Un inmigrante ghanés mata a un matrimonio en Ferrol

Inmigrante ghaneses

El año 1999 fue otro de los muchos en los que se prodigó la criminalidad en Galicia y, concretamente, en la comarca de Ferrol y su área metropolitana. El flamante y comercial «Xacobeo» que aquel año se celebraba por todo lo alto no fue suficiente para blanquear los sucesos sangrientos ocurridos en aquel fin de siglo, que se aventuraba incierto.

Un hecho que conmovería profundamente a la sociedad gallega de entonces fue el asesinato de un matrimonio de Ferrol, en el barrio de Tejeras. Ocurría en la noche del 30 al 31 de octubre de 1999, cuando un hijo de los fallecidos, Francisco Javier Pardavila, encontraría sus cadáveres en la vivienda al percatarse que sus padres no respondían a sus constantes llamadas al telefonillo del portal. Según su versión, tuvo que encaramarse al portal interior para poder forzar una ventana y encontrar los cuerpos sin vida de sus padres, Francisco Pardavila Besteiro, de 66 años de edad, y María Victoria Villadóniga Candales, de 61.

El autor de aquellas muertes había sido un ciudadano ghanés de 41 años, afincado en España y antiguo miembro de la legión, que respondía al nombre de Ismael Dan Sampana. Este mismo individuo había sido absuelto de otro crimen, que le había costado la vida a un compatriota suyo en julio del año 1998, en un crimen que quedaría sin resolver debido a la falta de pruebas contundentes para condenarlo, pese a que el fiscal solicitaba para él una pena de 20 años de prisión. Apenas un mes más tarde de haber recobrado la libertad y salir absuelto, le daba muerte a un matrimonio de jubilados en Ferrol. Desde su llegada a España, había pasado más tiempo por las cárceles que en libertad.

Conocido de las víctimas

Ismael Dan Sampana era un conocido de sus víctimas, pues había sido alojado durante algún tiempo en su casa, debido a que mantenía una estrecha relación de amistad con el hijo de estas a quien había conocido en el penal de Teixeiro. Pese a que «Javito» Pardavila no guardaba una buena relación con sus progenitores, estos accedieron a acoger en su domicilio a su amigo al salir de la prisión, puesto que no tenía a donde acudir. Debido a esa amistad, el ciudadano ghanés conocía prácticamente todos los pormenores de aquella vivienda.

Según la tesis que sostenía la juez instructora de este caso, Dan Sampana y «Javito» habrían pactado robar las joyas de la madre de este último, quien nunca se las quitaba de encima por temor a que su hijo se las sustrajese para venderlas, pues tanto él como su novia Montse Gómez, contaban con múltiples antecedentes penales por hechos similares.

En la noche en que se produjo el trágico crimen, el matrimonio asesinado se encontraba ya durmiendo, cuando fueron sorprendidos en su dormitorio por el homicida, quien -al percatarse de que habían despertado- les propinó una brutal paliza, sin apenas poder defenderse, pese a que el tribunal que juzgó el caso estimó que si había habido una mínima defensa y no había existido alevosía por parte del agresor. Como consecuencia de los golpes recibidos el matrimonio, ya sexagenarios, acabarían falleciendo, siendo encontrados por su hijo, quien también sería procesado por este suceso, aunque no resultaría condenado.

Al día siguiente de producirse el terrible crimen, Ismael Dan Sampana sería detenido por la policía, quien, además, hallaría en su poder las joyas que había arrebatado a la Victoria Villadóniga. De la misma forma, los agentes encargados de la investigación encontrarían restos de sangre y ADN en sus ropas, que posteriormente resultarían claves para la resolución del caso. Al parecer, en la jornada del día de autos, el ciudadano africano habría abandonado la vivienda en que lo cobijaron a la una de la tarde y en la que había pernoctado durante una semana.

40 años de cárcel

Ismael Dan Sampana sería condenado a una pena de 40 años de cárcel, acusado de dos delitos de homicidio y uno de robo en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña en mayo del año 2003. El tribunal entendió que se trataba de homicidio y no de asesinato, ya que sostenía que en el ataque a las víctimas no hubo alevosía porque los fallecidos dormían mientras el ciudadano ghanés les robaba y solamente cuando estos despertaron decidió acabar con sus vidas. Igualmente apreciaba que había habido algunos intentos de defensa por parte de las víctimas, que consideraba débiles, pero reales.

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Dos muertos y más de 100 heridos en los sucesos de Ferrol

En los primeros años setenta Ferrol, además de Vigo, eran los principales centros industriales de Galicia. Hasta la ciudad departamental se habían trasladado trabajadores de todo el área noroeste gallega que veían en una ciudad que se encontraba prácticamente tomada por los militares una oportunidad de escapar de la miseria que les hubiese representado el hecho de quedarse en sus aldeas de origen. En la principal ciudad del norte de Galicia se habían asentado las dos principales empresas de astilleros de la época, dando empleo a miles de trabajadores que procedían de la comarca de Ferrolterra y también de la provincia de Lugo, principalmente.

Como consecuencia de la ingente cantidad de obreros que trabajaban en Ferrol surgirían también importantes grupos de oposición al régimen franquista, que veía como en el principal bastión de su líder tomaban una gran fuerza distintos grupos políticos y sindicales afines al Partido Comunista de España (PCE), considerado en aquel entonces el principal aglutinador de la oposición al régimen que lideraba todavía con mano de hierro el viejo general.

Uno de los principales sindicatos que se había ido insertando de forma clandestina en las estructuras del aparato sindical del Estado franquista era Comisiones Obreras, quien había conseguido infiltrarse en el caduco Sindicato Vertical. La clandestina organización de la época en aquel entonces ejercía ya un gran control en las redes obreras de Ferrol, lo que equivalía a que se negasen a acatar muchas de las directrices emanadas del organigrama estatal. Así ocurrió en marzo de 1972. En aquella época los dirigentes de la estructura gremial del franquismo firmaron un acuerdo que no reconocía las revindicaciones de los trabajadores de Ferrol, quienes, en asamblea, rechazarían el convenio firmado en Madrid. A partir de ese momento se iniciaron una serie de movilizaciones que arrojarían la trágica consecuencia de dos trabajadores muertos y más de un centenar de heridos el 10 de marzo de 1972, fecha que acabaría convirtiéndose en el Día da Clase Obreira Galega.

Despidos

Al no acatar el acuerdo que se había firmado en Madrid, en el que se negaba que los trabajadores de ASTANO y Bazán tuviesen su propio convenio, los dirigentes de estas empresas despidieron a sus representantes sindicales, uno de los cuales sería agredido por los guardias de seguridad de las factorías. Al tener conocimiento el resto de las plantillas y de la agresión a un representante sindical, se declara una situación de huelga general en ambas empresas que terminará degenerando en graves enfrentamientos entre trabajadores y la policía.

El responsable de Bazán habló con los representantes de los obreros pero no alcanzaron ningún acuerdo, lo que provocó las protestas de los operarios quienes se mantuvieron firmes en sus peticiones, además de protagonizar una concentración delante de la sede de la empresa de la que intentó dispersarlos la policía. La actuación de los cuerpos de seguridad del Estado no haría sino empeorar la situación.

Al día siguiente de estos primeros acontecimientos, el 10 de marzo de 1972, a las siete y media de la maña 4.000 trabajadores de Bazán, que se encuentran las puertas de la empresa cerrada, deciden ir en manifestación hasta el Polígono de Caranza, entonces un barrio nuevo y en construcción para reunirse con los de ASTANO. Al paso de los obreros por la Avenida de Castilla y el puente de As Pías, la policía cargaría contra ellos, quienes respondieron a la carga con piedras.

Posteriormente, los miembros policiales dispararían contra los manifestantes provocando la muerte de dos ellos y más de medio centenar resultarían heridos. Los muertos fueron los trabajadores Daniel Niebla y Amador Rey. La cifra de lesionados nunca se pudo contabilizar con exactitud, pues muchos de los lesionados no acudieron a centros sanitarios, a fin de evitar ser reconocidos y represaliados por parte de las autoridades franquistas. Los agentes de la policía se verían en la obligación de refugiarse en el cuartel, dónde tuvieron que resistir dos intentos de asalto.

Del sangriento suceso se harían eco los principales medios de comunicación extranjeros, entre ellos The Guardian, Le Monde o The New York Times, lo que contribuiría a dañar gravemente la imagen exterior de una decrépita dictadura.

Intervención militar

Debido a que los sucesos se estaban escapando fuera del alcance de las autoridades del régimen imperante, estuvo en su mente la intención de intervenir militarmente en la ciudad, ya que la huelga de los astilleros había tenido un efecto contagio con el resto de las empresas de la ciudad, que quedaría aislada por tierra al cortarse su entrada, así como también por vía telefónica.

Un buque de guerra de la Armada se instalaría frente al puente de As Pías. Además, la policía contaría con la ayuda de efectivos de refuerzo procedentes de otras localidades españolas, entre ellas de León y Lugo. Un grupo de representantes de los trabajadores se entrevistó con el capitán general de la zona Marítima del Cantábrico a fin de evitar que hubiese una intervención militar en la ciudad. Los astilleros permanecerían cerrados durante dos semanas.

Las protestas de los trabajadores se saldarían con un total de más de 100 despidos y 60 encarcelados y otros 54 multados con cantidades que oscilaban entre las 50.000 y las 250.000 pesetas, cifras muy elevadas para la época que, en algunos casos, suponían varios meses de salarios.

Por los trágicos acontecimientos en Ferrol, en los que perdieron la vida dos trabajadores, nunca se detendría a nadie ni tampoco se efectuarían denuncias contra los causantes de las muertes. En el año 1997 el Parlamento de Galicia aprobaría por unanimidad una declaración institucional en la que se reconocía la fecha del 10 de marzo de 1972 como Día da clase traballadora galega y en el que se hacía constar su especial significado como un destacado símbolo de la lucha por las libertades públicas.

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28 muertos en un accidente de un autobús procedente de Ferrol

La España de 1977 comenzaba a ser un país diferente a lo que lo había sido antaño. La democracia estaba recién estrenada y los llamados «padres de la patria» se encontraban redactando una constitución que aventuraba un nuevo porvenir en paz, lejos de las miradas espartanas de los militares, sus firmes y lustrosas botas altas y el casi siempre eterno ruido de sables que se había producido en un país acostumbrado a solucionar sus problemas gracias a la intervención de los viejos salvapatrias, que empezaban a quedar cada vez más denostados. A partir de ese año todo dejaría de ser así. Los españoles de la época comenzaban a familiarizarse con frases y expresiones que les sonaban raros, pero con las que pronto harían buenas migas. Sufragio universal, consenso o Pactos de la Moncloa habían ido sustituyendo a otras de corte marcial a las que se iría relegando paulatinamente en cuestión de décadas al oscuro baúl de los recuerdos, tal vez para pronunciarlas jamás.

Como era normal en aquel entonces, todavía quedaban infinidad de rescoldos de la vieja dictadura que había desaparecido en paralelo a su única tardía razón de ser, el viejo dictador. En esa pesada herencia que perduraría durante algún tiempo se encontraban las infraestructuras y las carreteras, que apenas habían variado en décadas, salvo que ahora se encontraban asfaltadas, pero no había ninguna otra mejora digna de mención. Sin embargo, su trazado dejaba mucho que desear. No era una materia que le hubiese importado mucho al huraño dictador que se aposentaba detrás de los inmensos pinares de El Pardo. En tanto se había prodigado por todo el país inaugurando pantanos, lo que le había valido el mote de «Paco, el rana» porque andaba de charco en charco, no había hecho lo mismo con las viejas vías de transporte. Nunca se ganó el mote de «Paco, el conductor». Tal vez porque el viajaba en avión o barco, el famoso «Azor» o cuando no en su flamante Rolls Royce que siempre conducía un tercero bajo la atenta mirada del tirano que se situaba detrás suya.

Precisamente de la cuna natal del viejo general procedía un autocar, con matrícula de Lugo, que en la madrugada del 30 de diciembre de 1977, alrededor de las cuatro y media de la mañana, tuvo la mala suerte de colisionar frontalmente contra un camión de 22 toneladas de peso y que transportaba cebada, pereciendo un total de 28 personas, 26 de las cuales eran infantes de marina, además de los dos conductores de cada uno de los vehículos implicados en un trágico accidente que amargaría las navidades a los españoles de la nueva democracia.

Invasión del carril contrario

En el autocar viajaban un total de 60 personas, casi todos ellos mozos en edad militar ya que eran infantes de marina que estaban cumpliendo el servicio militar en Ferrol, siendo una gran parte de los mismos originarios de Cataluña, Extremadura, Andalucía y Madrid, aunque también viajaba algún gallego cuyas familias estaban afincadas en otras partes del territorio peninsular. Los jóvenes militares se dirigían a sus lugares de origen para así poder disfrutar de un permiso con motivo de las fiestas navideñas.

El accidente tuvo lugar en el municipio berciano de San Miguel de las Dueñas en el punto kilométrico 383 de la vieja carretera Nacional sexta, N-VI, en lo que comúnmente se llama la Galicia irredenta, tanto por el origen de sus gentes como por sus ancestrales costumbres. La principal causa, según datos extraídos de la prensa de la época, estuvo motivada por la invasión del carril contrario por parte del camión impactando de manera frontolateral contra el autobús en el que viajaban los infantes de marina. A ello se añadía la alta velocidad a la que viajaban ambos vehículos, tal como relata el diario EL PAIS en su edición de 31 de diciembre de 1977.

No le faltaban palabras a la prensa de entonces para describir el espantoso espectáculo que se vivió tras el impresionante accidente que amargaría aquella primera nochevieja que los españoles se disponían a disfrutar en libertad. De dantesco, calificaba ABC, la imagen ofrecida por el autocar siniestrado que había quedado seccionado en dos mitades, pero no a lo ancho sino a lo largo. Sobre el asfalto, tal como indica este rotativo madrileño, quedaron esparcidos los cuerpos de quince soldados a la espera de poder ser identificados con la llegada del nuevo día.

Los cadáveres que se podían contemplar a la luz de los faros, según el diario de Prensa Española, habían quedado completamente desfigurados en medio del apabullante y desolador amasijo de hierros que se había convertido el automóvil siniestrado, al tiempo que impresionantes charcos de sangre manchaban siniestramente el asfalto de la carretera. La práctica totalidad de quienes perecieron en este terrible accidente lo hicieron casi de forma instantánea, entre ellos los dos conductores de ambos vehículos. La cifra de heridos se elevaba a casi la mitad de quienes viajaban en el autocar siniestrado, siendo muy pocos los soldados que no habían sufrido lesión alguna.

Confusión

Después de aquel trágico siniestro se vivieron grandes momentos de confusión y angustia entre quienes habían logrado a tan desgraciado accidente. Una gran parte de los soldados que viajaban a bordo del autocar siniestrado se encontraban dormidos en el momento en que se produjo el dramático suceso. Otros daban cuenta a la prensa que en un principio no se enteraron de lo que había sucedido, pese a que oyeron un ruido brutal como si hubiesen arrancado de cuajo una plancha metálica, haciéndose un sepulcral silencio que sería interrumpido por los quejidos de aquellos que habían resultado heridos.

Quienes habían logrado sobrevivir a esta catástrofe calificaban el hecho como de «milagroso», debido al temor que en ellos había suscitado el estruendo de la colisión y al estado en que quedaron los cuerpos de casi todos los compañeros que habían fallecido en el siniestro. Al encontrarse todos ellos cumpliendo el servicio militar, los féretros de los fallecidos serían trasladados a Ferrol, dónde se les tributaría un homenaje póstumo, además de celebrarse las honras fúnebres a las que asistirían las primeras autoridades civiles y militares de la época.

Otra hipótesis que se barajaba en torno al accidente era la posibilidad de que el sueño pudiese haber hecho mella en alguno de los conductores, así como la espesa capa de niebla que en ese momento cubría la zona, un factor muy a tener en cuenta a la hora de cualquier siniestro. Sin embargo, ningún medio mencionaba para nada el estado de la carretera y el estrechamiento de la calzada en algunos de sus tramos. Se sumaba además la circunstancia de que en la década de los setenta fallecerían más de 200 personas en distintos accidentes en los que se habían visto envuelto autocares. Nunca se podrá saber si fue como consecuencia del azar, caprichos del destino u otra causa, aunque nunca llevaban la culpa el estado y conservación de unas viejas y caducas infraestructuras que todavía estaban señalizadas con no menos viejos y ancestrales mojones, muchos de los cuales fueron la causa directa de la muerte de muchos conductores.

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Crimen en un cuartel de la Armada en Ferrol

Marinos jurando bandera en Ferrol

A finales de la década de los setenta, el Ejército todavía continuaba siendo un poderoso estamento social, gozando de ciertos privilegios de antaño obtenidos durante el régimen dictatorial de Franco. Todavía era un elemento a tener en cuenta en la gobernabilidad del país y era frecuente que militares de la más alta graduación formasen parte de distintos ejecutivos estatales. Por si fuera poco, la clase política era mirada de reojo desde los cuarteles, quedando todavía muchos miembros de las fuerzas armadas dispuestos a intervenir si lo consideraban necesario en asuntos estrictamente políticos.

En Galicia donde siempre más se ha notado la presencia militar ha sido en la ciudad de Ferrol, localidad en la que la Marina siempre ha contado con un importante número de efectivos. Buena prueba de su significación en el área ártabra lo sería el equipo de fútbol, el Rácing de Ferrol, que durante muchos años sería uno de los más punteros de Galicia, militando durante casi dos décadas de forma ininterrumpida en la segunda categoría, gracias a los refuerzos de futbolistas que iban destinados a la ciudad departamental a cumplir el servicio militar obligatorio.

Con la supresión de la «mili» se terminaría con largas décadas subyugados al poder de los uniformes y los cuarteles, olvidándonos para siempre de la importancia que desempeñaban aquellos hombres de rostros tensos y adustos que parecían carecer de cualquier estima por quienes los rodeaban. Todo ello incidiría negativamente en una ciudad que dejaba de pertenecer al albur militar después de más de un siglo en el que se hicieron patentes las botas altas de firme pisada y los engalanados uniformes que vestían aquellos hombres de mirada lejana y severa.

En las instalaciones del Ejército y de la Armada ocurrían muchas cosas, aunque siempre reinaba un mutismo y hermetismo prácticamente absoluto en torno a lo que pudiese acontecer en su interior. Muchas veces esa introversión y reserva era aducida en base a unos supuestos secretos oficiales a los que jamás pudo acceder la población civil, manteniéndose el estamento militar como un submundo aparte del resto en el que reinaba su propia ley. Esta circunspección lo abarcaba todo o prácticamente todo. Tal fue el caso de un dramático suceso ocurrido el domingo, 23 de septiembre de 1979.

En esa fecha un joven cabo, Antonio Cabanillas Cabrera, que estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio, disparó dos veces con su fusil cetme sobre el capitán de Infantería Carlos Seijas Fernández, en el momento en que se encontraba cenando en el comedor del acuartalemiento en compañía del también oficial, el teniente Manuel Álvarez Fernández, quien tendría más suerte que su compañero de armas al escasquillársele el pertrecho al asesino. El suceso ocurrió en torno a las once menos cuarto de la noche.

El oficial asesinado había llegado recientemente al destacamento de Ferrol, hacía escasamente diez días que se había incorporado a su nuevo destino procedente de la base naval de Cartagena, siendo esta la primera vez que hacía guardia. El fallecido era oriundo de la parroquia de Sillobre, en la que sería enterrado un par de días después, en el municipio de Fene, muy próximo a Ferrol.

Consejo de Guerra Sumarísimo

Una de las peculiaridades que tenía el Ejército y el mundo militar en particular era que se regía prácticamente de una forma autónoma, disponiendo incluso de su propia jurisdicción encargada de dictar sentencias sobre los delitos cometidos en acto de servicio, siendo este uno de los últimos caso acontecidos en Galicia. A diferencia de la justicia ordinaria, la militar funcionaba con muchísimo más rapidez. De hecho, el cabo que había dado muerte a su compañero sería juzgado apenas unos días más tarde en un consejo de guerra sumarísimo, una expresión que parece retrotraernos a otros tiempos y que suena ya un tanto arcaica debido a que era mucho más común emplearla para tiempos en los que España o cualquier otro país se hallaba en conflicto.

En el transcurso del proceso, el soldado, que había sido detenido y recluido en la prisión militar de Caranza, reconoció los hechos que le imputaban, siendo condenado a una pena de 30 años de cárcel. Además, se le expulsaba de forma definitiva de las fuerzas armadas, a lo que se añadía que debía satisfacer una indemnización de tres millones de pesetas(18.000 euros) a la esposa e hijo del capitán Seijas Fernández. El proceso había contado con la novedad de ser el primero de sus características en la historia en la que el acusado no debía de temer a ser sentenciado a muerte, pues la pena capital había sido abolida con la promulgación de la Constitución de 1978.

Otra de las peculiaridades de este caso fue el extraordinario hermetismo con que fue llevado por parte de las autoridades militares, un excepcional mutismo próximo al secretismo, característica, por otra parte, muy propia del Ejército que se desenvolvía muchas veces como un auténtico reino de taifas. Además, sería también uno de los últimos casos que se desarrollaría por la jurisdicción militar, ya que, años más tarde con la reforma judicial, todos los acontecimientos que tuviesen lugar dentro del propio Ejército serían potestad de la justicia ordinaria.

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Impunidad para un crimen cometido en Ferrol

Serantes, Ferrol

A primeras horas de la mañana de aquel 5 de junio de 1992 un sobrino suyo, que se llamaba Ramón, encontró el cadáver de Amelia Orjales Beceiro tendido sobre un gran charco de sangre. Se suponía que su asesino se había ensañado con ella hasta donde le era menester en busca de un objetivo que, se supone, no consiguió. Una impresión brutal y temerosa para cualquier ser humano lo que sufrió el familiar de la mujer asesinada. De inmediato, puso en conocimiento de las autoridades pertinentes el hecho para tratar de aclarar lo que había acontecido para que su tía apareciese brutalmente asesinada.

Es a partir de ahora cuando empiezan los dimes y diretes, el ajusta y compón de un suceso que conmocionó a una pequeña población rural, como es Serantes, perteneciente al término municipal de Ferrol, en el que todo el mundo se conoce y existe una familiaridad máxima entre el vecindario. Ramón llamó de inmediato al 092 y los primeros en personarse fueron los agentes de la Policía Local de la ciudad departamental y es, a partir de ese momento, cuando se inician los desbarajustes en una investigación que no debería requerir una gran complicación.

Hay aspectos muy turbios en este asunto, que recuerdan al famoso Crimen de Los Galindos en la provincia de Sevilla, relacionados con la investigación. La familiaridad de la que se hablaba antes pudo llegar a que los vecinos invadiesen el domicilio de la víctima, previamente a la llegada de los guardias municipales o no se sabe muy bien si entraron en la casa cuando estos se personaron en el lugar de autos.

Robo

Todas las hipótesis apuntaban a que el móvil del crimen que le costó la vida a Amelia Orjales fue el robo, además de ser, supuestamente, una persona conocedora de su casa y sus costumbres. Se sospecha que el presunto autor de su muerte era conocedor de que la víctima tenía una acusada sordera y que supuestamente entró en su casa por la parte posterior de la vivienda, con el ánimo de robarle 300.000 pesetas (1.800 euros al cambio actual), que la mujer guardaba en una manta eléctrica. Sin embargo, sospechaban también los investigadores que el ladrón pudo verse sorprendido por la víctima y, ahí al reconocerlo, fue cuando perpetró su brutal crimen, asestándole un total de 20 puñaladas.

En su huida, al parecer, dejó abundantes huellas. Una de ellas estaba situada en el alféizar del la ventana por la se suponía que había huido. Pero, una vez más, al estar contaminado de otras pegadas, principalmente de los vecinos, ya que el escenario del crimen no fue protegido convenientemente, todo ello daría al traste con la investigación. En un primer momento se pensaba que el caso se resolvería en cuestión de días. Todo más tardar, semanas.

Seguramente se cree que el asesino era sabedor que esta mujer de 67 años de edad, que era soltera, vivía sola, así como tampoco se desechaba la posibilidad de que conociese los hábitos de su vecindario. La única pista que encontraron los investigadores de la Brigada de Homicidios cuando se hicieron cargo del caso fue que la televisión estaba encendida y la víctima tendida en el suelo frente a ella. Pero, poco o nada aportaría esta pista al esclarecimiento del suceso.

Se sabe que el criminal no logró su objetivo, pues el dinero en efectivo aparecería sobre una manta eléctrica en la que Amelia Orjales solía esconderlo. Cuando se hizo cargo del caso la jueza Pía Iglesias ordenó que se limpiase y desbrozasen los ribazos que rodeaban la casa, por si el autor del crimen hubiese arrojado a los mismos el arma homicida. Una vez más, la investigación no dio los resultados esperados, pues tampoco se encontró ninguna nueva prueba que arrojase un hilo de luz a un suceso que ya había nacido viciado de antemano.

Los forenses dictaminaron en su informe que la víctima habría muerto en torno a las nueve de la noche del día 4 de junio, unas 12 horas antes de ser encontrado su cadáver. Se interrogó a los vecinos preguntándoles si a esas horas habían visto a alguien merodeando alrededor de sus viviendas o de la víctima. Una vez más, los resultados fueron negativos.

Han transcurrido ya más de 20 años sin que se incoasen nuevas diligencias, por lo que el crimen ha prescrito, quedando en la más absoluta impunidad. Tal como está redactada la legislación, no se podría emprender ninguna acción contra el supuesto asesino aunque se declarase autor del mismo, aunque, todo hay que decirlo, eso es muy complicado que suceda.

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