Un niño gallego asesinado por un pederasta en Londres

Diego Piñeiro, el niño asesinado en Londres

No cabe duda alguna que la emigración gallega dejó una fecunda huella allí donde puso sus pies. Quizás fuese una de las diásporas que más ha sabido conservar sus ancestrales costumbres y reivindicar así su presencia tan lejos de su bonsái Atlántico. Sin embargo, también sufrió algunos lamentables episodios, que resonarían con fuerza en Galicia, provocando que quienes residían en la metrópoli alzasen su voz contra esos actos que, en algunas ocasiones, ocasionaron la muerte de algunas personas que se habían ido a ganar dignamente el pan con el sudor de su frente.

Ninguna muerte violenta nos deja indiferente, pero cuando las víctimas son niños -y no son pocas veces lo que esto sucede- parece que se nos encoje el corazón y somos presas de un particular quemazón, al que no encontramos explicación alguna. Así ocurrió un domingo del mes de mayo del año 2000, concretamente el día 7 de la mencionada treintena, cuando un pederasta le daba muerte a un niño de doce años, Diego Piñeiro, con quien se encontraba febrilmente obsesionado. Desde hacía tiempo la criatura estaba siendo perseguida por un hombre de 52 años, Edward Alexander Crowley, que no dejaba literalmente en paz al pequeño.

A última hora de la tarde de aquel trágico y fatídico domingo de primavera, el individuo que lo perseguía blandió un puñal ante el pequeño cuando iba en compañía de su hermano de quince años y, casi sin mediar palabra, comenzó su orgía de sangre, propinando varias puñaladas, mortales de necesidad, al niño. A pesar de la rápida intervención de otros transeúntes, estos no consiguieron detener a tiempo las garras asesinas del consumado pederasta, quien ya había pasado algún tiempo en prisión como consecuencia de su depravada actitud.

Acoso

Antes de producirse el desgarrador suceso, que consternaría tanto a la comunidad gallega de la capital británica como a la propia Galicia metropolitana, los episodios de acoso que sufría Diego Piñeiro por parte de quien acabaría convertirse en su verdugo eran constantes. Así se deduce de las denuncias previas presentadas por el centro educativo en el que se encontraba escolarizado el pequeño. En cierta ocasión, la criatura había entrado en el colegio a toda prisa en compañía de otro alumno del mismo centro, manifestando que estaba siendo perseguido por un hombre de una cierta madurez física. Sin embargo, la policía londinense hizo oídos sordos a las acusaciones realizadas por el centro de enseñanza en el que estudiaba el muchacho gallego.

El acosador y agresor de Diego no se cortaba lo más mínimo a la hora de atemorizar al crío, incluso efectuando algunas pintadas en las instalaciones de su centro escolar en las que se podía leer, entre otras cosas, «mi querido hombre latino» o «mi amor». Estos hechos, junto a la circunstancia de que lo persiguiese incluso en la parada del autobús, provocarían el lógico desasosiego tanto del pequeño como de la comunidad educativa. Por si fuese poco, en cierta ocasión Edward Alexander Crowley se presentó en el colegio del chico para recogerle a la salida de clase como si se tratase de su padre.

El 2 de noviembre de 1999 el pederasta persiguió incluso al niño en el parque en el que jugaba, en el que incluso colgaba notas referidas al crío en las que no dudaba en expresarle sus asquerosos y ruines sentimientos. Ante la constante persecución de la que estaba siendo objeto, la policía metropolitana decidió proveer al pequeño de un teléfono móvil para que pudiese realizar llamadas de auxilio, aunque esta medida, además de insuficiente, resultó ser completamente ineficaz.

La madre, que en el momento del asesinato de Diego Piñeiro se encontraba en Galicia, se desplazó inmediatamente a la capital británica, pero debió ser ingresada en un centro sanitario a consecuencia de una gran crisis de ansiedad. La progenitora acusó a la policía inglesa de subestimar las denuncias que se habían practicado hasta aquel momento por la actitud de un peligroso y nausebundo sujeto que terminaría convirtiéndose en verdugo de un niño de tan solo doce años.

La prensa británica, incluso los tabloides más amarillos y sensacionalistas, no dudaron en calificar de tragedia la muerte del pequeño gallego, al producirse a plena luz del día en pleno centro de la capital londinense y en una zona muy concurrida, además de conocerse por parte de las autoridades los antecedentes que pesaban sobre el agresor y de la actitud canallescamente hostil que había manifestado en reiteradas ocasiones contra el niño.

Una semana más tarde de su muerte, Diego Piñeiro recibiría sepultura en la localidad gallega de Pontedeume, de donde eran originarios sus padres. El progenitor residía en Betanzos, mientras que el niño vivía en Londres en compañía de su madre y su segundo marido.

Cadena perpetua

El asesino del niño gallego, Edward Alexander Crowley, sería condenado a reclusión perpetua en el transcurso de una vista desarrollada ante el Tribunal Supremo de Londres. El juez encargado de dirimir el infanticidio, Neil Denison impuso la máxima pena que contemplaba el código penal británico al declararse el pederasta como autor del brutal crimen.

El mismo juez había ordenado someter al acusado a unas pruebas médicas en las que se diagnosticó que Crowley padecía un cierto grado de esquizofrenia paranoide aguda, si bien el pederasta facultó a su abogado defensor para que este realizara los trámites oportunos para no cumplir su pena en un centro de internamiento psiquiátrico.

El criminal manifestó a su letrado también que nunca llegó a mantener contacto sexual alguno con su víctima, pero que no pudo evitar ser rechazado por Diego, motivo este que le provocó un gran desasosiego al no poder aceptar ser rechazado por la criatura. A consecuencia de este lógico rechazo, emprendió su brutal agresión en la que también resultaría herido de cierta consideración su hermano Roberto.

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Un crimen en la emigración gallega juzgado en A Coruña

Centro Gallego de Montevideo

De todos es sabido que la emigración gallega realizó una muy fecunda labor en tierras americanas en la primera mitad del siglo XX. La huella de la diáspora gallega no dejó indiferente a nadie. «Gallego» es un apelativo, y también un calificativo, muy común en nuestros días para referirse principalmente a los españoles, así como a la forma de expresarse de quienes proceden de la Península Ibérica, independientemente de cual sea su origen.

Hoy en día la estancia gallega en las tierras que se sitúan allende el Océano Atlántico sigue estando muy viva entre sus gentes, conservando los ancestrales centros culturales que fundaran hace ya más de un siglo la ingente cifra de emigrantes galaicos que se trasladaron a diferentes países del nuevo mundo en busca de una prosperidad que se les negaba en la tierra de sus padres. Sin embargo, también en esa gran colonia surgieron algunos problemas con consecuencias demasiado trágicas que para nada empañarían la extraordinaria labor llevada a cabo por quien huía de una miseria que, en su tierra, estaba más que asegurada.

Un dramático suceso de las características antes aludidas tendría lugar el 30 de julio de 1955 protagonizado por dos personas que se habían trasladado a Uruguay, otrora denominada la Suiza americana que, sin embargo, en la década de los cincuenta ya se encontraba en una muy franca decadencia. El caso acontecido en pleno centro de la capital uruguaya, Montevideo, estaría hoy en día encuadrado dentro de lo que se denomina violencia de género o machista.

Un botellazo

Dos gallegos que habían salido hacía ya años rumbo a América, Roberto Díaz Vilar y María del Pilar Cancelo Pérez se conocieron en el país del Plata en torno a la segunda mitad de los años cuarenta del pasado siglo. Ambos se habían separado de sus antiguas parejas y habían iniciado una convivencia, calificada de «ilegal» por la prensa española de la época, haciendo referencia con toda seguridad a que en aquel entonces se consideraba un delito el amancebamiento estaba tipificado como delito en el código penal española y así seguiría hasta mayo del año 1978.

Desde hacía ya algo más de un año las relaciones entre Roberto y Pilar se habían ido deteriorando, desconociéndose las causas, aunque quizás la difícil situación que comenzaba a atravesar el país sudamericano tuviese mucho que ver. Sea como fuere, se cuenta que las peleas y enfrentamientos en la pareja estaban a la orden del día. El estado de su relación llegaría a un punto extremo en el verano de 1955, llegando hasta tal punto que el hombre sacudiría un botellazo a su compañera que la dejaría inconsciente. Roberto Díaz aprovecharía la situación para asfixiar a Pilar Cancelo con un cinturón de los que empleaba para ajustarse los pantalones. Posteriormente, recogería el cuerpo de la víctima y lo depositaría en una cantera, dónde sería hallado por la policía uruguaya.

Consciente de que la justicia se le echaba encima, el emigrante gallego trató de poner tierra de por medio, o mejor dicho agua en este caso, para huir del país americano, trasladándose en los primeros meses del año siguiente, 1956, a su tierra de origen. Además, aprovecharía para cobrar los salarios devengados a su compañera. Su destino sería la localidad coruñesa de Valdoviño, muy cerca de Ferrol.

Interpol

En vista de que Roberto Díaz había desaparecido sin dejar rastro alguno, la policía uruguaya alertaría a la Interpol para que se procediese a la detención del ciudadano hispano-uruguayo, pues el criminal poseía ambas nacionalidades. Una vez localizado, las autoridades sudamericanos solicitaron de las españolas su extradición, ya que estaba acusado de un delito de asesinato. Debido a un convenio de reciprocidad en la justicia que afectaba a los emigrantes vigente entre España y Uruguay, este último estado aceptó que a Roberto Díaz Vilar fuese juzgado por tribunales españoles con la condición de que no le fuese aplicada la pena de muerte, vigente en el Estado español para determinado tipo de delitos, pero que no la contemplaba la legislación del país charrúa, lugar en el que se había cometido la infracción penal.

El acusado de la muerte de María del Pilar Cancelo Pérez, una emigrante gallega de 49 años, sería condenado en noviembre de 1958 a una pena de 16 años de cárcel por un delito de homicidio, además de verse obligado a reintegrar el importe de algo más de 3.000 pesetas que había defraudado a la Hacienda uruguaya, en concepto de los salarios devengados obtenidos ilegalmente de su compañera. De la misma forma, también se le condenaba a pagar las costas judiciales y a indemnizar con 102.000 pesetas a los familiares de la víctima.

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