Un marinero asesina a un taxista en A Coruña arrojándolo al mar

Los profesionales del taxi se juegan la vida cada día. A diario son muchas las noticias que podemos leer en la prensa en las que estos conductores son objetivo de rateros y delincuentes habituales, que tan solo aspiran a hacerse con unas nimias cantidades de de dinero con las que dan el cambio a sus muchos clientes. Lo peor de todo, y no son poca veces, es cuando los taxistas son víctimas de un asesinato. Por desgracia, esto último no es nuevo.

Ya en la década de los sesenta del pasado siglo, en pleno franquismo, eran víctimas de robos e incluso de asesinatos, pese a la supuesta mano dura que ejercía el régimen con los delincuentes. Incluso, este tipo de actos delictivos llegaba a una Galicia escasamente desarrollada y masivamente rural en la que la práctica totalidad de sus muchos vecinos del mundo rural se conocían y se vivía, aparentemente, en un ambiente de común armonía.

Esa buena sintonía entre los gallegos de aquella se época se vio bruscamente alterada una noche de un ya lejano 16 de marzo del año 1963 cuando aparecía un taxista brutalmente asesinado en el muelle del este de la ciudad de La Coruña, una urbe muy tranquila y en constante expansión, que en esos momentos se estaba jugando el liderazgo de primera ciudad gallega con el rival de sur, Vigo.

Alrededor de las diez de la noche, en la parada de taxis del barrio herculino de Cuatro Caminos, un joven marinero de tan solo 19 años, José Ramón Santiago Fernández, natural del municipio coruñés de Muros, le requirió los servicios a un joven taxista de 32 años, Antonio Verdura López, originario de la provincia de León pero que ya llevaba algún tiempo afincado en A Coruña. Le solicitó que lo llevase hasta el muelle del Este. Una vez allí, el infortunado profesional le requirió que le abonase las 32 pesetas (0,22 euros actuales) que costaba su servicio. José Ramón Santiago había abandonado el barco en el que trabajaba, pues debía incorporarse al servicio militar, por lo que había cobrado la suculenta cantidad de 3.200 pesetas (19,23 euros actuales), una buena cifra para la época, teniendo en cuenta que muchos salarios no alcanzaban las mil pesetas mensuales.

Arrojado al mar

Una vez llegaron al punto de destino, el joven marinero sorprendió al taxista lanzándole una pequeña cuerda al cuello, que pillaría desprevenido al conductor, quien mantuvo un forcejeo con el muchacho. Finalmente debido, quizás a la mayor envergadura de este último, el taxista sucumbiría ante Santiago Fernández, quien lo arrastraría desde el interior del vehículo durante varios metros. Antonio Verdura llevaría un golpe en la cabeza al golpearse contra el suelo en el momento en que era arrastrado por su verdugo que le hizo perder el conocimiento, aunque todavía se encontraba con vida, según detallaban los informes forenses que le fueron practicados.

Una vez inmovilizada su víctima, procedió a registrarle sus pertenencias, tanto el vehículo como sus ropas, hallando 810 de pesetas (4,87 euros) de las que se apoderaría de inmediato. Para evitar en lo posible ser descubierto, José Ramón Santiago arrojaría su cuerpo al mar, cuando todavía se encontraba con vida, pero con un traumatismo en la cabeza a consecuencia del golpe recibido al impactar su cabeza en el cemento. Su cuerpo aparecería boyando al día siguiente en las aguas del puerto coruñés.

El joven asesino del taxista también intentaría conducir el vehículo de Antonio Verdura, pero su impericia sería un factor determinante en su delación. El joven fue visto en la avenida Primo de Rivera de A Coruña tratando de hacer arrancar el coche, solicitando para ello la ayuda de un conocido industrial coruñés, quien le reconocería como el hombre que pretendía conducir el coche del taxista asesinado, pero se daba la paradoja de que, además de carecer del pertinente permiso, tampoco sabía manejar vehículos a motor. El taxi se le había calado y no era capaz de arrancarlo por lo que solicitaba ayuda para que se lo empujasen.

Detención

Después de realizar las pertinentes investigaciones, contando ya con un buen número de datos, en la jornada del 29 de marzo, casi dos semanas después del crimen, la Brigada de Investigación Criminal herculina se trasladaba a Muros, el municipio natal del asesino, para proceder a su detención. José Ramón Santiago se encontraba en la casa de sus padres y al día siguiente debía personarse en la Ayudantía de Marina de aquella localidad para incorporarse a filas al servicio militar.

En su declaración ante el juez, el joven alegó en su descargo que el día de autos no llegó a tiempo para tomar el último autobús de línea regular que cubría el trayecto entre la capital de la provincia y la localidad costera de la que era originario, por lo que requirió los servicios de un taxista. Negó que tuviese intención de asesinarlo y que su caída al mar había sido totalmente fortuita, fruto del forcejeo que mantuvieron. Además, señalaría que se había apoderado del vehículo del taxista para desplazarse hasta Muros. Sin embargo, los informes forenses jugaron en su contra, pues se constataba que el golpe en la cabeza recibido por la víctima se había producido con anterioridad a su caída al agua.

Seis meses más tarde se celebraría el juicio contra el autor del asesinato del taxista coruñés, un suceso que conmovió de sobremanera a la ciudad de A Coruña, que siempre se ha caracterizado por su gran tranquilidad. José Ramón Santiago sería condenado a 20 años de cárcel, acusado de un delito de asesinato con robo. Además, debía indemnizar a los familiares de la víctima con la cantidad de 75.000 pesetas(450 euros actuales).

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Un taxista de Santiago asesinado a puñaladas en Ordes (A Coruña)

Parada de taxis

A nadie se les escapa que la profesión de taxista es una de las más arriesgadas que han existido y existen. Los profesionales del volante se encuentran en muchas ocasiones con todo tipo de personas, algunas de las cuales dejan mucho que desear en cuanto a comportamiento personal. Galicia siempre ha sido uno de los lugares más tranquilos para ejercer tan digna profesión, aunque en más de una ocasión hubo que lamentar víctimas mortales. En casi todas ellas el consumo de estupefacientes estaba detrás de esos trágicos acontecimientos que consternaron de sobremanera a una sociedad, como la gallega, en la que muy rara vez suceden hechos sangrientos.

Una de esas ocasiones en las que se sobresaltó la esquina verde del noroeste peninsular por la fatal suerte de un taxista fue en la jornada del sábado, 20 de febrero de 1999, en la que José María García Corral, un profesional del taxi compostelano, de 55 años de edad, era literalmente cosido a puñaladas por uno de sus clientes, Manuel Antonio Prado Riveiro, un joven toxicómano de 25 años nacido en la localidad costera de Carnota, en el municipio de Ordes, que dista poco más de 25 kilómetros de la capital gallega.

Los hechos se iniciaron a medianoche del día de autos en la parada de taxis de la Praza Roxa compostelna, cuando el taxista fue requerido por un joven para que le llevase a Ordes, una localidad que es conocida por su marcha, aunque al parecer Prado Riveiro se dirigía a la misma con la finalidad de adquirir droga, porque se encontraba bajo los efectos del síndrome de abstinencia. El muchacho le ordenó a García Corral que tomase la calle de A Igrexa, muy mal iluminada y escasamente transitada. Era el lugar que había elegido el cliente para asaltar al taxista, libre de miradas indiscritas.

Doce puñaladas

El callejón, en el que prácticamente no había ninguna persona a esa hora de la noche, Manuel Antonio solicitó al conductor, un hombre de constitución fuerte, que le diese la recaudación que llevaba encima, después de amenazarle con un cuchillo de 20 centímetros que le había colocado a la altura del cuello. La negativa del taxista a las pretensiones del joven provocaron su enfurecida reacción propinándole al menos doce puñaladas que serían mortales de necesidad.

El agresor le asestó las asesinas cuchilladas en el vientre, tórax y cráneo, consiguiendo hacerse con un botín de unas 20.000 pesetas(120 euros actuales). En un principio llegó a ponerse en tela de juicio que el móvil del crimen fuese el robo, pues se encontraron algunas cantidades de dinero en los bolsillos de la víctima por parte del personal sanitario del Hospital Xeral de Galicia, a donde sería trasladado en estado muy grave. Llama poderosamente la atención que el taxista, que se encontraba herido de muerte, fuese capaz de salir del vehículo y dirigirse sangrando abundantemente hasta un bar localizado en las inmediaciones de la agresión alrededor de la una de la madrugada, donde ya cuando no podía más, terminaría por desplomarse. Desde allí, llamaron inmediatamente a las asistencias sanitarias para que fuese desplazado hasta el centro sanitario compostelano, donde fallecería al día siguiente como consecuencia de las heridas recibidas.

El agresor del taxista se entregaría voluntariamente a las autoridades en los días inmediatos al producirse el crimen, circunstancia esta que serviría de atenuante. En el transcurso del juicio celebrado en octubre del año 2001, Manuel Antonio Prado alegó en su descargo el hecho de que se encontrase bajo los efectos de las drogas en el momento de producirse el crimen, además de aducir que no conocía la localidad de Ordes, aunque en ella vivía una amiga suya. De la misma forma, el tribunal tuvo en cuenta la atenuante de arrepentimiento espontáneo, que sería una baza importante a la hora de imponerle una exigua pena.

El autor del asesinato sería condenado a una pena de tan solo siete años y seis meses de cárcel por el apuñalamiento del taxista y de un año y nueve meses por robo con violencia, saliendo definitivamente de prisión en mayo de 2008. Además, debería indemnizar a los familiares del conductor asesinado con 140.000 euros, aunque esta cantidad nunca la llegaría a satisfacer al ser declarado insolvente.

Embargo de bienes de los familiares del taxista

Los familiares de José María García Corral recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quien ratificó la sentencia a que había sido condenado el autor material del asesinato del taxista. No contentos con esta decisión, apelaron ante el Tribunal Supremo en un recurso de casación, que no sería admitida a trámite por el alto organismo judicial en el año 2005. Además, se les condenaba a las costas de este proceso, lo que debido a su alto coste provocaría el embargo de algunos bienes de los familiares del taxista asesinado tras llegar a un acuerdo entre las partes, si bien es cierto que esta decisión quedaría aplazada ya que a dos de las personas a las que se les reclamaba el pago, la madre y una hermana del taxista, habían fallecido en el transcurso de este último trámite.

Apenas unos meses después de abandonar la prisión, Manuel Antonio Prado Riveiro volvería a delinquir de forma muy grave. En esta ocasión, en compañía de una mujer asesinaría a una pareja en la localidad coruñesa de Betanzos, descuartizando incluso los cuerpos de sus víctimas. Posteriormente, sería condenado a la pena de 51 años de cárcel. Este nuevo crimen indignaría de sobremanera a la familia del taxista asesinado, debido al trato que ellos recibieron de las distintas instancias judiciales que, según ellos estimaban dejó bastante que desear. La matanza en la ciudad brigantina les vendría a dar moralmente la razón sobre la el asesinato de su familiar, aunque ya de poco servía y era demasiado tarde.

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Dos taxistas asesinados en Pontevedra en 1990

No cabe duda, y a las estadísticas nos remitimos, que la profesión de taxista es una de las más estresantes de todas, además de la de ser una que conlleva aparejado un mayor número de riesgos. En Nueva York, junto con la de policía, estaba considerada como una de las profesiones más peligrosas. Los profesionales del taxi tienen que codearse con todo tipo de clientela, independientemente que les guste o no a quien transportan a bordo de su automóvil. A ello se une que los conductores profesionales se ven obligados a trabajar con dinero en efectivo, aunque muchas veces sean cantidades más bien escasas. Por si fuese poco, se encuentran sometidos a una constante indefensión, que se manifiesta en la soledad del volante cuando han de hacerle frente a quienes traten de asaltarlo o simplemente pretendan hacerle algún daño.

El peligro constante al que se ven sometidos los taxistas alcanzó su cénit en Galicia en las Navidades del año 1990. En la última semana de aquel año murieron asesinados dos taxistas pontevedreses en apenas cuatro días. El primer crimen tuvo lugar el 27 de diciembre cuando la ciudad del Lérez, caracterizada por ser una urbe muy tranquila, se vio sobresaltada al enterarse de que un profesional del volante había muerto como consecuencia de sendos disparos en el corazón en la parroquia de Salcedo. Sus asesinos le llevaron a un área descampada para robarle la recaudación y, posteriormente, darle muerte. Se trataba de José Barcia Franco, un taxista de 54 años, que además era padre de una numerosa prole de siete hijos. Su vehículo apareció revuelto en lo que parecía una denodada búsqueda de un escaso botín. Al parecer, el conductor intentó hacer frente a sus atracadores para evitar que le robasen la recaudación.

Este crimen movilizó a todos los profesionales del taxi de Pontevedra, además de a toda la sociedad pontevedresa que no estaba acostumbrada, ni por asomo, a sucesos de este tipo. Los 92 taxistas que entonces ejercían en A Boa Vila llevaron a cabo un paro general en señal de protesta por este acontecimiento de inseguridad ciudadana. Además, todos ellos lucían crespones negros en sus vehículos en señal de luto por el compañero vilmente asesinado. Se entrevistaron con distintas autoridades de la época, entre ellas el alcalde de la ciudad, José Rivas Fontán, así como con el entonces secretario general del Gobierno en Pontevedra, Manuel Exquieta. Un profundo clima de temor e inseguridad se apoderó de la ciudad, pero principalmente de uno de los principales sectores dedicados al transporte de viajeros, acostumbrado a robos y asaltos, pero que hasta ese momento no había sufrido muertes violentas como la que acababa de acontecer.

Segundo taxista asesinado

Cuando todavía se vivían momentos de dolor, rabia y ansiedad por el asesinato de José Barcia y ni siquiera había dado tiempo a superar el crimen, otro taxista de la ciudad del Lérez era brutalmente asesinado en una pista que lleva a la pequeña localidad de Birrete, que se encuentra a escasamente 300 metros de donde tiene su sede la Brigada Ligera Aerotransportable (BRILAT). Allí caía tirado en una acera en un gran charco de sangre el último día del año 1990 Celestino Carballo González, un taxista de 55 años de edad, a consecuencia de las puñaladas que le había propinado su agresor Joaquín Pereira Mou, un joven de 18 años vecino de Marín. Al parecer, la muerte le sobrevino cuando el muchacho le pretendió arrebatar la escasa recaudación que portaba, apenas 600 pesetas (3,60 euros actuales), ya que además era a primeras horas de la mañana. Tras asestarle la mortal puñalada el joven huyó del lugar aunque sería visto por otras personas que en ese momento transitaban por el lugar. Algunas crónicas añaden que en el momento de apuñalar a su víctima parece ser que le dijo «cabrón, encima no tienes cambio, hijo puta». El taxista fallecido dejaba esposa y dos hijas, una de las cuáles se encontraba todavía estudiando. Además, para tratar de desviar la atención de los viandantes, les preguntó por una cabina telefónica. El joven sería detenido por la policía el 8 de enero de 1991, confesándose autor del crimen que le había costado la vida al taxista. Hasta ese momento, no constaba que tuviese antecedentes penales.

Además de la consabida consternación y el dolor que todavía embargaba a la ciudad del Lérez desde el primer crimen, ahora se sumía en una desolación y caos, a los que se unía una especie de zozobra e impotencia por dos hechos acaecidos en tan poco tiempo que resultaban poco menos que inexplicables. Nadie sabía a que atenerse en los primeros días del año que comenzaba. A la sensación de dolor y consternación, parecía que toda Pontevedra se sumergía en una impotencia generalizada a causa de dos execrables crímenes que carecían de cualquier precedente y mucho menos de explicación.

Este segundo asesinato provocó una movilización masiva de todo el gremio de taxistas de toda Galicia, a los que se sumaban de una manera muy especial los de Pontevedra. Los profesionales del sector solicitaban, ante todo, mayores medidas de seguridad a las autoridades, demanda que era completamente compresible a tenor de los hechos acaecidos en los últimos días del año 1990.

Insolvente

Los autores de ambos crímenes serían detenidos y condenados. En el caso del joven de Marín, Joaquín Pereira Mou, sería condenado a 27 años de prisión, si bien es cierto que saldría de la cárcel mucho antes debido a la aplicación de medidas de gracia, derivadas de su buen comportamiento. Además, también fue condenado al pago de diez millones de pesetas(60.000 euros actuales) a la esposa e hijos de la víctima. Sin embargo, estos tan solo percibirían la mísera cantidad de medio millón de pesetas(3.000 euros actuales) por parte del Estado, ya que el joven fue declarado insolvente.

Con motivo de cumplirse el vigésimoquinto aniversario de aquellos espantosos asesinatos que sacudieron a la siempre pacífica Boa Vila, una de las hijas de Celestino Carballo, Julia, declaraba a DIARIO DE PONTEVEDRA que sufría algunas secuelas psicológicas derivadas del asesinato de su padre y su compañero. Recordaba el momento de tensión en el transcurso del juicio en el que el joven trataba de excusarse alegando que había caído sobre el cuchillo, lo que provocó la muerte del taxista. Se quejaba también del escaso castigo que había recibido Joaquín Pereira quien, además, según su testimonio, había estado trabajando sin estar dado de alta en la Seguridad Social por lo que la familia no pudo actuar en su contra.

Julia Carballo manifestaba también el horror que le producía la contemplación de un taxi. Desde la muerte de su padre no volvió a subirse a otro vehículo. La familia vendió la parada de su progenitor para tratar de pasar página de tan horrible suceso que les ha marcado constantemente la vida desde aquellas sangrientas Navidades de 1990. Además, volvía a incidir en la carencia de medidas de seguridad en las que seguían instalados estos vehículos de transporte de viajeros, ya que muchos de ellos ni siquiera tienen instaladas mamparas que separen al conductor de los clientes que transporte en su parte posterior.

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