones de un camino vecinal-, perteneciente a la parroquia de Santo Adrao de Cobres en el municipio pontevedrés de Vilaboa. Se consumaba así una tragedia que había contado con tres escenarios distintos y que conmocionaría profundamente a toda Galicia y muy especialmente a toda la contorna de As Rías Baixas galegas.

El suicida y autor de ambos crímenes, contaba ya con un amplio historial delictivo, pues recientemente había abandonado la prisión provincial de A Parda, en Pontevedra, donde estaba ingresado por supuestamente haber violado a una hija de su ex-esposa. En el momento de cometer los dos asesinatos, Juventino Eidón se encontraba pendiente de juicio, pero decidió imponer su propia ley llevándose previamente la vida de dos personas y también la suya propia.

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Dos gemelas entierran viva a su hija recién nacida en Lugo

Parroquia de San Xurxo de Augas Santas, lugar dónde ocurrió el macabro suceso.

El año 1992 pasaría a la historia, no solo por las Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, sino también por diversos sucesos truculentos. Muchos de estos desgraciados acontecimientos ocurrieron en Galicia, siendo sus tristes protagonistas hasta un total de cuatro niños, quienes perderían la vida a manos de personas desalmadas y crueles.

En dos de estos hechos de triste recuerdo, los criminales utilizaron el mismo sistema, que no fue otro que enterrar vivos a sus criaturas, como si de un macabro ritual se tratase. Uno de ellos ocurrió en Vigo en el mes de febrero. Apenas cuatro meses más tarde, cuando los gallegos todavía no se habían repuesto del trágico «Crimen de la maleta» -en el que había sido asesinado un niño por una socia de su madre-, dos hermanas gemelas, que se encontraban embarazadas al mismo tiempo, decidían terminar con la vida de uno de los bebés recién nacidos el día 18 de mayo de 1992 y darle sepultura inmediata en el terreno anexo a su vivienda en la parroquia de Augas Santas, en el municipio de Palas de Rei.

El hecho criminal sería descubierto unos días más tarde. La madre de ambas hermanas gemelas, Concepción y Ana María Vázquez, decidió llamar a un médico de la localidad de Palas de Rei en vista que el estado físico de la primera, que presentaba una hemorragia perineal, para que tratase a su hija, quien no estaba dispuesta a recibirlo. Para poder intervenir el galeno debió de acudir acompañado del juez de paz y dos agentes de la Guardia Civil, quienes muy pronto esclarecerían las circunstancias de aquel trágico acontecimiento.

Encerradas en la habitación

Según se dedujo de las investigaciones realizadas, el día en que Concepción rompió aguas se encerró en la habitación con su hermana, quien la asistió en el parto, aunque sin ninguna experiencia ni tampoco conocimiento de la situación que vivía su gemela. Una vez que la criatura nació, ambas hermanas la introdujeron en una bolsa de plástico y le dieron sepultura, cuando se supone que aún estaba viva, en el terreno próximo a la vivienda. Poco después, amenzarían duramente a su madre con matarla si contaba algo de lo que había sucedido.

En vista que la situación de su hija no mejoraba, la madre de la parturienta se dirigió a un teléfono público para dar aviso a un médico y también a los agentes de la Benemérita, quienes encontrarían el cuerpo de la pequeña en el lugar donde les había indicado Concepción, la joven que había dado a luz. Su madre declararía a las cámaras del centro de TVE en Galicia que el bebé había sido asesinado por sus hijas.

Al descubrir el crimen, los agentes procedieron a la detención de la joven, quien sería detenida en el acto, aunque ingresaría en un principio en el Hospital Xeral de Lugo para poderse recuperar de la hemorragia que había sufrido como consecuencia del parto. De igual modo, también sería detenida su hermana, Ana María, quién también se encontraba embarazada, por su complicidad en el crimen. Ambas ingresarían en el penal de Bonxe.

Al parecer la familia de las jóvenes que mataron a la criatura estaba pasando por diversas adversidades de carácter patológico, ya que el padre de las gemelas que dieron muerte a la criatura comenzaba a presentar algunas señales de un cuadro de esquizofrenia.

Las dos autoras del crimen que dejaría estupefacta a Galicia -y muy especialmente a la provincia de Lugo- serían condenadas por la Audiencia Provincial de Lugo a sendas penas de 20 años de prisión cada una de ellas.

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Un marinero asesina a un taxista en A Coruña arrojándolo al mar

Los profesionales del taxi se juegan la vida cada día. A diario son muchas las noticias que podemos leer en la prensa en las que estos conductores son objetivo de rateros y delincuentes habituales, que tan solo aspiran a hacerse con unas nimias cantidades de de dinero con las que dan el cambio a sus muchos clientes. Lo peor de todo, y no son poca veces, es cuando los taxistas son víctimas de un asesinato. Por desgracia, esto último no es nuevo.

Ya en la década de los sesenta del pasado siglo, en pleno franquismo, eran víctimas de robos e incluso de asesinatos, pese a la supuesta mano dura que ejercía el régimen con los delincuentes. Incluso, este tipo de actos delictivos llegaba a una Galicia escasamente desarrollada y masivamente rural en la que la práctica totalidad de sus muchos vecinos del mundo rural se conocían y se vivía, aparentemente, en un ambiente de común armonía.

Esa buena sintonía entre los gallegos de aquella se época se vio bruscamente alterada una noche de un ya lejano 16 de marzo del año 1963 cuando aparecía un taxista brutalmente asesinado en el muelle del este de la ciudad de La Coruña, una urbe muy tranquila y en constante expansión, que en esos momentos se estaba jugando el liderazgo de primera ciudad gallega con el rival de sur, Vigo.

Alrededor de las diez de la noche, en la parada de taxis del barrio herculino de Cuatro Caminos, un joven marinero de tan solo 19 años, José Ramón Santiago Fernández, natural del municipio coruñés de Muros, le requirió los servicios a un joven taxista de 32 años, Antonio Verdura López, originario de la provincia de León pero que ya llevaba algún tiempo afincado en A Coruña. Le solicitó que lo llevase hasta el muelle del Este. Una vez allí, el infortunado profesional le requirió que le abonase las 32 pesetas (0,22 euros actuales) que costaba su servicio. José Ramón Santiago había abandonado el barco en el que trabajaba, pues debía incorporarse al servicio militar, por lo que había cobrado la suculenta cantidad de 3.200 pesetas (19,23 euros actuales), una buena cifra para la época, teniendo en cuenta que muchos salarios no alcanzaban las mil pesetas mensuales.

Arrojado al mar

Una vez llegaron al punto de destino, el joven marinero sorprendió al taxista lanzándole una pequeña cuerda al cuello, que pillaría desprevenido al conductor, quien mantuvo un forcejeo con el muchacho. Finalmente debido, quizás a la mayor envergadura de este último, el taxista sucumbiría ante Santiago Fernández, quien lo arrastraría desde el interior del vehículo durante varios metros. Antonio Verdura llevaría un golpe en la cabeza al golpearse contra el suelo en el momento en que era arrastrado por su verdugo que le hizo perder el conocimiento, aunque todavía se encontraba con vida, según detallaban los informes forenses que le fueron practicados.

Una vez inmovilizada su víctima, procedió a registrarle sus pertenencias, tanto el vehículo como sus ropas, hallando 810 de pesetas (4,87 euros) de las que se apoderaría de inmediato. Para evitar en lo posible ser descubierto, José Ramón Santiago arrojaría su cuerpo al mar, cuando todavía se encontraba con vida, pero con un traumatismo en la cabeza a consecuencia del golpe recibido al impactar su cabeza en el cemento. Su cuerpo aparecería boyando al día siguiente en las aguas del puerto coruñés.

El joven asesino del taxista también intentaría conducir el vehículo de Antonio Verdura, pero su impericia sería un factor determinante en su delación. El joven fue visto en la avenida Primo de Rivera de A Coruña tratando de hacer arrancar el coche, solicitando para ello la ayuda de un conocido industrial coruñés, quien le reconocería como el hombre que pretendía conducir el coche del taxista asesinado, pero se daba la paradoja de que, además de carecer del pertinente permiso, tampoco sabía manejar vehículos a motor. El taxi se le había calado y no era capaz de arrancarlo por lo que solicitaba ayuda para que se lo empujasen.

Detención

Después de realizar las pertinentes investigaciones, contando ya con un buen número de datos, en la jornada del 29 de marzo, casi dos semanas después del crimen, la Brigada de Investigación Criminal herculina se trasladaba a Muros, el municipio natal del asesino, para proceder a su detención. José Ramón Santiago se encontraba en la casa de sus padres y al día siguiente debía personarse en la Ayudantía de Marina de aquella localidad para incorporarse a filas al servicio militar.

En su declaración ante el juez, el joven alegó en su descargo que el día de autos no llegó a tiempo para tomar el último autobús de línea regular que cubría el trayecto entre la capital de la provincia y la localidad costera de la que era originario, por lo que requirió los servicios de un taxista. Negó que tuviese intención de asesinarlo y que su caída al mar había sido totalmente fortuita, fruto del forcejeo que mantuvieron. Además, señalaría que se había apoderado del vehículo del taxista para desplazarse hasta Muros. Sin embargo, los informes forenses jugaron en su contra, pues se constataba que el golpe en la cabeza recibido por la víctima se había producido con anterioridad a su caída al agua.

Seis meses más tarde se celebraría el juicio contra el autor del asesinato del taxista coruñés, un suceso que conmovió de sobremanera a la ciudad de A Coruña, que siempre se ha caracterizado por su gran tranquilidad. José Ramón Santiago sería condenado a 20 años de cárcel, acusado de un delito de asesinato con robo. Además, debía indemnizar a los familiares de la víctima con la cantidad de 75.000 pesetas(450 euros actuales).

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Dos cadáveres descuartizados en dos maletas en Tomiño (Pontevedra)

En los primeros meses del año 1991 en Galicia se estaban viviendo los resultados del «Efecto Fraga» en el noroeste peninsular, además de asistir todavía a la lógica conmoción por algunos sucesos sangrientos ocurridos en el territorio gallego a lo largo de las últimas fechas del año anterior. Pese a todo, la comunidad gallega seguía siendo un territorio en el que, además de una gran calidad de vida, se gozaba de una extraordinaria seguridad que se reflejaba en las estadísticas que ofrecía el ministerio del Interior.

Al igual que en todas las sociedades del planeta ocurrían hechos y cosas desgraciados y desafortunados. Alguno de ellos, macabro y truculento. Uno de esos acontecimientos, bastante espeluznante por cierto, ocurría el 27 de marzo de 1991 en el embarcadero de la parroquia de Goián, en el municipio pontevedrés de Tomiño, desde donde parte un transbordador que une esta localidad con la portuguesa de Vila Nova de Cerveira. Ese día un vecino encontraba dos maletas cerradas, pero se percató de que de una de ellas sobresalía un brazo humano, en tanto que de la otra una cabeza.

Después de realizar el macabro hallazgo, este hombre puso el hecho en conocimiento de la Guardia Civil de la zona, quien -al abrir ambos portaequipajes- se encontró con la desagradable sorpresa que contenían sendos cuerpos humanos. Estos, que presentaban claras señales de violencia, estaban envueltos en plásticos recubiertos de cinta adhesiva de la empleada en los embalajes.

Un ex-jefe de policía portugués y su esposa

Una vez que el juez dio orden de levantar los cuerpos, y tras realizar las primeras inspecciones oculares, se supo que los cadáveres de las víctimas pertenecían a un policía luso, Antonio Amável de Sousa Carvalho, de 68 años, quien había sido el primer subjefe del cuerpo de la Policía y Seguridad Pública, de Portugal, y su esposa Gloria Vieira Peixoto, de 67. Su identificación no resultó complicada, ya que en una de las maletas en las que se encontraban sus cuerpos se encontró una tarjeta con las señales del responsable policial luso. A todo ello, también contribuirían las ropas que llevaban puestas, lo que unido a la colaboración de la Benemérita con las fuerzas de seguridad lusas, confirmaron la identidad a quienes correspondían los cadáveres.

Las primeras hipótesis apuntaban a que el crimen se había cometido en la localidad portuguesa de Braga, dónde habitualmente residía el matrimonio asesinado. Mientras, en torno al suceso, la prensa del país vecino apuntaba a que este podría haber tenido su origen en un supuesto ajuste de cuentas que habría podido llevar a cabo algún delincuente portugués.

La autopsia practicada a ambos cadáveres revelaría que el varón murió estrangulado, mientras que su esposa fallecería a consecuencia de algún golpe en la cabeza propinado con algún artilugio contundente. De la misma forma, se suponía que el crimen que les había costado la vida se habría cometido unos tres o cuatro días antes de encontrarse sus cuerpos.

Las primeras investigaciones practicadas por la policía de Portugal confirmaron que en la casa del matrimonio asesinado se encontraron restos de sangre en una escalera que conducía a la bodega de su casa, así como en un adoquín de granito emplazado en el mismo lugar. La hipótesis de que el crimen se había cometido en la calle Camoens de Braga, venía reforzada por el hecho de que las cuerdas que amarraban los cadáveres eran idénticas a las que utilizaba el matrimonio asesinado para atar manojos de cebollas que guardaban en su bodega.

Identificación del asesino

Días después del hallazgo de los cuerpos y de su posterior sepelio en la localidad de Braga de la que eran originarios, la policía lusa informaba que seguían la pista de un peligroso delincuente portugués, quien se había evadido recientemente de una prisión próxima a Lisboa.

Uno de los flecos que quedaría por atar en este dramático suceso, que conmocionó a la opinión pública gallega y todo el norte de Portugal, fue como se llevó a cabo el transporte de los cuerpos desde Braga hasta el embarcadero de Goián.

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Asesinado a tiros el propietario de una Gasolinera en O Pino (A Coruña)

Gasolinera

Quizás el hecho de trabajar en una gasolinera, ya sea como empleado o propietario, es una de las profesiones más arriesgadas que existen, principalmente cuando hay que hacerlo en horario nocturno. No han sido pocas las personas que han perdido la vida a causa de sucesos sangrientos, al creer los asaltantes que en ellas había una ingente cantidad de dinero que ha servido la mayoría de las veces para pagar deudas contraídas con el siempre tan traído y llevado tráfico de drogas, que tuvo su especial cénit en Galicia a mediados de la última década del siglo XX.

Uno de esos trágicos acontecimientos, que haría correr ríos de tinta en la prensa, fue el asesinato de un empresario gallego, Luciano Barral Moledo, de 47 años de edad, quien perecería el 17 de octubre de 1995 en la parroquia de Arca, en el municipio de O Pino -muy próximo a Santiago de Compostela-, cuando los asaltantes de la gasolinera de su propiedad lo descerrajarían de dos disparos efectuados a muy corta distancia para llevarse la recaudación de esa fatídica jornada.

Alrededor de las nueve de la noche de ese día, cuatro hombres que actuaron con el rostro cubierto por pasamontañas se acercaron hasta la gasolinera de Lucindo Barral exigiéndole que entregase la recaudación que había en la caja, circunstancia a la que el empresario no opuso resistencia alguna. Sin embargo, los asaltantes no se conformaron con el dinero y uno de ellos, que jamás fue descubierto, le disparo a quemarropa dos disparos con una escopeta de cañones recortados.

En brazos de su hijo

Malherido y prácticamente sin fuerzas, dejando un impresionante reguero de sangre, el hombre intentó alcanzar la oficina para llamar por teléfono, pero desgraciadamente acabaría desplomándose y terminaría falleciendo prácticamente en el acto en los brazos de su hijo de tan solo seis años de edad, que acudió a auxiliar a su padre. A pesar del estado de extrema gravedad que presentaba, Luciano sería trasladado al Hospital Xeral de Galicia, en Santiago de Compostela, en el que no pudieron hacer otra cosa que certificar su muerte. La víctima dejaba viuda y tres hijos muy jóvenes.

A partir de ese momento se sucedieron las incógnitas en torno a quien podría haber cometido tan repugnante y terrible crimen que consternaría a toda la comarca compostelana y al resto de Galicia. Al día siguiente comenzaban las pesquisas y se encontraba el coche, marca Ford, modelo Escort, que los atracadores habían utilizado para perpetrar el robo y el crimen que le había costado la vida al empresario gallego. En su interior se recogió una muestra de sangre, así como otros restos biológicos que se encontraban en una bolsa, lo que representaba un importante avance en las investigaciones. Posteriormente, se produjo otro robo en otra gasolinera del vecino municipio de Dodro, que la Guardia Civil atribuyó a la misma banda.

Durante muchos años los investigadores no cejaron en el empeño de detener a los autores del crimen. Casi nueve años más tarde, en abril de 2004, eran detenidas cuatro personas en relación con el asalto y posterior asesinato del empresario gallego. El principal encausado era un hombre joven, de 34 años de edad, en el momento de ser detenido, quien tenía decenas de antecedentes policiales por hechos similares y otras tres personas que le acompañaban, también viejos conocidos de las fuerzas de seguridad. Todos ellos, vecinos de la localidad de Carballo, ingresarían en la prisión coruñesa de Teixeiro, tras prestar declaración ante el juez titular de Arzúa.

Absuelto

En su declaración, el principal encausado -que respondía a las iniciales de J.C.B.- negó en todo momento, así como el resto de detenidos, haber participado en ningún robo a gasolineras, ni tampoco en el de ningún coche. Contaba en contra con la declaración de un confidente de la investigación que había facilitado importantes datos para proceder a la detención de esta persona. Según se desprende de la documentación examinada, los detenidos no cometieron ninguna torpeza ni tampoco ninguna contradicción.

En junio del año 2005 se celebró el juicio contra el acusado de haber dado muerte a Luciano Barral en la Audiencia Provincial de A Coruña. El fiscal encargado del caso solicitaba una pena de 26 años de cárcel para J.C.B., sin embargo resultaría absuelto al constarse que no respondía a las características físicas descritas por el asalto cometido en la gasolinera de Dodro. Al parecer, según un testigo, el asaltante era un hombre bajo y fuerta, que no correspondía en modo alguno contra el principal acusado.

De la misma manera, los restos biológicos hallados en el interior del vehículo no resultaron ser prueba suficiente contra el encausado, ya que no se pudo constatar que perteneciesen al mismo. Los investigadores también habían recogido en el lugar de los hechos algunos cristales y los cartuchos empleados en el asesinato de Luciano Barral, que tampoco servirían de mucho, ya que el Tribunal encargado de dirimir el caso entendió que no guardaban relación alguna con el detenido.

Este desgraciado crimen, al igual que muchos otros, ha pasado a engrosar la larga nómina de casos sin resolver que se amontonan en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil de Galicia.

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Asesina a sus dos hijas pequeñas gaseándolas con el tubo de escape de un coche

Tubo de escape de un coche

Son muchas ya las veces que la realidad supera a la ficción. Igualmente, se desconoce el grado de maldad al que son capaces de llegar algunos seres humanos, creyendo que hay algunas cosas que forman parte del pasado más cruel de la humanidad y que son episodios negros de la historia de la humanidad que a nadie le gusta recordar ni mucho menos nos hubiera gustado que sucediesen. Es lógico. Sin embargo, recientemente se han producido algunos hechos que nos hacen rememorar las páginas más oscuras y terribles de la historia contemporánea. De algún modo, nos indican que hay energúmenos capaces de reproducir -aunque sea a pequeña escala- lo ocurrido en campos de concentración en el transcurso de la IIª Guerra Mundial y que todavía nos ponen los pelos de punta cuando los presenciamos a través de los muchos medios que tenemos a nuestro alcance.

Uno de esos trágicos y truculentos sucesos ocurrió entre los días 22 y 24 de noviembre del año 2001, iniciándose en la localidad pontevedresa de Gondomar. Por esas fechas, Víctor Mouzós Álvarez, un joven padre de 29 años, raptaba a sus dos hijas, Eva y Ana, de dos y tres años de edad respectivamente, con el exclusivo afán de vengarse de la madre de las pequeñas, su antigua pareja, por haber iniciado los trámites de divorcio. Sin embargo, su terrible represalia superaría cualquier forma de menoscabo de la dignidad humana, recordando por unos días los terribles métodos utilizados por los nazis en sus campos de concentración, tal y como relataría el fiscal encargado del suceso en el transcurso de la vista oral que se seguiría contra el brutal asesino.

El día 22 de noviembre Víctor Bouzós Álvarez huiría con sus pequeñas de muy corta edad desde el municipio pontevedrés de Gondomar -muy próximo a Vigo- hasta la localidad lusa de Vila Nova da Cerveira, en el norte del país vecino. Previamente, en una carta que había dirigido a su ex-esposa, el criminal le advertía que emprendería acciones contra las niñas, llegando a matarlas si se diera el caso, en represalia por la separación matrimonial que pretendía quien hasta aquel entonces había sido su pareja.

Tubo de aspiradora

Al llegar a un monte de la localidad en la que cometería tan aterradores y aberrantes crímenes, Víctor uniría el tubo de escape del coche al interior de su vehículo en el que se encontraban las pequeñas con otro conducto flexible, como los que habitualmente poseen las aspiradoras, para gasear a las pobres niñas. Una de ellas fallecería en cuestión de poco tiempo, según se desprende del examen forense al que fue sometido su cuerpo. Su padre deambularía por montes portugueses a lo largo de 36 horas con su cadáver, en tanto que la otra ya se encontraba en grave estado a consecuencia de la ingestión de monóxido de carbono, consiguiendo sobrevivir durante tres días a la terrible prueba a la que la había sometido su infame progenitor. La cría fallecería en la UCI de un centro sanitario de Vigo tras pasar 72 horas en coma.

Durante aquellos días de otoño la opinión pública gallega se conmovió de sobremanera al conocer el secuestro de las niñas. Los padres de Víctor Bouzós se desplazaron hasta el norte de Portugal posteriormente para convencer a su hijo de que regresase y devolviese las pequeñas, ya que en aquel momento se ignoraba la suerte que podrían haber corrido. El hizo caso de sus progenitores tras una conversación telefónica que mantuvo con ellos, aunque ya les advirtió que sus nietas se encontraban en grave estado de salud.

De regreso, las niñas ingresaron en un hospital de Vigo, aunque una de ellas, Eva, era ya cadáver, mientras que la otra, Ana, sobreviría tres días, pero sin poder llegar a recuperarse de la masiva ingesta de gases tóxicos que había sufrido del vehículo de su padre. Este último sobrevivió a la intoxicación al salir del habitáculo para pedir agua a unos vecinos de la zona, además de apuntar que la muerte de una de las niñas y el grave estado de salud en que se encontraba la otra en el momento de ser detenido, obedecía a un fallo en el sistema de ventilación de su coche, según la versión que facilitó a la policía, aunque nunca pudo ser comprobada la veracidad de la misma. Tal vez se tratase de una treta con ánimo de eludir un castigo mayor por parte de la justicia.

Inmediatamente, la policía procedería a la detención del doble parricida, quien también sufría algunos efectos de la intoxicación habían padecido sus hijas, pero en menor medida, por lo que fue ingresado en el módulo de reclusos del Hospital Provincial de Pontevedra, con pronóstico reservado. Según las informaciones periodísticas de la época, Víctor Bouzós representaba la imagen de un hombre «atormentado». Apenas mes y medio más tarde se conocía el primer informe psiquiátrico acerca de su personalidad, que no dudaba en calificarlo de psicópata, que era un hombre plenamente consciente de sus actos y que había actuado en represalia de su esposa, asesinando a sus dos pequeñas por la petición de divorcio que ella había formalizado, asestándole un durísimo golpe donde más daño podía hacerle.

40 años de cárcel

En el transcurso de la vista oral que se celebró en su contra en la sala sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra -con sede en Vigo- Víctor Bouzós alegaría ante el jurado encargado de dirimir su causa que la muerte de las pequeñas se había producido de forma fortuita, por el mal funcionamiento del ventilador del vehículo. Sin embargo, su versión muy pronto sería desmontada tanto por los informes forenses como por los investigadores del caso, quienes encontraron en el interior del habitáculo los restos de un tubo flexible, similar al de las aspiradoras, en una bolsa de plástico, así como una importante cantidad de restos químicos del gas tóxico procedente del conducto que expulsa los gases. El material encontrado en el interior del coche manifestó que era para desatascar cañerías, pues era fontanero, aunque este hecho sería rotundamente negado por otros compañeros de profesión que testificaron en el juicio.

El testimonio de los forenses desmontó la versión de que el autor del doble parricidio hubiese pasado la noche a bordo del vehículo en el que se encontraban las pequeñas y que una de ellas hubiese salido a dar un paseo después de haber sufrido la intoxicación. Si hubiese sido así, la niña se hubiese recuperado y probablemente no hubiese fallecido. Su defensa alegaba que su cliente solamente había incurrido en el delito de denegación de auxilio, además de considerarlo un «padre amantísimo». Ver para creer.

Una de las intervenciones más destacadas fue la del fiscal encargado del caso, quien comparó la actitud del asesino con las de los nazis en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial cuando empleaban técnicas similares para matar a los internados en los campos de concentración y a prisioneros. Víctor Bouzós sería condenado a la pena de 40 años de cárcel -20 por cada uno de los asesinatos- además de indemnizar con 250.000 euros a la madre de las pequeñas, en concepto de responsabilidad civil. La magistrada ponente de la causa destacaría en la redacción de la sentencia la «peligrosidad» del parricida, así como «la carencia de los valores más elementales y escrúpulos».

Sobre el asesino se escribirían muchas páginas, tanto en la prensa gallega como en la del resto del Estado. De él, se dijo que era un hombre frío, solitario y calculador. De la misma forma, los péritos forenses que lo entrevistaron corroborían su carácter psicopático, capaz de discernir entre el bien y el mal, pero que apenas mostraba emociones. Hasta el momento de matar a su hijas, Víctor Bouzós no había pisado nunca la cárcel, si bien es cierto que ya había protagonizado algunos altercados que le acarrearon numerosos antecedentes policiales. De la misma forma, se señalaba que padecía algunos episodios relacionados con alguna patología de carácter psiquiátrico, aunque son precisamente las personas con enfermedades psicosomáticas las que menos actos delictivos protagonizan, según informaciones facilitadas por profesionales de la salud mental.

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