Encapuchados asesinan a un sargento en Xinzo de Limia

Corría la primavera de 1988 y los asaltos por parte de encapuchados a viviendas y propiedades del área rural gallega estaba siendo muy frecuente, cobrándose incluso algunas víctimas mortales. Los asaltantes buscaban casas aisladas y, preferiblemente, habitadas por personas mayores, a fin de no hallar resistencia. En aquel entonces se hizo tristemente célebre una banda conocida como la de los encapuchados, que operaba principalmente por el sur de Lugo y las extensas áreas rurales de Ourense. Era muy frecuente que cada semana los distintos medios de comunicación de la época se hiciesen eco de distintos asaltos a domicilios, llegando incluso a generarse una ola de temor entre los residentes del amplio mundo rural gallego, que había comenzado ya su lento, pero imparable declive.

Uno de los sucesos que más profundamente consternaría a la sociedad gallega de entonces fue el atraco a un bar en la localidad de Xinzo de Limia, que se saldaría con el asesinato del sargento de la Guardia Civil, José Rodríguez Álvarez, cuando intentaba detener a los ladrones, después de que un vecino de la zona, la calle Francisco Macías, diese aviso a la Benemérita de la presencia en un local de hostelería de tres hombres encapuchados que habían llegado a bordo de un vehículo matrícula de Ourense, modelo Talbot Solara.

El trágico acontecimiento ocurrió a medianoche del 10 de marzo de 1988. Un vecino de la referida vía avisó a los agentes del puesto de la Guardia Civil que había visto descender de un vehículo a tres hombres que se colocaban unas capuchas para asaltar el bar «Seyma». Inmediatamente se presentó en el lugar de los hechos el sargento José Rodríguez, armado pero con ropa de paisano. Quizás no reparase en que los asaltantes del local también iban armados con sendas pistolas y solamente se percató de la presencia de dos de los tres delincuentes. Además, no dudaron en ningún momento en enfrentarse al agente realizando un intercambio de disparos, mientras registraban las diversas dependencias del establecimiento en busca de dinero y objetos de valor.

A sangre fría

Un tercer asaltante, que estaba fuera del campo de visión del sargento, fue escabulléndose hasta la puerta trasera del local, hasta poder salir a la calle. Una vez fuera del establecimiento, no dudó en acercarse por la espalda del agente de la guardia civil y descerrajarle de un tiro en la nuca, cayendo mortalmente herido. De inmediato, se acercaron hasta el lugar de los hechos una patrulla de la Benemérita con la intención de apresar al asesino del sargento. Sin embargo, los ladrones huyeron con un botín de 45.000 pesetas(270 euros actuales) y un equipo de música y sonido valorado en 40.000 pesetas(240 euros actuales). Se dieron a la fuga en el vehículo que habían empleado para perpetrar el asalto, que previamente lo habían sustraído en la capital de la provincia.

El sargento, que estaba casado y era padre de dos hijos de 21 y once años respectivamente, sería inmediatamente evacuado a un centro hospitalario donde ya ingresaría cadáver, debido a la gravedad de las heridas que presentaba. A la banda que había asaltado este local de hostelería se le relacionaba con otro suceso similar ocurrido en la localidad lucense de Chantada, donde habían sustraído la cantidad de 68.000 pesetas(408 euros actuales).

Días después eran detenidos los tres autores del trágico asalto al bar de A Limia. El cabecilla de la banda y presunto autor del disparo que acabó con la vida del sargento, José Antonio G.N. era ya un viejo conocido de las fuerzas de seguridad del estado pues, con tan solo 23 años que contaba en aquel entonces, acumulaba un amplio historial delictivo que se remontaba al año 1986. Desde esa época hasta su detención había participado en numerosos asaltos a diversos establecimientos de toda la provincia de Ourense. Sería condenado a la pena de 20 años de cárcel por un delito de asesinato, robo con muerte dolosa, según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, de diciembre de 1988.

Obtendría el tercer grado penitenciario en el año 2000 y a finales del 2001 saldaría definitivamente sus cuentas con la justicia, todo ello gracias a una controvertida decisión judicial que contradecía así los consejos de la junta de tratamiento de la prisión provincial ourensana, quienes consideraban al asesino del sargento de Xinzo como una «persona conflictiva».

A diferencia de lo que aconteció con sus dos compañeros de correrías, su nombre seguiría siendo muy familiar en los juzgados, viéndose involucrado en distintos sucesos, tales como nuevos delitos contra la propiedad, tráfico de estupefacientes y nuevas amenazas a los agentes de la Guardia Civil, con quienes protagonizaría un altercado en el año 2002, advirtiéndoles que «ya maté a uno. Si hace falta mato a otro». Esta expresión, atribuida al asesino del mando de la Benemérita en Xinzo de Limia, define a la perfección ante que personaje se encontraban.

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Cuatro muertos en una reyerta en un poblado de Xinzo de Limia

La segunda mitad de la década de los ochenta Galicia contaba ya con unas consolidadas instituciones autonómicas, aunque el Gobierno gallego de la época estuviese sometido a constantes y feroces turbulencias derivadas de una exacerbada ansia de poder de unos y otros. Aquel verano de 1987 sería pródigo en constantes acontecimientos políticos y sociales. El panorama político gallego se encontraba demasiado revuelto, merced a la presentación de una moción de censura que presentaba el grupo socialista, apoyado por los restantes partidos de la cámara, además de un grupo de parlamentarios que abandonaban la disciplina del partido de Fernández Albor para apoyar al candidato socialista a la Xunta de Galicia, Fernando González Laxe.

En medio de aquel enmarañado y encrespado ambiente político, la vida de los gallegos continuaba su tranquilo deambular. A veces con noticias que jamás les hubiese gustado recibir a los gallegos de entonces, tales como una masacre que tenía lugar en un poblado habitado por personas de etnia gitana en la localidad ourensá de Xinzo de Limia. Hasta cuatro personas perderían la vida en una reyerta en la que participarían prácticamente todos los miembros de dos clanes gitanos en la tarde del 20 de agosto de 1987. Una cuestión trivial desató una gran tragedia en la que resultarían heridas de diversa consideración hasta un total de 20 personas, cuatro de ellas de gravedad.

Un caballo

Al parecer el motivo de la disputa que desataría el cruel suceso fue el supuesto robo de un caballo por parte del clan gitano de Verín a los de Xinzo de Limia, quienes en la mañana del día de autos presentaron una denuncia en los juzgados de Ourense. Dado que el honor y la honradez son conceptos sobrevalorados hasta límites extremos entre las personas que componen los distintos clanes de etnia gitana, el suceso alcanzaría dimensiones dramáticas. Los miembros del clan verinés al enterarse de que sus colegas de Xinzo, con quienes estaban unidos por lazos de sangre, habían presentado una denuncia acusándoles de ser los autores del hurto del caballo, se dirigieron hasta el campamento de Cerdeira para defender su honor, que consideraban mancillado por aquella denuncia. Sin embargo, había algunas fuentes que indicaban que el enfrentamiento se podría haber originado a consecuencia de la lucha por el liderazgo en el clan de Xinzo que venía ejerciendo una anciana María Josefa Montoya Barja.

En la reyerta se utilizaron armas de fuego, entre ellas escopetas de caza y también distintas armas blancas, con las que resultarían heridos de gravedad algunas de las personas que intervinieron en la riña multitudinaria. Como consecuencia de la misma, fallecerían tres hermanos Francisco Javier, Manuel y José Suárez Montoya, que contaban en aquel entonces con 32, 34 y 54 años respectivamente. Asimismo, también perecería en el mismo suceso un yerno del mayor de los tres anteriores Adolfo Suárez Jiménez, que contaba con 30 años de edad. Dos de los fallecidos pertenecían al campamento de Verín, en tanto que los otros dos, en los que estaban suegro y yerno, pertenecían al de Xinzo, dónde ocurrieron los hechos.

Además de tener que lamentar la muerte de cuatro personas, hubo que lamentar las gravísimas heridas que presentaban otras cuatro, quienes serían trasladados a centros sanitarios de la capital ourensá. Entre ellos figuraba la madre de dos de las víctimas María Josefa Montoya Barja, además de otros dos hijos suyos, Santiago Suárez Montoya e Inocencio Suárez Montoya. Uno de los lesionados, Emilio Suárez Romero, a quien acusaban de haber provocado el altercado que provocó la tragedia, se encontraba en estado muy grave por lo que la policía no pudo presentar declaración. Al parecer, su presencia en el campamento de Cerdeira fue lo que contribuyó a encrespar los ánimos de los allí residentes, puesto que era a él a quien acusaban de haber robado el caballo. Curiosamente, el animal que desató el sangriento litigio no pertenecía a ninguna de las dos familias implicadas en el mismo, ya que era propiedad de otra asentada en el campamento de Lobeira.

Hermetismo e impunidad

Pese al gran esfuerzo realizado por agentes de la guardia civil, no consiguieron que declarase ninguno de los miembros de los dos clanes involucrados en la riña tumultuaria, además de mostrarse remisos a facilitarles cualquier dato a los miembros de la benemérita sobre la misma. En sus declaraciones a medios de comunicación manifestaban que ellos sabían perfectamente que solución se iba a tomar, apelando a la autoridad que ejercían los líderes de los respectivos clanes sobre las comunidades de etnia gitanas allí asentadas.

Debido a la magnitud del suceso, así como a las repercusiones que pudiera tener en otros grupos de la misma etnia, la guardia civil multiplicaría sus efectivos a fin de evitar que se sucediesen nuevos incidentes. Entre los miembros de uno y otro clan se hacían encendidos llamamientos a la venganza sobre sus respectivos adversarios. «Quien mata tiene que morir» era la máxima que se escuchaba aquellos días a los componentes de los clanes enfrentados entre si. De la misma forma, ninguno de los heridos que se encontraban ingresados en distintos centros hospitalarios de la ciudad de Ourense facilitó dato alguno acerca de los sangrientos incidentes a las fuerzas del orden, aduciendo que se trataba de un asunto interno que deberían solventar los propios miembros la comunidad afectada. Unos y otros recibirían el explícito apoyo de otras personas con las que se encontraban emparentados y que procedían de distintos puntos de Galicia y Asturias, lo que hacía suponer a las fuerzas del orden que se recrudecerían los enfrentamientos en aquellas fechas.

Finalmente, la intervención del jefe de los gitanos gallegos Manuel Barja acabaría por tranquilizar los exaltados ánimos de unos y otros, consiguiendo por lo menos que no se reprodujesen nuevos altercados a la hora de los entierros de las víctimas. Para evitar que la tensión subiese todavía más, se tomó la decisión de dar sepultura a dos de los fallecidos en la localidad ourensá de Verín, en tanto que los restos mortales de los otros dos serían trasladados hasta Oviedo.

Curiosamente, una vez más, debido al hermetismo imperante y a una concepción completamente distinta de la ley y los hechos delictivos, no se tienen datos de detenciones ni tampoco mayores detalles acerca de como sucedieron aquellos trágicos acontecimientos, que quedarían circunscritos únicamente a la propia comunidad de etnia gitana, encargada de resolverlos como si fuese un ente autónomo y separado del resto de la sociedad en la que se integra.

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